Por Hernan Herbozo Sarmiento

Edición: José Cumpa
Imagen: Cristhian Rojas

Desarrollaremos una breve descripción y análisis de lo que significó, para la historia republicana del Perú, el surgimiento del Partido Civil y la administración del gobierno en manos de su líder Manuel Pardo y Lavalle, quien gobernó desde 1872 hasta 1876, etapa denominada “la República práctica”. Esto nos permitirá visualizar las principales contradicciones entre el pensamiento liberal de Manuel Pardo y la política tradicional del patrimonialismo autoritario de los caudillos militares. Esto nos permitirá conocer no solamente los propósitos del ideario civilista, sino también la composición social que interactuaba al interior de dicha propuesta partidaria. A manera de conclusión, se realizará un análisis de la importancia del Partido Civil para la cultura política y democrática del país.

Manuel Pardo, crítico del modelo fiscal guanero

El surgimiento del civilismo significó, a nivel ideológico y político, la ruptura con el patrimonialismo autoritario de los caudillos militares y la formación de un partido político moderno y pluriclasista. Sin embargo, es preciso señalar los factores que condicionaron, de alguna forma, la consolidación del pensamiento de Manuel Pardo en el Partido Civil.

Empecemos señalando que, en el Perú, desde 1845 hasta 1880, la clase dominante sustentó la economía del país a través de las rentas obtenidas por las exportaciones del guano. Los administradores del este fueron, en un inicio, empresarios limeños, cuya actitud rentista no permitió incrementar y fortalecer la diversificación económica. Por lo contrario, la administración del guano se convirtió en un enclave. Los círculos políticos, al ver las ganancias producto de la venta del guano al mercado inglés, desarrollaron un nuevo esquema de negocio en donde el Estado participaría como un socio de la empresa. En ese sentido, dicha intervención del Estado en la gestión del guano permitió la estabilización y la consolidación del aparato estatal. Sin embargo, ello no permitió dinamizar la economía del país y las rentas fueron usadas con fines políticos. Por ejemplo: la abolición del tributo indígena y la abolición de la esclavitud.  A pesar de que el Estado peruano participó de un 71% de la ganancia total en las ventas finales del producto, (750 millones de pesos/dólares aproximadamente) hubo poco progreso económico y, paradójicamente, se vio envuelto en una fiebre especulativa y financiera, que finalmente lo condujo a la bancarrota fiscal de 1874.

Cabe resaltar que la abolición del tributo indígena significó la pérdida de un canal importante para el ingreso fiscal. Si bien el “patrimonialismo fiscal” de los caudillos militares se basaba en la recaudación de ingresos desde una lógica librecambista y proteccionista, el fin era mantener la paz y el orden debido a las convulsiones políticas y militares de los caudillos. El enfoque nunca fue modernizar el Estado desde una perspectiva liberal, sino fortalecer la burocracia cívico-militar, así como realizar mejoras de infraestructura urbana de tipo populista. El guano sirvió para mantener dicha paz, pues entre 1854 – 1862 los enfrentamientos políticos entre los militares y el faccionalismo cívico-republicano convulsionaban la escena política del país. Esto implicó que gran parte de la ganancia obtenida por la exportación del guano sea invertida en financiar la guerra civil. Las guerras de 1854 y 1856, que duplicaron a las clases militares, costaron al país 53 millones de pesos; y la expedición contra el Ecuador, que originó el anticipo de 1860 de los productos del guano de 1861 – 1862, 50 millones de pesos más. Por otro lado, la abolición de la esclavitud también fue costeada por las rentas del guano. Los esclavistas recibieron una compensación de unos trecientos pesos por esclavo, a un costo total para el Estado de 7.651.000 pesos.

Pese a la iniciativa política de Castilla con respecto al tributo indígena y a la esclavitud, la lógica colonial aún persistía. El guano también sirvió para importar mano de obra barata destinada al trabajo en las haciendas y en la producción del guano. Esta mano de obra fue asumida por inmigrantes chinos quienes eran tratados bajo condiciones de semi-esclavitud. Con este grupo de inmigrantes chinos colíes la clase dominante reproducía viejas prácticas del colonialismo, como el enganche y la precarización laboral al extremo de atentar contra las vidas de este grupo étnico.

