CHILE BORRA LA HUELLA DE PINOCHET: ITINERARIO Y CLAVES DE “INTERPRETACIÓN” DEL RECHAZO CHILENO A SU CLASE POLÍTICA

Por Mercedes Alcorta y Cristhian Rivera

¿Cuál es el itinerario político-institucional de largo y mediano plazo en Chile? ¿Qué tipo de transformación política y social son necesarias para que la Convención Constituyente realmente sea efectiva?

Chile, desde el proceso de independencia latinoamericano, fue el país más estable en términos políticos (o, si se quiere, su continuidad institucional). Durante el  siglo XIX, transitó de ser un Estado autoritario a uno más democrático.  Como sostiene Heiss (2018), la Constitución conservadora de 1833 aseguraba un sistema presidencial con una distribución territorial del poder político uniforme y centralizado organizacionalmente. Luego, este documento fue modificado a partir de las reformas constitucionales de 1871 y 1878, las cuales consolidaron el fortalecimiento de las libertades civiles. En consecuencia, estas modificaciones institucionales permitían que Chile transite por una lenta evolución política sin pretorianización completa de su sociedad, a pesar de episodios sangrientos como el motín de 1837 y las dos guerras civiles de 1851 y 1859. Para Collier (1989) se puede enumerar los factores que ayudaron a la consolidación de una “república estable” tales como: la poca extensión física del país, la sociedad sólidamente jerárquica y la expansión comercial.

A partir del siglo XX, se produjeron cambios más significativos. Mediante la reforma de 1934, las mujeres podían participar de las elecciones municipales, y luego de la reforma de 1949 consiguieron elegir representantes tanto presidencial como parlamentario. Poco tiempo antes, se había impulsado la Constitución de 1925, la cual avaló cambios en cuanto a los derechos sociales y el Estado fue equipado con la capacidad de promover la industrialización, la urbanización y las obras públicas. En otras palabras, los movimientos sociales obreros y las agrupaciones políticas de izquierda son incorporados al sistema político chileno, cuyo resultado le otorga estabilidad política nuevamente. Durante el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970), se produce otra reforma que permitía al poder ejecutivo controlar la planificación económica, se reduce la edad para votar a partir de los 18 años y se otorga el derecho de votación a los analfabetos. Poco después, durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) fueron más activas las participaciones de los partidos políticos, los sindicatos, las federaciones estudiantiles y las organizaciones campesinas. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, se ejecuta el golpe de Estado que desplaza al gobierno socialista de Allende y con ello se lleva a cabo una regresión democrática mediante la transformación política autoritaria y la transformación económica tecnocrática-neoliberal. ¿Por qué?

En la atmósfera de las ideas económicas de la época la CEPAL (entre 1940-1950) articula la teoría de la industrialización dirigida por el Estado (Ocampo 2004) para evitar los problemas generados de un proceso de industrialización espontáneo. Este organismo regional consideraba a la sustitución de importaciones –modelo de crecimiento hacia adentro- como el mecanismo para la transferencia del progreso técnico del centro a la periferia de la economía mundial a través  de la producción de bienes intermedios y de consumo, ya que en los países latinoamericanos acontece cíclicamente una baja en la demanda mundial de materias primas y un deterioro de los términos de intercambio de dichos productos. Esto debido a que los aumentos de productividad en el centro se reparten entre el capital y el trabajo sin reflejar menores precios en los bienes manufacturados y  la periferia no goza de las reducciones de precios de esos bienes que importaba. A finales de la década de 1950, la CEPAL, se convierte en crítico de los excesos de la sustitución y la intervención estatal, y defiende la racionalización de la sustitución de importaciones mediante estrategias activas de promoción de las exportaciones y el regionalismo. En 1960 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Esta última mencionada, fue impulsada con ideas de la CEPAL para fomentar en América Latina una economía mixta, la integración regional, la reforma agraria, la reforma tributaria y mayor inversión en los sectores sociales. Pero el financiamiento estadounidense fue menor de lo prometido y la ayuda para lograr el bienestar latinoamericano pronto se convirtió en un estallido de golpes militares con la excusa de implementarlos. En este momento, asume como presidente de facto en Chile, Augusto Pinochet (1973-1989). Durante su ejercicio del poder autoritario clausura el congreso e impulsa la constitución de 1980 para asegurar una “democracia protegida” porque consideraba que los militares eran los únicos quienes podían gobernar. Chile desde 1975, con el asesoramiento de los “Chicago Boys”, fue el principal laboratorio de experimentación macroeconómica del pensamiento monetarista y de su correlato político: el neoliberalismo. Es así que se desmantelan las ideas del Estado empresario y benefactor keynesiano. En los años de dictadura existieron violaciones de los derechos humanos, se prohibieron las ideas vinculadas a la izquierda, el socialismo y el comunismo así como el accionar de sindicatos y partidos políticos. La mano invisible y la mano militar se asocian bajo un régimen de dictadura militar. 


