Las elecciones generales de hace un año vinieron acompañadas de expectativas de cambio. Sin embargo, en este período de tiempo, ambos poderes del Estado han vuelto a defraudar a la ciudadanía. El Ejecutivo muestra incapacidad para ejercer sus funciones de gobierno, vive en una crisis interna permanente, no tiene orientación política clara y está presuntamente vinculado a casos de corrupción en la más alta cúpula del poder. El Legislativo, por su lado, se ha mostrado hostil a trabajar con los diferentes poderes del Estado; en vez de ello, se ha enfocado en legislar en contra de políticas públicas orientadas al bien común y a favor de intereses particulares. Sus discursos están plagados de discriminación, racismo, misoginia y conservadurismo. Además, mantienen una amenaza constante de utilizar mecanismos extremos de control para capturar el poder. El país se encuentra detenido.

Es por ello que, como colectivo, consideramos necesario que tanto el Ejecutivo como el Legislativo den un paso al costado, dando lugar a un proceso de transición para nuevas elecciones que permitan la recomposición de los poderes del Estado bajo un compromiso de gobernabilidad y una reforma política que eleve los estándares de elección. A pesar del agotamiento que sentimos como población tras décadas de decepciones políticas, es necesario mantener en el debate público temas importantes, los cuales consideramos crucial no perder de vista y seguir fortaleciéndolos en favor de un país más justo para todxs. 

Mujer y diversidades

En el 2022, se han reportado más de 2000 casos de violación sexual a menores de edad, así como más de 500 casos de nacimientos por madres de 14 años a menos. El proyecto de ley 1520, titulado “proyecto de ley que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, el niño por nacer y de su entorno familiar”, pretende darle la misma categoría de protección jurídica al concebido que a la gestante. Con ello, en casos de conflicto entre derechos, le darían prioridad al concebido, y las niñas víctimas de abuso sexual no podrían recurrir a un aborto terapéutico, pese a que las menores de edad podrían morir. Congresistas como Adriana Tudela o Nano Guerra defendieron la medida llegando a decir que era una oportunidad para las “niñas que desean ser madres”, demostrando la más absoluta frialdad y poca empatía con el problema.

En el Congreso, la educación sexual y el enfoque de género han sido vetados por grupos parlamentarios conservadores impulsando discursos retrógradas. Aprobaron poner en manos de movimientos ultraconservadores como Con Mis Hijos No Te Metas los textos escolares producidos por el MINEDU, para que puedan censurar los temas que ellos consideren, así como sancionar a docentes si es que no se alinean con el conservadurismo que ellos defienden. El presidente Pedro Castillo no observó la ley pese a las alertas de distintas organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y especialistas en educación. Se planteó el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia, reduciendo el papel de la mujer a un papel exclusivamente familiar. El acoso, la violencia psicológica, la violencia sexual, secuestros y trata de personas, de las que mayoritarimente las mujeres son víctimas (CHS Alternativo, 2017), son factores totalmente ignorados al tomar ese tipo de decisiones. Las mujeres habitantes de zonas rurales registran mayores índices de violencia familiar, tanto física como psicológica (ENDES 2017). Las políticas de estado tomadas al respecto son insuficientes. En un país que no reconoce la desigualdad social, política y económica que existe en contra de las mujeres, las medidas que restringen la libertad de las mismas no sólo invisibilizan el problema estructural y cultural que existe, sino que lo hacen permanente. 

Agricultura

La pequeña agricultura familiar provee la mayor cantidad y variedad de alimentos que se consumen en el país. Además, representa el 83% de la fuerza laboral agraria y 30% de la fuerza laboral rural. Pese a ello, subsisten en una elevada pobreza (40%) e informalidad (99%). Ante ello, hace un año, el gobierno prometió reformas que impulsarían su inclusión social y financiera, su modernización tecnológica, su integración con mercados locales e internacionales, así como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Un año después, los avances han sido simbólicos y mínimos. A la fecha, solo ha iniciado obras pequeñas sin mayores implicancias. Además, los avances normativos no han considerado adecuadamente a los gobiernos regionales y locales ni a los gremios agrarios. En tanto, según la FAO, 16,6 millones de peruanos (51% del total) enfrentan desafíos para acceder a nutrición suficiente de manera sostenible. A ello se le suma la actual crisis alimentaria global, donde la escasez de fertilizantes y el encarecimiento de los alimentos han generado legítimas protestas sociales. El retraso del proceso de compra de fertilizante nitrogenado urea no asegura su distribución rápida y oportuna frente a la campaña agrícola 2022- 2023, la cual se inicia en agosto del presente año. La respuesta del gobierno ha sido decepcionante. Primero, exoneró de IGV a ciertos productos de la canasta básica que, sin embargo, por la estructura informal de la economía, ayuda muy poco a los más vulnerables. Segundo, ha otorgado el apoyo temporal del bono Wanuchay (S/ 350), que es notoriamente insuficiente y desconoce la estructura de los hogares rurales y la persistencia de la crisis. Y tercero, le cuesta gestionar compras de fertilizantes de manera oportuna para la campaña agrícola 2022-2023.