Si bien las prioridades de la clase dominante respondían a un contexto de consolidación del Estado post-independencia, este proceso fue liderado políticamente por caudillos militares y económicamente por la plutocracia de entonces que conformaron la Sociedad Consignataria del Guano luego de reemplazar a Gibbs en la administración del fertilizante. Quizá sea este uno de los aspectos positivos e importantes que cabe resaltar, pues la Compañía Nacional del Guano, luego de reemplazar el control de la casa Gibbs, fundó el Banco del Perú en 1863.

Los principales bancos del país fueron capitalizados con las ganancias del guano y sirvieron para facilitar y modernizar las transacciones comerciales. Igualmente, importante fue la función crediticia de los nuevos bancos en la revitalización de la agricultura costeña. Estos facilitaron crédito a la agricultura comercial a tasas de interés muy por debajo del de las tasas de las casas comerciales que tradicionalmente prestaban dinero a los hacendados. Sin embargo, este aspecto positivo mencionado no fue suficiente para echar andar económicamente al país de manera integral, así como tampoco para modernizar el Estado a través del fortalecimiento y del funcionamiento de sus instituciones. El Ministerio de Gobierno, mantuvo durante el período 1847 – 1867 un promedio del 13% del total del gasto para velar por el cuidado del orden interno. Lo demás obtenido por las ganancias del guano cubrió los gastos militares y la mantención de la burocracia cívico-militar.

En resumidas cuentas, el Perú, previo a la toma de poder de los civiles, se encontraba en proceso de construcción. Por un lado, un estilo de gobierno caudillista y patrimonial, así como una sociedad fragmentada social y económicamente. El descontento popular frente a la reducción de los salarios a causa de la inflación, que había ocasionado la pésima gestión del guano a favor de una élite económica limeña y de las casas consignatarias extranjeras, era manifiesta; un gobierno que se resumía al liderazgo de un militar autoritario y paternalista; un Estado poco funcional desde la perspectiva liberal y del ciudadano, que servía más bien a los intereses de la plutocracia dominante y a los interese de la casta militar; una economía no diversificada, poco dinámica y centralizada en las rentas obtenidas por la administración del guano; ausencia total de un tipo de acción pública capaz de crear las condiciones para la generación de la industria nacional a través de la participación conjunta de las instituciones; un presupuesto público al borde de la bancarrota; una deuda externa e interna que crecía exponencialmente a causa de los empréstitos generados con las casas consignatarias, siendo el más importante a señalar por su nivel de infamia y escandalo el contrato con la Casa Dreyfus, pues esta medida mezquina y poco inteligente gestionada por Piérola en el gobierno de Balta creaba el monopolio del guano en manos de un solo tenedor en desmedro de los consignatarios nacionales; una clase dominante que basó el ingreso público en la exportación de un solo producto, eliminando las recaudaciones de impuestos y centrándose en una política librecambista y de protección arancelaria; un despilfarro de las ganancias del guano, lo que significó para Manuel Pardo una oportunidad desperdiciada. Este panorama generó necesariamente un contradiscurso, una fuerte crítica liderada por un sector culto, instruido, incluso que formaban parte de la élite plutocrática y guanera, aunque pueda sonar paragógico, que empezó a generar una fuerte corriente de opinión respecto a las graves consecuencias para el país si la política tradicional de los militares y el modelo económico persistía en su fórmula rentista y primario exportador.

La ola abolicionista de las contribuciones hechas en épocas de Castilla fue una de las críticas fundamentales de este grupo de civiles ilustrados y liderados por Manuel Pardo y Lavalle. Cabe señalar que la crítica fiscal fue establecida ya desde 1855, durante el segundo gobierno de Castilla. En ese entonces se desarrolló un informe sobre las reformas de las contribuciones desde el gobierno. El informe defendía un principio que caracterizaría a todo el discurso crítico del modelo fiscal durante la era del guano. Este principio sostenía que siendo los ingresos del guano un fenómeno extraordinario y que, por tratarse de un producto agotable, no podían ser de duración indefinida, se debía procurar la implantación de un sistema de rentas públicas más perdurable y estable. Este argumento era una crítica directa al modelo económico, pues cuestionaba su sostenibilidad, así como criticaba también duramente la política fiscal que había asumido el gobierno. Incluso una comisión formada por expertos franceses, que habían llegado al Perú contratados por el gobierno, sostenía que si el ritmo de las exportaciones persistía tal cual (casi cuatrocientas mil toneladas anuales), el fertilizante se acabaría en solo 23 años. Esto parece no haber preocupado a todos de la misma manera. Por un lado, una clase dominante despreocupada por los asuntos internos y estructurales del país; por otra parte una élite política liderada por caudillos militares que argumentaban la no imposición de la contribución personal en vista de que ello desalentaría al productor nacional; también una población acostumbrada al paternalismo, lo que condicionaba la existencia de una cultura política poco o nada ciudadana; y una élite intelectual, hijos de ilustres familias de criollos o peninsulares, que sí consideraba que era importante establecer un sistema de contribuciones personales. Uno de los defensores de la contribución personal fue justamente Manuel Pardo.