Al igual que Uruguay, el reingreso a la democracia en Chile fue por medio de un proceso plebiscitario. En este sentido, los militares llevaron a cabo 54 reformas con el objetivo de que la Constitución de 1980 nunca pudiera ser reemplazada. Este fue un mecanismo que, según los militares, tenía como objetivo dejar el poder en las “mejores condiciones posibles” (Heiss 2018). En consecuencia, el único sector que podía gobernar en Chile después de la dictadura de Pinochet era la élite con ideología neoliberal (Concertación de Partidos por la Democracia). Según Garretón (1997), durante los años 90 se consolida una economía basada en la liberalización económica y financiera, el libre mercado y el libre comercio (como también ocurría en Argentina, Brasil, Uruguay y Perú). Independientemente de la precisión y calidad jurídica de un texto constitucional su supervivencia depende de la amplia adhesión sedimentada en la ciudadanía. Claramente la relación fundamental entre los valores protegidos en la constitución pinochetista y los valores de la sociedad no estaban reflejados sino más bien distorsionados. Los ecos de transformación y actualización política comenzaron desde entonces.

Causas del mediano y corto plazo

El itinerario y la narrativa política construida por las élites partidarias, quienes no fueron exitosos en canalizar las demandas sociales de la ciudadanía, han sido desmantelados.  En el último plebiscito de octubre los chilenos borraron el legado político de Pinochet y decidieron de forma aplastante que personas externas al sistema político existente sean los encargados de redactar la onceava nueva Constitución.  No se plantearon preguntas en cómo reformar el funcionamiento ordinario del sistema político sino de cuestionamiento a los fundamentos de las reglas de juego de la jurisprudencia y de convivencia social chilena. ¿Qué hechos los llevaron a tomar tal decisión y lograr así el intento de alcanzar un mínimo común denominador político que los integre?

Durante los años post-dictadura se avanzaron en algunas reformas: se rompió lazos con el rol político de las FFAA a través del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA); se prohibió la designación de senadores por militares; se eliminaron las barreras constitucionales que impedían la reforma electoral; se impulsaron 18 leyes constitucionales que regulan aspectos de la vida política; se aprobó el sistema electoral uninominal; y se le permite al Tribunal Constitucional vetar legislaciones. 

A partir de estos cambios, se gestaron dos puntos de vista. Por un lado, un sector la consideró como un “decreto de la dictadura”. Por otro lado, se la estimó como una negociación entre la centro izquierda y la centro derecha. No obstante, tanto la política económica neoliberal como el impedimento del ejercicio de poder por parte cualquier agrupación política que no siguiera las ideas conservadoras quedaron inmunes a las reformas que se pudieran generar en el proceso democrático. Luego de la era de Pinochet, los plebiscitos no podían ser aprobados sin el consentimiento previo de los herederos políticos de la dictadura. Es decir, que los gobiernos electos democráticamente en Chile fueron reproduciendo y reconstruyendo una tradición institucional y rigidez política heredada de la dictadura. La idea de ir arreglando la constitución con sus propias reglas fue una idea fracasada. 

Representación y participación política

En cuanto al déficit de representación, el sistema político no permitió asegurar el involucramiento de los ciudadanos a la vida pública y sentirse representados por un partido o conjunto de actores políticos. Incluso se llegó a considerar en 1990 que las reformas constitucionales era una problemática que debía ser asunto sólo de la elite política y no de “los ciudadanos comunes”. En el 2012, se produjo una reforma consistente en transformar el voto de los ciudadanos en optativo con lo cual se desincentiva la concurrencia masiva y la construcción de alta legitimidad política debido a que los ciudadanos dejarían de participar ampliamente en las elecciones presidenciales futuras o posibles reformas institucionales (ver tabla 1). En ese sentido, los ciudadanos chilenos fueron despolitizados -o eso se creía- a la vez que la población se veía atravesada por las desigualdades sociales, el escaso acceso a los recursos públicos y derechos de bienestar social.

