Micaela Bazalar es Presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, estudiante de Sociología, militante y ex Subsecretaria General de Coherencia Universitaria, y miembro del colectivo La Educación Se Respeta.
Entrevista: Gianluca Fiorini
1.- ¿Qué tanto se ha avanzado en consolidar una articulación estudiantil con injerencia en la agenda pública? ¿Cuáles son los retos pendientes para la organización estudiantil?
En definitiva, hemos visto avances importantes. En la coyuntura actual, por ejemplo, somos varios gremios y colectivos comiéndonos el pleito en defensa de la reforma universitaria. En las últimas semanas, también, hemos venido buscando espacios para exigir la ampliación del bachillerato automático y pudimos hacernos parte del debate a nivel nacional tomando una postura clara respecto a este tema. Es crucial que como estudiantes tengamos cada vez más injerencia en la agenda pública, sobre todo planteando nuestros propios puntos y llevando demandas que respondan a nuestras realidades. Todos los avances en materia de educación, o en cualquier otro ámbito que nos involucre, deben siempre llevar nuestras voces. La organización interna en la comunidad estudiantil dentro de cada universidad es crucial para poder conocer nuestros puntos de vista y nuestras exigencias, y es nuestra labor como representantes dar seguimiento y pelear hasta las últimas instancias para que estas se hagan realidad.
En cuanto a los retos pendientes, definitivamente creo que la articulación siempre es algo que no se puede dar por sentado, y eso viene también de buscar reformas más profundas para lograr un movimiento estudiantil organizado a un nivel mucho mayor. Hasta el día de hoy siguen existiendo universidades, como la UPC, donde la actividad política a nivel gremial no está permitida. Mientras sigan existiendo instituciones que prohiben, censuran, condicionan y sancionan a los/as estudiantes que buscan construir una mejor universidad e ir más allá de las limitaciones de la voluntad de sus autoridades, no podremos hablar de un movimiento estudiantil organizado al 100%, que garantice que todas las voces están siendo escuchadas y representadas en el debate público.
2.- El día lunes fue promulgada la ley que busca extender el bachillerato automático hasta el año 2023, ¿qué significará esto para los estudiantes en el contexto de la pandemia? ¿Qué habría que decir a quienes señalan que esta medida atenta contra la calidad de la educación universitaria?
El bachillerato automático es una medida de emergencia, que responde a un escenario que es completamente distinto a lo que conocíamos hasta hace dos años por la pandemia. Como dicen, tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Muchos y muchas estudiantes están enfrentando circunstancias que presentan nuevas exigencias, y que han obligado a muchas personas a reordenar sus prioridades. El trabajo de investigación, si bien representa una carga académica mucho menor que la de una tesis, sigue siendo un peso extra para estudiantes que tienen obligaciones como aportar económicamente en el hogar, cuidar de familiares enfermos, entre otras.
Por otro lado, entiendo el argumento de quienes están preocupados por la calidad educativa, especialmente porque es algo frente a lo que, como representante y estudiante, me he mantenido vigilante junto al resto de mi Mesa Directiva. Es cierto que el trabajo exigido para obtener el grado de bachiller tiene el fin de fortalecer competencias de investigación que son cruciales en todo/a estudiante; sin embargo, estas expectativas no deberían recaer únicamente en dicho trabajo. El entrenamiento en redacción, investigación académica, y otros, son aspectos que pueden -y deben- ser fortalecidos desde las mallas curriculares y otros medios a lo largo de la carrera. Por ello, la postura que tomamos como Federación y junto a gremios de más universidades públicas y privadas frente a la demanda del bachillerato automático fue que esto no puede venir solo, sino que debe ir necesariamente acompañado de un fortalecimiento y correcta implementación de lineamientos académicos que nos permitan trabajar en las capacidades que se potencian a partir del trabajo de investigación, sin que este se convierta en un obstáculo para quienes buscan -y necesitan- insertarse en el mercado laboral.
3.- En los últimos días han surgido algunas iniciativas para cambiar la conformación de la SUNEDU, ¿qué supondrían estas reformas, especialmente la que promueve el retorno de una figura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores, para la calidad de la educación nacional? ¿Qué grupos son aquellos que promueven estas iniciativas y cómo se relacionan con las universidades?
La Reforma Universitaria, desde sus inicios, ha despertado fuertes oposiciones de parte de quienes vieron sus intereses afectados; así que, definitivamente, un escenario como este no es del todo una sorpresa. Sin embargo, no deja de ser lamentable que los ataques en esta coyuntura vengan desde todos los frentes. Hace un par de días se conformó en el Congreso un bloque multipartidario en defensa de la reforma universitaria que, hasta el momento, solo es integrado por 20 congresistas aproximadamente, frente a los/as 130 que conforman todo el parlamento. La Comisión de Educación del Congreso, que debería ser un actor fundamental en la defensa del derecho a la educación, está conformada, en gran parte, por legisladores que tendrían vínculos con universidades cuyas licencias fueron denegadas o que han planteado posturas contra el funcionamiento de la SUNEDU desde sus inicios. Además hemos visto cómo el mismo ministro de Educación, al declarar sobre el tema, menciona que los/as congresistas que se oponen a la reforma “deben tener sus motivos”. Frente a todo este contexto, ni el Presidente ni la Premier plantean posturas claras en defensa de la reforma universitaria. Un escenario así es más que peligroso para los avances obtenidos hasta el momento y los que aún quedan pendientes.
Respecto a los intentos de cambiar la conformación de la SUNEDU, este debe ser de los ataques más graves, ya que atenta contra la naturaleza misma y la razón de ser de la reforma universitaria. Si esta iniciativa progresa, se estaría desnaturalizando por completo a una institución autónoma como SUNEDU que nace, justamente, para desplazar a la Asamblea Nacional de Rectores donde dichas autoridades se fiscalizaban entre sí. Volver a darles poder de decisión en procesos de fiscalización de la educación superior solo nos va a regresar al grave estado de ingobernabilidad en el que se encontró la educación superior en nuestro país por muchos años. La ANR no ha demostrado más que su incapacidad de garantizar el cumplimiento de condiciones mínimas que nos permitan recibir una educación superior de calidad. Es cierto que existen muchas mejoras pendientes, y justamente por esos avances que aún nos faltan conseguir, es que simplemente no podemos retroceder. Nunca más nuestros sueños y proyectos de vida se verán truncados por intereses particulares. Hoy nos toca dar la batalla incluso más que antes.