Cabe resaltar que la constitución generada por la Asamblea Nacional de 1856 derogó por decreto supremo la creación de la contribución personal. Sin embargo, esta nunca llegó a cobrarse. La introducción de este impuesto volvería a intentarse posteriormente en 1865, con el nombramiento de Manuel Pardo como ministro de Hacienda; en 1875, cuando el mismo Pardo era presidente de la República; en 1879, con el estallido de la guerra con Chile; y en 1886, al instaurarse el régimen de la descentralización fiscal. La contribución personal se convirtió en la pieza más controvertida de la reforma fiscal de la segunda mitad del siglo XIX, por reunir tanto una característica virtuosa, que era ampliar la ciudadanía fiscal, cuanto otra defectuosa: establecer impuestos sobre la población más pobre, que casi no recibía protección ni servicios del Estado.

Manuel Pardo fue una de las figuras emblemáticas de la crítica al modelo fiscal guanero. Bajo esta óptica, su participación en la escena política fue relevante en el sentido de ser un opositor de las medidas que el gobierno tomaba respecto a la política económica del país. Formado en Europa, Pardo conocía la historia de la formación de los Estados nacionales modernos, la historia de las experiencias revolucionarias que en occidente permitió el desarrollo de una clase dirigente en un contexto de desarrollo democrático. Tenía claro el rol del ciudadano respecto a su participación en la sociedad y en el Estado, así como también la importancia de planificar la economía y diversificarla. En esa lógica, Pardo no solamente era crítico de la actitud rentistas de la clase dominante, un denunciador de las grandes diferencias que existían en la sociedad peruana post-independencia, ese otro tipo de servidumbre en manos de las casas consignatarias, sino que su discurso poseía una filosofía que rompía con la lógica y con el espíritu de la casta militar gobernante y con la actitud retrograda, mercantil y usurera de la clase dominante.

Pardo denunciaba abiertamente la opulencia del gobierno en desmedro de los pobres desprotegidos. Una salida a esta problemática era lo que Pardo llamaba “rentas propias” o “entradas naturales” (impuestos de tipo directo que se pagaban por la ganancia obtenida por la propiedad y la industria), que alcanzase a cubrir el gasto ordinario de la nación. Solo de esa manera las entradas del guano podrían quedar liberadas para los gastos de acondicionamiento del territorio que permitieran despegar al comercio. Lo que el país necesitaba era que la población participe del presupuesto público, que haya mayor ciudadanía fiscal, que el país vaya poco a poco, con los recursos del ciudadano mismo, desligándose de la dependencia económica guanera. Este concepto iba de la mano con otro mucho más pedagógico. Pardo consideraba que la contribución personal haría que el ciudadano empezará a interesarse y a intervenir más en la administración de la cosa pública.

Estas ideas revelaban el surgimiento de un pensamiento político moderno, capaz de hacer frente de manera doctrinaria al patrimonialismo autoritario de los caudillos militares. Pardo planteaba que se tenía que crear riqueza para poder hacer frente con ella a los gastos del Estado. Crear retornos que suplieran al guano, así como crear rentas fiscales que permitieran mayor involucramiento del ciudadano en la dinámica de la administración pública. La lógica paternalista de los caudillos iba decayendo en la medida que las ideas de Pardo empezaron a empoderarse en la opinión pública. Una de las inversiones, que fue apoyada por los críticos liberales, fue justamente la construcción del ferrocarril. La mirada de Pardo rompía los muros de Lima. El ferrocarril, en su concepto, permitiría unificar los intereses de los productores nacionales y fortificar la diversificación económica. Sin embargo, veremos que dicha inversión fue una de las oportunidades desperdiciadas, pues no logró dicho objetivo, o en todo caso no al nivel que necesitaba el Perú. Incluso la lógica del recorrido del ferrocarril demuestra aún el mapa de la exclusión y la mentalidad centralista y colonial de la clase dominante. El recorrido del ferrocarril no unía significativamente la actividad productiva al interior del Perú, es decir, no permitía dinamizar el mercado interno; por lo contrario, incrementaba la actividad exportadora de la clase dominante.  