Si se comparan las cifras de participación electoral en las elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia -previas al plebiscito 2020- vemos la dramática caída en el porcentaje de votación del 87% al 49% (es decir -38%) respecto del padrón electoral absoluto. Mientras ocurría este descenso aumentaba significativamente, en cada elección presidencial, la cifra de electores aptos en 6.750.614 representando una variación porcentual de +89% entre 1989 y 2017. En otras palabras, se acumulaban más los votantes aptos, pero disminuían los votantes participantes y decisivos electoralmente. Existía una deuda de origen en el mismo diseño del sistema político desprendiéndose paralelamente un déficit de legitimidad de los ejecutivos electos. Las administraciones tenían un origen sesgado y formados por minorías.

De una parte, se puede notar la persistente magnitud de 7 millones  de concurrencia electoral en 31 años. Por otra parte, las segundas vueltas presidenciales les hacían creer a los ganadores que era suficiente gestionar el país con el alto porcentaje de votos de quienes sólo asistían a votar: Lagos 1999, 3.683.158 votos (51%); Bachelet 2005, 3.723.019 votos (53%); Piñera 2009, 3.591.182 votos (51%); Bachelet 2013, 3.470.379 votos (62%); y finalmente Piñera 2017 con 3.796.579 votos (54%). En realidad el rango de base social del poder presidencial en promedio era cercana por debajo de la mitad y poco superior a la cuarta parte de la población electoralmente apta. Los presidentes chilenos fueron electos por cada vez más escasas minorías electorales; los costos políticos de gobernabilidad continuamente eran más altos ya que es muy poco probable sostener la legitimidad política en el tiempo con ese decreciente respaldo minoritario.

Tabla 1: PARTICIPACIÓN ELECTORAL NACIONAL 1989 – 2020

     Votos   emitidos    Votos    válidosPorcentaje de Población  mayor de 18 años  Padrón electoral    absoluto
19897.158.7276.979.85987%7.557.537
19937.376.6916.968.95082%8.085.439
2000 (ballotage)7.376.6917.178.72772%8.084.476
2005 (ballotage)7.203.3716.959.41363%8.220.897
2009 (ballotage)7.203.3716.958.97257%8.285.186
2013 (ballotage)5.697.5245.581.88543%13.573.143
2017 (ballotage)7.932.5236.956.48149%14.308.151
2020 Plebiscito Constitucional7.562.1737.520.52851%14.855.719

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del Servicio Electoral de Chile, https://www.servel.cl/

Los números, las transformaciones sociales, económicas y culturales anunciaban el derrumbe. A partir de la década del 2000, las protestas sociales empezaron a ser más frecuentes. Por un lado, en el 2006 comenzaron las protestas de los movimientos estudiantiles, el cual en unos años conformaron una agenda pública nacional (Gonzalez y Le Foulon Moran 2020). Por otro lado, en el 2016 se empezaron a movilizar los manifestantes laborales (AFJP) con el objetivo de que no haya desigualdades en cuanto a las pensiones. El estallido social del 2019, comenzó por un aumento en la tarifa del transporte público y los estudiantes secundarios de Santiago fueron los primeros en movilizarse; rápidamente les siguieron otros sectores de la sociedad, entre ellos los sindicatos y los movimientos sociales. Hubo vandalismo en las calles y cacerolazos por parte de los ciudadanos, y al mismo tiempo fueron reprimidos por los carabineros y más tarde por los militares. Durante la crisis social se registraron violaciones de los derechos humanos (heridos por bala de goma, 400 mutilados oculares y alrededor de 30 muertes[1]). Los ciudadanos además de manifestarse contra el gobierno, principalmente exigían igualdad de ingresos, pensiones más altas, mejores servicios públicos (salud y educación) y una nueva Constitución (Gonzalez y Le Foulon Moran 2020). Es decir, la población se movilizó masivamente a la vez que desmantelaba el discurso e itinerario instituido por su propia clase política en todos estos años.  El gobierno de Sebastián Piñera y la oposición acuerdan el 15 de Noviembre del 2019  convocar un plebiscito para aprobar o no una nueva Constitución en Abril del 2020 y el tipo de órgano político para su redacción. Las frustraciones sociales que se venían acumulando generaron no sólo una crisis de gobierno sino una crisis del régimen político total en su dimensión funcional.

