Licenciada en Economía por la PUCP. Fue becaria del programa de desarrollo sostenible y desigualdades en la región andina Trandes de la Universidad Libre de Berlín. Candidata a Magister en Desarrollo Humano en PUCP. Es activista ecologista en los colectivos Viernes por el Futuro y Ecorazonar.

Entrevista: Gianluca Fiorini

1.- ¿Cómo describirías el accionar del Estado frente al desastre ecológico ocasionado por Repsol en enero de este año? ¿Este accionar responde a una falta de voluntad o a impedimentos normativos para actuar y sancionar?  

Por mucho tiempo en el Perú se ha permitido que las empresas privadas realicen actividades sin tomarse en serio el impacto ambiental que puedan generar sobre los ecosistemas en los que operan. Es posible identificar, en las últimas décadas, políticas públicas destinadas a promover mecanismos de inversión que desestimen los impactos ambientales. Un claro ejemplo de ello es la Ley 30230, promovida en el año 2014, bajo la cual se suspendió la capacidad sancionadora del OEFA por tres años y se redujeron sus capacidades fiscalizadoras y sancionadoras. Ese año se perdonaron multas ambientales millonarias, generando un incentivo negativo. La propia OEFA ha documentado que luego de la promulgación de la ley, el incumplimiento se incrementó.  

Esa permisividad nos ha llevado al escenario actual. Tenemos por un lado a  REPSOL informando de forma tardía y poco veraz respecto a la magnitud del derrame negando su responsabilidad. Y por otro lado, un Estado débil sin capacidad institucional para liderar de forma ordenada el proceso de remediación del ecosistema afectado.  

2.- ¿Qué cambios estructurales se pueden hacer para evitar catástrofes ambientales como la que hemos presenciado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética? ¿Cómo se pueden ir dando estos cambios en el corto, mediano y largo plazo? 

Los cambios estructurales no ocurren de forma inmediata pero deben tener un punto de partida. La economía y el ambiente están totalmente interrelacionados. Las actividades económicas que se realizan tienen “externalidades” que pueden afectar positiva o negativamente a los ecosistemas en los que operan. Las empresas deben recibir señales claras de que si esas externalidades son negativas y generan afectaciones en nuestra biodiversidad y nuestras vidas, van a ser sancionadas con severidad. Sino se genera una sensación de impunidad. Para ello, las instituciones encargadas de ejercer la rectoría de la regulación ambiental como la OEFA deben ser fortalecidas. 

Otra discusión que se abre a partir del derrame de petróleo en el mar es la dependencia de nuestro país hacia energías fósiles. El Perú tiene un compromiso ante Naciones Unidas de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050, es decir, lograr que nuestras emisiones contaminantes sean iguales a cero. Para eso tenemos que cambiar nuestra matriz energética de forma progresiva hacia una en la que solo usemos energías renovables y sostenibles. 

En la actualidad, la matriz energética del Perú está conformada en un 40% por gas natural y un 38% en petróleo según OLADE (2018). Nuestras autoridades tienen que asumir el reto de trazar rutas claras para caminar hacia una transición energética. Esa es también una gran oportunidad para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo. Ya que caminar hacia el uso de energías limpias requiere inversión pública y privada en desarrollo de tecnología e infraestructura.

3.- Distintos congresos se han negado a ratificar el Acuerdo de Escazú, ¿qué efectos hubiese tenido dicho Acuerdo sobre el desastre ambiental de Repsol, así como también sobre otros desastres ambientales que ocurren en regiones como la Amazonía? ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía para impulsar la ratificación de dicho acuerdo a pesar de la negativa de diversos poderes?      

El Acuerdo de Escazú nos permite alcanzar un piso mínimo en derechos ambientales para el acceso a información, participación pública y justicia. Lamentablemente, este derrame no es un caso aislado, han habido más de 400 derrames de petróleo en la Amazonía que estuvieron incluso mucho más desatendidos que el derrame actual. De haber aprobado el Acuerdo de Escazú estaríamos construyendo  una institucionalidad ambiental más preparada y con más transparencia que permita la vigilancia constante de la ciudadanía. 

La correlación de fuerzas del congreso actual parece estar en contra del Acuerdo de Escazú. Creo que hay mucha desinformación y prejuicios en algunos representantes políticos. No promover la ratificación del Acuerdo de Escazú es darle la espalda a los y las defensoras ambientales que han perdido la vida en sus luchas por la defensa de sus territorios en las distintas regiones de nuestro país. Muchos de ellos fueron miembros de comunidades indígenas. La principal causa de conflictos en nuestro país son las disputas por el ambiente y los territorios, esta es una agenda que desde el Congreso de la República no puede seguir desatendida.