En noviembre de 1865, siendo presidente de la República Mariano Ignacio Prado, asume el ministerio de Hacienda Manuel Pardo. Esta era la oportunidad para que Pardo ponga en práctica sus ideas. En efecto, una de las principales reformas que implementó fue la reincorporación de la contribución personal y con ello la reincorporación de la población indígena al sistema fiscal. Esta medida la implementó bajo la lógica de crear conciencia tributaria, de crear las condiciones para la construcción de una ciudadanía tributaria. En ese sentido, la aplicación de la contribución personal respondía a seis categorías en las que agruparía a las provincias de acuerdo con el nivel de jornal prevaleciente. Para Pardo la reforma se justificaba en la medida que se implementase bajo el principio de equidad tributaria. Esta medida significativa para la modernización del Estado encontraba obstáculos en su implementación. En primer lugar, no existía comercio establecido ni especialización productiva. Por otro lado, no existía un registro de propiedad de las tierras. La centralidad de las finanzas públicas, en la interpretación de Pardo, se había incrementado con el guano. Las prácticas de clientelismo y la subordinación de los diputados al ejecutivo garantizaban los proyectos de inversión pública para las provincias, faltando de esta forma a la constitución que indicaba que era el Congreso de la República quien debía sancionar el presupuesto público. La idea de Pardo era ir paulatinamente rompiendo con dicho patrón de comportamiento a partir de la reforma fiscal, dándole mayor énfasis a la consolidación y al funcionamiento de las instituciones y a la incorporación de los peruanos al sistema fiscal desde una perspectiva de construcción de ciudadanía. Sin embargo, esta medida fue muy criticada por los opositores al régimen. Luego de la caída de Prado, el Congreso de 1867 suprimió la contribución personal. Las ideas de los hombres críticos liderados por Pardo no pudieron hacer frente a la ambiciosa administración del guano. Las finanzas públicas del Perú caían en la llamada “enfermedad holandesa” irreparablemente. 

Partido Civil: surgimiento e ideario de la República práctica.

Hijo de una familia aristocrática, Manuel Pardo fue educado en el Colegio de San Carlos de Lima y posteriormente en el Colegio de Francia donde estudió economía política. También estudio filosofía y letras en la Universidad de Barcelona. Sus estudios en Europa, principalmente en Francia, le permitieron conocer las principales corrientes del pensamiento político moderno como fue el sansimonismo. Por otro lado, Pardo era un hombre de negocios. En 1862 fundó el Banco del Perú y fue presidente de la Compañía Nacional del Guano al tomar la concesión de Gibbs. Sumado a su inclinación intelectual y a su condición de empresario guanero, este excepcional personaje de nuestra historia incursiona en la política. Intelectual, empresario y político, son las tres principales características que configuran a Manuel Pardo. Fue ministro de Hacienda en 1866 – 1867, fue alcalde de Lima entre 1869 y 1872, llega a ser presidente de la República en el año 1872 y fue el primer civil del país.

Las ideas de Pardo respondían a una concepción mayor de la política y de la relación ciudadano-Estado nacional. Los ideales de la República tenían que verse materializados. Bajo esa lógica, el ciudadano tenía que asumir un rol fundamental con respecto a la cosa pública. El Estado, por su parte, constituye un aparato autónomo, que no dependiese del guano, y que funcione en la perspectiva de crear las condiciones materiales necesarias para que dicho ciudadano se forme en los ideales de la república. Esta visión marcaría el espíritu de la propuesta del Partido Civil.

La propuesta del Partido Civil respondía a los ideales del liberalismo económico y político, y se caracterizaba por su orientación hacia una modernización tradicionalista, en términos de Trazegnies[1], es decir, una modernización que no rompía con su medio y orden social. El liberalismo del Partido Civil abrazaba la política del librecambio y el proteccionismo estatal. Sin embargo, su ideal era crear las bases para la generación de un capitalismo emergente, impulsando los diversos sectores productivos con el propósito de fomentar el mercado interno. Cabe resaltar lo siguiente: La clase que quiere convertirse en dirigente no es de extracción popular. Es más bien la propuesta de una emergente burguesía dispuesta a buscar apoyo en los sectores más dinámicos de la sociedad. Esto permitiría que la propuesta de los civilistas entre en contradicción con los intereses de la élite rentista y con las clases populares, pues estos últimos percibían el proyecto civilista como jerárquico, orientado a enriquecer a una nueva clase social. Pese a dichas contradicciones, los civilistas desarrollan una propuesta sólida, bajo argumentos doctrinarios que se basaban en el liberalismo político y económico, configurando de esta manera el primer partido político moderno de la historia del Perú.