Las protestas y el movimiento de autoconvocados disminuyeron en el periodo veraniego y fue retomado en Marzo, aunque se detuvieron luego que el gobierno decretara el cierre de comercios, escuelas y universidades para evitar la expansión del COVID-19. Con esto se interrumpieron las marchas, pero no se detuvieron los reclamos de la sociedad civil y las organizaciones sociales.  Cabe destacar que ningún partido político impulsó este plebiscito, sino que fue producto de la demanda ciudadana. Este acontecimiento se pospuso por la crisis sanitaria global y se produjo el día Domingo 25 de Octubre, el cual abarcó una amplia participación (siguiendo con el protocolo sanitario) y tuvo como resultado 78.3% de aprobación y 21.7% en contra. Esta nueva Constitución será redactada por la primera Convención Constituyente paritaria del mundo compuesta por 155 ciudadanos entre hombres y mujeres elegidos el 11 de Abril del 2021[2]. Después de que se redacte la nueva Constitución, debería ser aprobada por el 2⁄3 del legislativo. En el supuesto caso de que haya quórum, los ciudadanos chilenos deberán obligatoriamente asistir a elecciones para aprobar esa nueva institución fundamental[3].

¿Cómo interpretar el rechazo a la clase política que diseñó el itinerario? ¿Qué se necesita para que la Convención Constituyente sea eficaz?

Los espacios institucionales también son espacios de transformación del aparato estatal. Los grupos políticos que concentran más  recursos -económicos, mediáticos, organizativos y simbólicos- son los que deciden más y pueden dar forma a una nueva matriz institucional de acuerdo a sus preferencias políticas. Y esto es lo que se juega en el nuevo Chile del mediano plazo.

La lógica de la discusión política de hace 50 años volvió al escenario político chileno. La discusión sobre la institucionalidad chilena en los años 70 del siglo pasado entre Allende y los que estaban a su izquierda era: ¿qué hacemos con la institucionalidad? ¿La echamos o la cambiamos? El primero, sostenía que los cambios tendrían que ser canalizados institucionalmente; mientras los segundos pedían su desborde. El resultado del plebiscito 2020 sugiere aprovechar todos los canales de los espacios institucionales -se abran como se abran- y no echar por abajo la institucionalidad con todas las críticas que se puedan hacer al Acuerdo de Noviembre.

Las constituciones no son perfectas sino son las mejores posibles de un determinado momento histórico y reflejan el equilibrio de fuerzas de los grupos políticos quienes participan en su negociación y redacción. El nuevo documento fundacional de la sociedad chilena no es solamente un nuevo texto constitucional sino una nueva forma de convivencia política, el cual fue gatillado -por fuera del Estado- a través de la movilización social de los autoconvocados usando todas las potencialidades institucionales que se les abrieron. Es tanto el vaciamiento de legitimidad de la constitución actual que el Tribunal Constitucional en Chile ya no tiene el respaldo político para hacer lo que hacía años atrás -ver imagen-. Todo está cuestionado y la constitución está fuertemente cuestionada. Ya se lee distinto desde el proceso legislativo, los tribunales y la sociedad en sí misma. El pacto social anterior, reflejado en la actual constitución, es de carácter autoritario que a un casi 80% de la población en Chile no la representa. Este documento es el marco de referencia cognitivo de cómo se establecen las reglas de juego político y de la vida social; la expectativa de que el documento refleje las preferencias políticas de los chilenos nunca se cumplió. Murió Pinochet, se retiró a los militares de la vida política, se eliminó a los senadores militares designados y aun así ese “pacto social” siguió siendo una democracia secuestrada. El último intento en la reforma constitucional del 2005 durante el gobierno de Lagos,  sin consultar a la ciudadanía, la población simplemente lo vio como una negociación y arreglo de la élite. El planteamiento tradicional, por parte de la clase política chilena, de ir ajustando la constitución con sus propias reglas se destituyó el pasado 25 de Octubre.

HISTORIA RECIENTE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL TC CHILENO

Fuente: página de Facebook de Domingo A. Lovera Parmo, acceso el 27 de octubre 2020, https://www.facebook.com/photo?fbid=10164748904325422&set=a.10151539019985422.

