Por Adrián Tamariz

En los últimos días se viene probando que, lamentablemente, en el Perú estamos lejos de aplanar la curva de contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19). Tan real y doloroso como suena. En esta situación, resultan inevitables mayores medidas de aislamiento social, con sus consecuentes impactos sobre la economía de personas, familias y empresas.

Si bien, inicialmente, el paquete de estímulos económicos brindado por el Gobierno para hacer frente a esta coyuntura –el más grande de la región en términos de puntos porcentuales del Producto Bruto Interno– recibió opiniones favorables de propios y extraños; la evolución de la situación semana tras semana lo ha hecho notar insuficiente. No tiene caso buscar culpables de ello, sobre todo cuando estas políticas públicas se desarrollan en un contexto de alta informalidad, y con un aparato social y educativo no preparado para emergencias como esta.

Es necesario, entonces, pensar en soluciones que hagan menos difíciles las extensiones de la cuarentena, así como el retorno a una vida en común muy diferente de como la conocíamos. Una de ellas es el ingreso básico universal (IBU): una transferencia directa de dinero a los ciudadanos de un país, bajo ninguna condición en particular. Es muy sencillo imaginar cómo funcionaría, tomando en cuenta las experiencias de los bonos entregados a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, en los ámbitos urbano y rural, así como para los trabajadores independientes: cualquier ciudadano o ciudadana, con su Documento Nacional de Identidad, podría optar por el cobro en efectivo o mediante depósito en cuenta bancaria, de un monto que debería resultar suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación y transporte durante la cuarentena.

Evidentemente, implementar el IBU comprometería una importante partida del presupuesto público. Pese a ello, considero que es un gasto que el Estado Peruano debería asumir en estos momentos de emergencia. Son conocidas las quejas y reclamos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad que han sido considerados como “no elegibles” para los bonos antes descritos: desde jóvenes profesionales que se han quedado sin trabajo, pasando por adultos que viven de lo que día a día ganaban trabajando en “cachuelos” o empleos informales, hasta llegar a mujeres, ancianos y ancianas no registrados en los distintos programas de desarrollo social ¿Qué apoyo se les está dando en estos momentos? ¿Cómo podemos esperar que cumplan el distanciamiento social, si cada día bajo el mismo es un día más de vulnerabilidad y preocupación, un día más de riesgo de caer en hambre?

Sería inexacto decir que el IBU solucionaría las carencias estructurales de nuestro país, hoy más evidentes que nunca. Sí creo que, aplicada en este contexto excepcional, nos ayudaría a prevenir el surgimiento de mayores desigualdades sociales, conflictos y frustración ciudadana –que bien sabemos son caldo de cultivo para amenazas a nuestra ya precaria vida democrática.

Esta política, además, no debería generar debates en los que abunde el pánico ideologizado (como ya ha sido visto en redes sociales), o el miedo sobre el impacto en nuestras finanzas públicas. Incluso en un contexto como este, el Perú mantiene su credibilidad en los mercados internacionales, siendo capaz de emitir bonos por US$ 3 mil millones, frente a agentes dispuestos a comprar hasta ocho veces dicho importe. ¿No tiene sentido, acaso, tomar ventaja de dicho prestigio para mejorar el bienestar social del país?

La crisis del coronavirus presenta una oportunidad para, al menos, debatir seriamente una política pública que puede resultar efectiva y de ayuda para muchas familias peruanas en una situación difícil. Resulta injusto y desigual que sólo una minoría formal esté en mejor posición de enfrentarla, mientras que el resto echa mano de los recursos que puede y, con afán de subsistir, se expone al letal riesgo de contagio.

Adrián Tamariz Flores es Bachiller en Economía y Políticas Públicas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Consultor en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Actualmente, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas en Sciences Po, París, Francia.

Edición: Sandra Miranda