En 1860, Pardo, junto a otros jóvenes liberales de la época, fundaron la Revista de Lima, en donde publicó sus ensayos como “Estudios sobre la provincia de Jauja”, “El partido de Saña o Lambayeque en el siglo pasado”, “Medidas económicas del Congreso de 1860. Ley general sobre ferrocarriles”, “La Sociedad de Beneficencia de Lima”, entre otros. En ellos se veía reflejado su pensamiento, sobre la necesidad de generar las condiciones para un cambio radical que se traduciría, en la práctica, en un proceso de industrialización descentralizada de los pueblos de la sierra ricos en materia prima. Intercomunicar los pueblos del interior del país a través del ferrocarril significaba para Pardo una tarea primordial, un aspecto insoslayable si se apuntaba a un progreso sostenido. Criticaba duramente las costumbres palaciegas de la élite limeña que importaba más de lo que producía, bajo la lógica de la ostentación en un país de graves fracturas socio-económicas. Apostaba por el desarrollo del trabajo y de la educación, caminos que llevarían a la redención personal y al progreso colectivo. Respecto a este último punto, Pardo escribiría un artículo titulado “Algo sobre el proyecto de Código Penal. Vagancia”, en donde planteaba que la vagancia debería de ser un delito en la legislación nacional. Estas ideas fueron el canon que adoptó la movilización de los críticos ilustrados y que impulsaría la construcción de un partido político con miras a tomar el poder.

Los líderes del naciente movimiento aglutinaron a líderes locales de diversas provincias del país, abriéndose muchos clubes políticos. Es muy significativo que Pardo haya convocado a Calixto Garmendia, industrial cusqueño, y a Juan Manuel Costas, diputado puneño, para que asuman el cargo de vicepresidentes. Estableció una política de alianzas y de acuerdos con diversos sectores representativos de la población. La idea de los fundadores del civilismo era convocar a los sectores laboriosos que estaban comprometidos con la modernización del país. El trabajo que realizaron los fundadores fue interesante porque desde un principio trataron de captar militantes en las diversas esferas sociales, nucleándolos en una especie de células llamadas “esferas”, es decir, pequeños grupos de adherentes identificados por razones profesionales, geográficas y hasta familiares. En ese sentido, el discurso de Pardo incidía en expresar vivamente la dicotomía labor/política. Esta búsqueda de la polarización posicionaba una nueva racionalidad política: la racionalidad política de los capitalistas emergentes y liberales en contra del enemigo natural que era la clase dominante rentista en colusión con el caudillismo militar. La palabra “labor” tenía en el discurso civilista un significado potente, pues ella representaba la imagen del hombre laborioso, el hombre ligado a la producción; mientras que la palabra “política” representaba el tradicionalismo militar y a la clase rentista. Esta construcción política del discurso formará parte estructural de la edificación simbólica de la Sociedad Independiente Electoral, formado para la contienda electoral y que luego paso a ser el Partido Civil.

Para graficar mejor este último punto, McEvoy nos proporcionará los siguientes datos con respecto a la composición social dentro de la Sociedad Independiente Electoral, que diera origen al Partido Civil:

“(…) Aquella habría tenido a 12 artesanos (un 6.3%) entre sus fundadores. Además, cinco artesanos habrían ocupado cargos directivos en la organización, de un total de 83. Aunque los profesionales (o semiprofesionales), militares, comerciantes y propietarios conformaban el 50.5% del total de los fundadores y el 55% de los directivos, resulta importante constatar una significativa variedad de orígenes sociales: había también agricultores, fabricantes, artistas, entre otros”.

Otro dato importante que nos brinda McEvoy es el siguiente:

“En efecto, cuando tuvo lugar la presentación del Partido Civil en el teatro Odeón (el 2 de mayo de 1871), los artesanos constituyeron el 35% del total de los asistentes, seguidos por los comerciantes, con 25 %” (Del Aguila, 2013, p. 2019).

Cabe resaltar que los gremios artesanales que formaban la base de la propuesta civilista eran menos afectos a la política del librecambio. Jornaleros, carpinteros, albañiles, sastres, peones, integraban el movimiento impulsado por Pardo, asumiendo un rol importante no solamente como apoyo social de la propuesta civilista, sino asumiendo cargos puntuales dentro de la organización. Esta diversidad de públicos involucrados denotaba una propuesta de ancha base y con una fuerte orientación pluriclasista.