Urge priorizar la agricultura incrementando su productividad y sostenibilidad, lo que derivará en la revalorización del patrimonio de los agricultores y en el incremento de sus ingresos. Para ello, la política agraria debe orientarse a expandir la provisión de bienes y servicios públicos en zonas rurales, especialmente los vinculados a la conectividad con tal de viabilizar la mejora tecnológica del sector. Ello requerirá impulsar grandes inversiones, para lo cual el sector privado puede ser un aliado clave mediante Asociaciones Público-Privadas. También urge diseñar estrategias que faciliten el acceso a financiamiento económico y oportuno para las campañas agrarias. Para que las estrategias implementadas sean más efectivas, es fundamental que sean realizadas en continua consulta y coordinación con los gremios agrarios, las cooperativas agrarias, los productores agropecuarios varones y mujeres; así como con los gobiernos regionales y locales. 

Pese a ser la gran proveedora de alimentos del Perú, y a representar buena parte de la fuerza laboral agraria y rural, la pequeña agricultura familiar aún subsiste en alta pobreza e informalidad. El gobierno de Castillo prometió reformas para el sector agrícola en aspectos como el comercial, social y financiero, para hacer de este un sector moderno y tecnológico. El balance de avances es mínimo, y las medidas son insuficientes para enfrentar la emergencia alimentaria y la escasez de fertilizantes que se avecina. Se necesitan acciones para lograr una agricultura productiva, sostenible, y que cree condiciones sociales más justas para los  agricultores/as y sus familias.

Educación

El sistema educativo en el Perú tiene profundas grietas estructurales desde hace décadas que no permiten garantizar el derecho a una educación de calidad y el desarrollo integral de las y los ciudadanos de nuestro país. Los gobiernos de turno no han adoptado las medidas necesarias para revertir esta situación. El presupuesto para el sector sigue siendo insuficiente, la carrera pública magisterial no logra revalorizar aún el trabajo de nuestros docentes, los resultados de aprendizaje no crecen de forma constante, las políticas meritocráticas benefician a muy pocos, la enseñanza sigue siendo memorística y homogeneizante. El sistema no está articulado en sus distintos niveles y, luego de la liberalización del mercado educativo, la calidad es muy heterogénea tanto en las instituciones públicas como en las privadas. En suma, tenemos un sistema educativo desigual.

Es importante reconocer que en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes – aunque poco articulados – para mejorar este sistema. Sin embargo, el gobierno de Pedro Castillo no ha mostrado el interés por fortalecer y articular estas políticas. Su gobierno no ha dado muestras de tener un plan para el sector educación y, en cambio, se ha mostrado permisivo frente a los embates de quiénes buscan retroceder en lo avanzado. Como colectivo soñamos con un sistema educativo articulado en todos sus niveles: básico, superior, técnico y superior universitario, con autonomía en sus instancias de decisión pero con participación del Estado en la supervisión y rectoría de las políticas educativas nacionales que busquen el bienestar de todos los actores que forman parte del sistema. Sin fines de lucro, que evite que la obtención de utilidades sea el objetivo principal de las instituciones educativas, y estas tengan como propósito, en cambio, garantizar el derecho a una buena educación. Que no reproduzca las estructuras de discriminiación históricas contra las mujeres, las diversidades y población en situación de vulnerabilidad. Que incorpore en su sistema medular el enfoque de género, la no dicriminación y la educación sexual integral. Consideramos indispensable defender, pero también profundizar la reforma universitaria en curso y extenderla a todos los niveles educativos. La mejora integral de nuestro sistema educativo es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. 

