Por: Rodolfo Benites

La elección del ex Superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como nuevo Ministro de Educación sugiere un nuevo impulso para una de las reformas más relevantes y audaces emprendidas en nuestro país en la última década. ¿Qué podemos esperar los próximos meses en la reforma de la Educación Superior, considerando las actuales condiciones? A continuación, ensayo unas ideas.

Un renovado liderazgo en la cartera educativa

Con los arreglos institucionales existentes (sin un Viceministerio de Educación Superior, por ejemplo), la expectativa habitual es la elección de un ministro o ministra que, desde el primer día, centre su interés y esfuerzos en los retos de la educación básica. Es natural y comprensible. Sin embargo, es necesario convencer al nuevo líder sobre la importancia y urgencia de continuar y profundizar la reforma de la educación superior.

La elección del ministro Benavides puede romper con este supuesto. Su experiencia al frente de la SUNEDU, y sobre todo su trayectoria académica, evidencian un interés profundo y genuino por la educación superior. Podríamos augurar, entonces, un liderazgo de quien tiene una comprensión integral de la complejidad de la experiencia educativa con atención a las desigualdades, y una gestión que combine la practicidad y responsabilidad. Para un Ministerio de Educación que ha navegado entre priorizar la cantidad de recursos que invierte y la visibilidad política de sus intervenciones, estas son muy buenas noticias.

Más allá de la agenda pendiente

Desde la aprobación de la Ley Universitaria en el 2014 y la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior en el 2016, existe una agenda en la educación superior que suele recordarse con cada cambio de cartera educativa. Sin embargo, es claro que estamos en una situación extraordinaria. Las bancadas y coaliciones en el nuevo Congreso auguran poco margen de acción al Ministerio de Educación –y, en general, al gobierno– para desarrollar reformas dependientes de modificaciones legislativas. Asimismo, se espera una Comisión de Educación que se dedique a batallar constantemente con el Ejecutivo en torno al enfoque de género en el currículo nacional. Con un Congreso renovado y de mayoría conservadora, es posible que el Ministerio de Educación deba enfocarse en las apuestas que están enteramente en su ámbito de acción, y de las que pueda capitalizar políticamente en el corto plazo.

Resalto cuatro de ellas. En primer lugar, y como muchos especialistas aciertan, el ministro Benavides deberá concluir con el diseño de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva y su aprobación respectiva. Esta no es una tarea menor, en tanto su principal desafío es integrar y armonizar la educación superior y técnico-productiva en una apuesta común, reconociendo la diferencia de objetivos, potencialidades y realidades de las universidades, los institutos tecnológicos, las escuelas de formación artística, los institutos pedagógicos y los centros de educación técnico-productiva, tanto públicos como privados. Si existe algo que les debe el Estado a los jóvenes peruanos, es una estrategia clara y efectiva que les permita transitar trayectorias diferenciadas en la educación superior, que conlleve a una mejora real e integral en su bienestar. La política nacional es un paso esencial para reparar esta deuda histórica.

En segundo lugar, la aprobación de esta política tendría que guiar un cambio sustancial en el financiamiento de la educación superior y sus distintas alternativas. La educación superior de calidad, pertinente e inclusiva cuesta, y mucho. Y la escasez de presupuesto público para el financiamiento de esta etapa sugiere la necesidad de apalancar nuevos recursos (dentro y fuera del sistema educativo) y de optimizar los ya existentes. La sinceridad del Estado en este proceso es clave: ¿cuánta oferta de educación superior y técnico-productiva, de calidad, pertinente e inclusiva, es capaz de financiar? Es posible que el Ministerio de Educación pueda llegar a un acuerdo con la cartera de Economía y Finanzas para iniciar este trascendental proceso.

En tercer lugar, como ya se ha mencionado en este y otros espacios, es imperativo crear un Viceministerio de Educación Superior. Se requiere contar con un vocero técnico-político que atienda, institucionalmente, la problemática de la educación superior y que asegure que, en el mediano y largo plazo, ningún titular de la cartera descuide esta reforma ni la mejora continua de esta etapa educativa.

En sistemas universitarios de calidad en la región (Brasil, México, Argentina y Colombia), la educación superior se lidera en un nivel ministerial o viceministerial del sector educación. Tras más de 5 años, la reforma de la educación superior requiere institucionalización.