En 1872, con gran apoyo popular, Manuel Pardo gana las elecciones y es nombrado presidente de la República. 

Características del gobierno de Manuel Pardo

Pardo, en su primer mensaje a la nación, declara la importancia de la aplicación de reformas fiscales para salir de la dependencia del guano, pues la renta procedente de la venta del guano estaba íntegramente comprometida al servicio de la deuda externa. Era urgente aplicar reformas tributarias para salvar el déficit fiscal. Esto iba relacionado a la idea de la formación de una ciudadanía fiscal a través de la contribución personal. Esta idea, que durante su gestión como ministro de Hacienda implementó, la va a reactivar y aplicar a través de medidas descentralizadoras. En ese sentido, dentro de la tarea civilista de construir un Estado autónomo en un contexto mundial en donde las exportaciones caían y la producción algodonera iba reduciéndose, aplicó medidas drásticas que fueron fuertemente criticadas por la población.

Pardo hizo frente a la crisis con un programa de austeridad: “la burocracia fue podada, las fuerzas armadas se redujeron en tres cuartas partes y se presentaron nuevos impuestos para incrementar las rentas”. Estas medidas incrementaron la impopularidad de Pardo. Las fuerzas armadas y la Iglesia también criticaron las medidas implementadas. La Iglesia, en primer lugar, consideraba que las medidas de Pardo en el campo de la educación eran anticlericales. La propuesta civilista, en efecto, creía fervientemente en el Estado laico, en la secularización de la educación. Planteaba extender la educación entre las clases populares, en particular a las masas indias no integradas, y hacer que la educación superior fuera menos filosófica y teórica y, a cambio, más práctica y utilitaria. Las Fuerzas Armadas, por otro lado, criticaban a Pardo debido a la drástica reducción del presupuesto a la institución armada. En ese sentido, las acciones de los críticos del régimen, principalmente el caudillo militar Nicolás de Piérola, intentaron derrocar a Pardo.

Estas reacciones críticas contra el régimen serán una constante durante los cuatro años de su gobierno. En cuanto a su propuesta programática, Pardo implementó un gobierno impulsando el capitalismo nacional emergente que se expresaba en la burguesía comercial. Esto permitió el desencadenamiento de significativas dificultades con la élite económica, así como con los sectores populares que se veían afectados directamente debido a la crisis fiscal.

Las principales acciones del gobierno civilista de Pardo fueron las siguientes:      

• Reforma fiscal y descentralización administrativa. La contribución personal nuevamente fue activada, siendo esta vez administrada desde los departamentos. También reorganizó las aduanas y aumento los aranceles, incrementando el proteccionismo fiscal. Cabe resaltar que para el presupuesto del bienio 1873 – 1874 se consideró un ingreso inusitado por aduanas de diez millones anuales, cuando esta recaudación nunca había superado los siete y medio millones. Creó además una sobretasa del 2% en las aduanas para alimentar a los concejos departamentales, y contrató con una empresa francesa la construcción del Muelle Dársena en el puerto del Callao que, al permitir el acoderamiento de las naves en el propio terminal, mejoraría el control del comercio.  

• La estatización del Salitre y apoyo a la banca nacional. En vista de la crisis fiscal que atravesaba el país, la política del intervencionismo estatal buscaba oxigenar la menoscabada caja fiscal. Esta acción del gobierno evidenció no solo la radicalización de las medidas económicas del estado frente a la galopante crisis, sino el intento consciente, por parte del gobierno, de asumir el control real de una nueva riqueza que podía colaborar en un próximo ciclo de expansión exportadora. El capital inglés y la burguesía chilena se vieron afectados por esta medida, pues ambos tenían cierto control de las salitreras ubicadas en Tarapacá. La conformación de la Compañía Nacional del Salitre golpeó duramente los intereses que se gestaban en el tratamiento de dicho recurso en el sur, lo que luego desencadenaría la guerra del Pacífico. Sin embargo, esta medida fue importante, pues esto hubiese implicado generar un proceso de producción nacional administrado desde el Estado y no desde una élite rentista.

• Con Pardo, en el año 1876, el contrato Dreyfus fue reemplazado por el contrato firmado entre Raphael & Sons y los capitalistas peruanos Carlos Gonzales Candamo y Arturo Heeren, quienes formaron la Peruvian Guano Company. Dreyfus se opuso a estas medidas que buscaban quitarle el monopolio del guano (…) El conflicto con Dreyfus acentuó la incapacidad de Lima para cubrir el servicio de la deuda externa, lo que significaba un cese de pagos de facto que afectó el crédito del país en el extranjero. Estos hechos ocurrieron en medio de una recesión internacional e intensificaron la crisis monetaria y económica del país.