Medio ambiente

Ya son más de 5 décadas de la explotación petrolera en el Perú y el impacto en los territorios a nivel nacional es muy trágico. Sólo desde 1997 hasta el 2021 se han reportado más de 1000 derrames en la Costa y en la Amazonía , la gran mayoría por corrosión, fallas operativas y de mantenimiento, responsabilidad de las empresas operadoras privadas y del Estado. A ello se suman los más de 3000 pasivos por hidrocarburos que no son atendidos por el Estado. Las actividades ilícitas se han intensificado a lo largo de los años y, con ello, las amenazas y ataques contra la integridad y vida de los líderes indígenas Awajún y Wampís, quienes tras verse obligados a enfrentar a los mineros y taladores ilegales en ausencia del Estado, vienen sufriendo amenazas y ataques. Se requiere que el gobierno destine un presupuesto suficiente para combatir estas actividades ilícitas, priorizando las regiones más impactadas, como Amazonas y Madre de Dios, además de cautelar la protección de las personas afectadas, y una política de reparación para las víctimas.

El Acuerdo de Escazú fue suscrito por 24 países y ya ha sido ratificado por 13 naciones, y Perú no es uno de ellos. El reciente archivamiento –aunque definitivo en esta legislatura– no ha terminado de cerrar los candados hacia la ratificación porque existen argumentos poderosos a favor del acuerdo. Pese a que el Congreso de la República ha utilizado una estrategia mediocre para desviar el debate, convirtiendo una oportunidad en temor, bajo un discurso del miedo sin un análisis objetivo, exhaustivo e imparcial, aunque los mitos y argumentos imprecisos y falsos han generado demasiadas dudas en los gobernadores regionales e incluso en las nuevas autoridades del Ejecutivo que debieron asumir un rol más activo y garante. 

Desde Es Momento reafirmamos nuestro compromiso para hacer incidencia para que se retome la adhesión a este tratado, cuya importancia radica en el impulso a derechos como el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente. A la vez que denunciamos las malas intenciones de algunos actores políticos, gremios empresariales entre otros que pretenden lucrar a costa de manipulación del discurso, pese a que la evidencia cultural y científica indica que no solo nuestro país, sino el mundo entero se encuentra en emergencia climática y nuestros líderes ambientales, bajo amenaza.

Anticorrupción

El Estado tiene la obligación, conforme a las convenciones internacionales, de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de forma eficaz la corrupción, así como promover la transparencia e integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Es fundamental garantizar la idoneidad, entendida esta como una aptitud técnica, legal y moral en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios/as directivos/as y servidores/as públicos/as, especialmente a los de libre designación y remoción. Hay una necesidad imperiosa de promover la participación de la sociedad para prevenir y combatir la corrupción, puesto que atenta la gobernanza, el desarrollo sostenible, la democracia y las prácticas corporativas justas.

Como colectivo, concluimos que la falta de transparencia y rendición de cuentas están mellando la gestión pública y, con ello, la calidad de la respuesta del Estado a nuestros problemas como sociedad. La elección de Ministros y Viceministros debe encontrarse basada en criterios de experiencia, capacidad técnica y, sobre todo, probidad, antes que en el amiguismo partidario y el pago de favores. El poder político está para convocar consensos y atender los grandes desafíos del país, no para obstruir investigaciones judiciales.

Gobernabilidad y actores políticos

Desde Es Momento, consideramos que el ciudadano es miembro de la comunidad política, con derechos y obligaciones. Sin embargo, hemos sido relegados en el ámbito político, sin mayores opciones para intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos, decisiones de gobierno y proponer reformas. Los actuales actores políticos son débiles y corruptos, estos han convertido a la política en un espacio de disputa de intereses privados, ya que carecen de proyecto político e interés por la ciudadanía, mellando además la poca institucionalidad construida. Han obviando sus promesas y compromisos de épocas electorales para servirse a sí mismos y a intereses particulares en lugar de buscar el bien común para la sociedad.

Es por ello que se requiere una reforma política y recomposición del sistema con el respaldo y legitimidad de la ciudadanía. Esto no debe limitarse al trabajo tecnocrático, sino buscar apoyo en las bases ciudadanas, problematizando lo necesario y haciendo énfasis en que una política mejor diseñada conviene a todas y todos los miembros de la sociedad. Hacemos un llamado a la democratización de las fuerzas políticas ya existentes (partidos de todo espectro) y la creación de espacios de participación ciudadana. Urge priorizar la participación activa de la ciudadanía como contrapeso a los gobiernos y como pieza fundamental de construcción de una democracia representativa y auténtica.

Imagen: Intervención digital por rauraq.sonqo desde la fotografía de Jero González, y editada por Fernando Reátegui.