Para que la pretensión de trasformación social sea exitosa y eficaz en este proceso constituyente va depender en la medida que se permita cristalizar y visibilizar tanto la militancia social –con todas sus manifestaciones de las organizaciones sociales desde la ambiental hasta la feminista y el estudiantil- como la militancia política –de todo el continuo ideológico-. Mientras que la transformación política efectiva se encuentra en las bases democráticas de los partidos políticos y no en sus cúpulas. Tal como sugiere el politólogo Juan Pablo Luna[4], “hay que intentar aislar la Convención Constituyente de los partidos y de la competencia por cargos electorales que se nos viene a nivel local, regional, y nacional”. Por consiguiente, sustituir el mecanismo de captura de los partidos por parte de las élites es clave así como sustituir las formas y lógicas de hacer política y política económica concentradas en las tres comunas (La Dehesa, Las Condes y Vitacura), las cuales reúnen buena parte del PBI y del poder político, para que la transformación social sea efectiva. La historia electoral de los actuales partidos ya dejó de ser un capital político; y sin embargo, es muy probable que estas cúpulas partidarias quieran y puedan ser miembros de la Convención Constituyente para negociar usando ese “legado”. Los chilenos autorizaron y sentenciaron que esos actores se vayan; por lo tanto, la tarea más próxima es cómo recuperar los partidos políticos para su militancia. El aislamiento de la clase política actual de la organización, la representación y la formación de la Convención Constituyente 2021 será resultado del esfuerzo del nuevo itinerario y narrativa política así como de las innovaciones institucionales impulsadas y diseñadas desde la sociedad civil chilena. La alineación de los valores fundamentales de la sociedad chilena y los valores contenidos en la próxima Nueva Constitución todavía tienen un trayecto con final abierto.

Finalmente, una lección política y sociológica importante para los políticos y la academia: la voz de la ciudadanía nunca puede ser reemplazada.


[1] Claudia Alamo. 2020. “Claudia Heiss, cientista política: ´El peligro principal de este proceso es que las élites traten de cooptarlo´”. The Clinic, 29 de Octubre de 2020. Fecha de consulta, 30 de octubre 2020.  https://www.theclinic.cl/2020/10/29/claudia-heiss-cientista-politica-el-peligro-principal-de-este-proceso-es-que-las-elites-traten-de-cooptarlo/?fbclid=IwAR17mCnutjKZx4fl7TcFZd7qnBKX_a0YmPvNYcdyASoCXDb0EWPgD_bB0Cg

[2]  Montes, Rocío. 2020. “Una abrumadora mayoría de chilenos aprueba enterrar la constitución de Pinochet”. El País, 26 de Octubre 2020. Fecha de consulta, 26 de Octubre 2020. https://elpais.com/internacional/2020-10-26/una-abrumadora-mayoria-de-chilenos-aprueba-enterrar-la-constitucion-de-pinochet.html

[3] Sauré, Giselle. 2020. “Plebiscito 2020: ¿Qué es lo que sucede si ganan el Apruebo o Rechazo? Nodal, 20 de Octubre 2020. Fecha de consulta, 26 de Octubre 2020. https://www.nodal.am/2020/10/nueva-constitucion-en-chile-pinera-llama-a-participar-del-plebiscito-y-bachelet-ratifica-su-apoyo-al-apruebo/

[4] “El problema de las tres comunas: cómo evitar que las elites dominen la constituyente”. Ciper, 26 de Octubre de 2020. Fecha de consulta, 27 de Octubre2020.  https://www.ciperchile.cl/2020/10/26/el-problema-de-las-tres-comunas-como-evitar-que-las-elites-dominen-la-constituyente/?fbclid=IwAR0fJxcWEQL-ilAVCif7KmIu9kqZnOPkyZ0YUwQX3WrnbaC8Y_xziBlKNus

Bibliografía:

  • Heiss, Claudia. 2018. “Participación política y elaboración constitucional: el caso de Chile. Derecho y Crítica Social 4(1): 115-138.
  • Gonzalez, Ricardo y Le Foulon Morán, Carmen. 2020. “The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants. International Journal of Sociology:1-9.
  • Garreton, Manuel Antonio. 1997. “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”. Nueva sociedad 148: 20-29.
  • Ocampo, José Antonio. 2004. “La América Latina y la economía mundial en el largo Siglo XX”. El Trimestre Económico Vol. LXXI (284). 
  • Collier, Simón. 1989. “Gobierno y sociedad en Chile durante la República Conservadora 1830 – 1865”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani” 3 (1): 115 – 126.

Anexo:

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Mercedes Milagros Alcorta es estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencia Política – Universidad Nacional de San Martín (UNSAM – Argentina)

Cristhian Rivera Paredes es licenciado en Ciencia Política – Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Magíster (candidato) en Ciencia Política – Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) – Argentina.

Foto: TeleSur
Edición: Sandra Miranda
Publicado anteriormente en Agencia Democrática: https://agenciademocratica.wordpress.com/

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