• En el aspecto educativo, Pardo buscaba forjar identidades colectivas, implementar mecanismos de homogenización cultural desde la perspectiva del ciudadano republicano. En ese sentido, crea la Ley de Instrucción, la Ley Orgánica de Municipalidades y la refundación de la Guardia Nacional. Estas instituciones tenían que ser reforzadas por una campaña de fortalecimiento ideológico a través de mecanismos que permitan la concreción de la utopía republicana. En este contexto, la obra publicada en 1874 por la Secretaría de Educación para las escuelas primarias, “Catecismo Civil de los Deberes y Derechos del Ciudadano”, cobra interés y mucho significado para el proceso que iba implementando el civilismo.

• Es importante resaltar que la ideología ciudadana no se limitó en el espacio urbano. “La resolución suprema del 13 de marzo de 1874 dictaminó que la Gramática y Diccionario Español-Quechua / Quechua-Español, compuesto por José D. Anchorena, tuviera difusión nacional.

• El Reglamento de instrucción de 1876, dictado por el gobierno de Pardo, fue otra iniciativa del régimen en su afán de generar las condiciones materiales para la concreción del ideal republicano. Este reglamento permitía la contratación, por parte del Estado, de un plantel de maestros nacionales y extranjeros calificados, así como la fundación de escuelas de ingenieros civiles y de minas (antecedente de la Universidad Nacional de Ingeniería), escuela de agricultura (antecedente de la Universidad agraria) y la escuela de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchos intelectuales dedicados a la tarea magisterial se comprometieron en esa tarea de crear consciencia nacional e inculcar los ideales de la república a las nuevas generaciones. También fue creada la Escuela de Bellas Artes y la Escuela Normal de San Pedro, que formaba a las mujeres en la carrera magisterial.

• La Guardia Nacional, fundada en 1872 en la administración civilista, era considerada por Pardo como “el partido armado”. Esta institución armada cumplió importantes funciones políticas, y por esa razón, los nombramientos de los jefes de la misma fueron hechas directamente por el gobierno. De esta manera, Pardo empezó con el proceso de la especialización de las fuerzas armadas.          

Reflexiones finales

La propuesta civilista, la cual buscaba concretar los ideales de la república a través del fortalecimiento del Estado y de la acción pública, generó diversas reacciones dentro de la sociedad peruana. Es preciso señalar algunas de ellas. Empecemos con señalar que el ideario civilista de la república práctica fue elaborado por una parte significativa de la élite limeña. Como hemos visto, los líderes fundadores del Partido Civil fueron hombres que pertenecían a la clase dominante, muchos de ellos ligados al negocio del guano. Pardo, el líder máximo de los civilistas, venía de una familia aristocrática. Lo significativo de Pardo fue su inclinación intelectual y política, sin dejar de ser nunca un hombre fundamentalmente de negocios. Su formación de orientación positivista y sansimoniana recibida en Francia marcó el camino doctrinario del ideario y del discurso político del civilismo. Lo importante a señalar, tomando en cuenta las características propias que dieron origen a la propuesta civilista, a mi juicio, es lo siguiente: el civilismo fue un intento de construir ciudadanía desde arriba, desde la acción pública y del fortalecimiento de las instituciones; los cambios que originó el civilismo fueron importantes, sobre todo en materia de educación, especialización de las fuerzas armadas, reformas fiscales, sin embargo, estas no significaron para el imaginario político de la sociedad peruana una ruptura radical con el antiguo modelo de dominación de las elites militares y económicas. 

La idea de construir ciudadanía fiscal fue asumida por los civilistas como una de las formas que llevaría a crear conciencia ciudadana, que haría posible la materialización de los ideales de la república. Esta idea iba unida a una fuerte política educativa orientada a construir hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la nación. Sin embargo, este discurso no nace como una iniciativa desde abajo, es decir, desde las élites locales y comerciantes nacionales que se veían desplazados y excluidos de la participación de las rentas del guano. La concreción de la república, la necesidad de crear hombres y mujeres libres y ciudadanos que participen del aparato público, no era un ideal propiamente expandido en la conciencia de la población menos favorecida en el contexto de las políticas de los caudillos militares y de la clase económica dominante. El paternalismo se articulaba a una vida social regulada intensamente por la doctrina cristiana de la iglesia católica y, por otro lado, la ausencia material del Estado en la regulación de las relaciones sociales y productivas que se gestaban en el interior del país era manifiesta. La burguesía comercial del capitalismo emergente fue un anexo necesario y significativo para fortificar socialmente la política de inclusión pluriclasista del civilismo. No obstante, pese al discurso populista que exaltaba al trabajador como el héroe de la nueva historia republicana, el liderazgo lo mantenía la versión crítica de la oligarquía guanera. A nivel de imagen política, ello permitió que las bases populares del civilismo criticasen fuertemente al civilismo llamándolos “la argolla”. Hay que recordar que la sociedad de entonces era fundamentalmente indígena y que vivían a nivel de subsistencia. Este sector enorme de la población peruana vivía a espaldas de las decisiones del gobierno central. La cultura precolombina del pasado andino no formó parte del ideario civilista, sino que fue absorbida y asimilada a las categorías etnocéntricas del liberalismo europeo. En ese sentido, el ideario civilista quería crear las condiciones materiales y simbólicas desde las instituciones para concretar el ideal republicano; es decir, ajustar la realidad y amoldarla a las categorías abstractas del pensamiento eurocéntrico. En ese sentido, caía en un idealismo propio de los liberales de aquella época. La practicidad de Pardo se verifica en las acciones que realizó como ministro de Hacienda y como presidente de la República. Sin embargo, lo impráctico de su propuesta se verifica en la forma de su pensamiento con respecto a la creación de una conciencia ciudadana desde arriba, desde la élite más excluyente de entonces, la élite más rentista y racista que dominaba el aparato público. Como señala Manrique: “La visión profundamente racista de la oligarquía con respecto a la población indígena, impidió los esfuerzos por integrar el país en una forma que hubiese servido como base para la industrialización”.

Desde este enfoque, la propuesta civilista fue fundamentalmente reformista y crítica. Sin embargo, no implicó una ruptura clara y dura con respecto a la estructura oligárquica. Las relaciones sociales de dominación siguieron intocables, así como la preponderancia de la política rentista de la clase dominante.

Es importante señalar también que Pardo fundó el primer partido político moderno. Impulsó, como intelectual crítico y político, la necesidad de construir ciudadanía y una clase económica nacional nacida del empresariado moderno. Criticó el modelo primario exportador y planteó la importancia de la diversificación productiva con miras a fortalecer el mercado interno. Por ello, el pensamiento de Pardo cobra mucha actualidad, pues aún en nuestros días seguimos discutiendo en torno a la necesidad de generar mejores condiciones para el empresariado nacional, para el fortalecimiento del mercado interno, y a la importancia de ir rechazando esa imagen ideológica del “Perú – país minero”. Esa imagen colonial del Perú persiste y se refleja en las relaciones sociales de producción, perennizando de esta manera el trabajo precario, la devastación ecológica, la violación de los derechos colectivos de las comunidades campesinas y aborígenes, etc. Es importante que la dinámica política en la historia de nuestro país nos permita comprender que la constante siempre ha sido el déficit de ciudadanía y la lógica rentista y corrupta de la clase dominante. Por lo tanto, el trabajo que nos queda es crear más y mejores condiciones para construir ciudadanía.    

Bibliografía:

Contreras, C (2012). La economía pública en el Perú. Después del guano y del salitre. Crisis fiscal y élites económicas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Del Águila, A (1997). La ciudadanía corporativa. Política, constituciones y sufragio en el Perú (1821 – 1896). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

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Klarén, P (2004). Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Mc Evoy, C (1997). La Utopía Republicana. Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919). Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Quiroz, A (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

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[1] La modernización tradicionalista pretende recibir elementos capitalistas, pero sin modificar la estratificación social. Mientras que la modernización capitalista es promovida desde abajo por la clase social insurgente (la burguesía), la modernización tradicionalista es promovida desde arriba por la clase social dirigente (…) generándose contradicciones complicadas entre esta percepción aristocrática de la sociedad y las ideas liberales que se importan en razón de la modernización.

*Hernán Herbozo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Ciencias Sociales y Humanas con Mención en Ciencia Política por la Université Lumiere Lyon 2 en Francia. Actualmente es profesor de la Cátedra en la UNMSM y se desempeña como consultor independiente en temas relacionados a proyectos de desarrollo social y relaciones comunitarias, así como al análisis de políticas públicas en materia de salud pública.