Finalmente, el Ministerio debería fortalecer un trabajo que, cuando produzca resultados en el mediano y largo plazo, cambiará completamente cómo se aborda la educación superior en nuestro país. Si se desea hacer realidad el discurso de la educación como base para el desarrollo, es esencial acercar el mundo educativo al mundo del trabajo y viceversa. Para lograrlo, una de las rutas más claras y organizadas es la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones, alimentado constantemente por Consejos Sectoriales (en donde exista una participación multiactor y multinivel). Este marco permitiría alinear las políticas y estrategias educativas a los principales desafíos de desarrollo humano en nuestro país, lo cual constituiría un avance sustancial en el desarrollo de la educación peruana.

Tiempo de definiciones en la educación superior

En Educación Superior, gestiones pasadas han dejado situaciones que requieren ser abordadas antes del inicio de un nuevo gobierno. En la educación universitaria resulta ineludible atender las consecuencias del proceso de licenciamiento público. El Ministerio de Educación ha asumido la responsabilidad de atender directamente la oferta pública no licenciada. Aquí, existe el reto complejo de balancear tres aspectos: la responsabilidad del Estado frente a la oferta pública, la protección de los estudiantes afectados tras el cierre, y la defensa de la valla de calidad, una apuesta central de la reforma universitaria. Renunciar a este desafío sería reconocer, de manera tácita, que el Estado aún avala la existencia de una educación de baja calidad para las poblaciones más vulnerables.

En la educación superior tecnológica se requiere fomentar intensamente la vinculación de los institutos tecnológicos y los sectores productivos (nacionales, regionales y locales). Los procesos de optimización y licenciamiento crearán las condiciones para iniciar sinergias público-privadas en este ámbito. Asimismo, es importante decidir el futuro de los 26 Institutos de Excelencia. Estos, creados y reforzados por la emoción política de anteriores titulares de la cartera, constituyen un desafío que excede los recursos disponibles por el Estado (el Ministerio, los gobiernos regionales y locales) y la inversión privada. En ese sentido, se requiere una reflexión profunda no solo sobre su viabilidad, sino principalmente sobre la regulación de las expectativas de todos los interesados.

En la educación superior pedagógica, resulta imperioso evaluar si los medios de verificación establecidos en el procedimiento de licenciamiento son los adecuados para garantizar sus fines. Asimismo, es importante que, luego del licenciamiento de la oferta pública, los institutos transiten hacia la implementación del Modelo de Servicio Educativo, proceso que no ha logrado iniciarse y sobre la cual está pendiente una ruta clara y efectiva. La educación superior pedagógica debe ser priorizada porque conecta directamente con el desempeño de los futuros docentes (ante el inevitable cese de más de 30 mil docentes en los próximos 5 años) y, por tanto, con la mejora de los aprendizajes de niños y niñas de miles de escuelas públicas.

El éxito de este trabajo contribuirá con la revalorización de la carrera docente y permitirá crear un círculo virtuoso entre la educación básica y superior, tarea pendiente y casi siempre postergada.

Finalmente, en cuanto a los centros de educación técnico-productiva, el desafío es incluirlos en el impulso de la reforma de la educación superior. Históricamente abandonados, empobrecidos y deslegitimados por el sector productivo y la sociedad, estas 1800 instituciones requieren urgente atención. Estas instituciones, al margen de lo que se pueda creer, albergan a una mayoría de jóvenes y adultos que ya han concluido la educación secundaria (70%, aproximadamente) y que ansían una formación y capacitación corta, útil y pertinente. Iniciar su transformación es un gran pendiente del sector educación y una excelente oportunidad para dar señales de cambio. 

En general, pese a la dificultad de los desafíos, existe una alta expectativa en la continuidad y profundización de la reforma de la educación superior. Actualmente, los 2.6 millones de jóvenes y adultos peruanos que participan en esta etapa educativa, deberían estar en camino de obtener capacidades sociales e intelectuales para un efectivo ejercicio de su ciudadanía y una participación en la economía y el desarrollo sostenible de su entorno. Con un nuevo liderazgo en el Ministerio de Educación con capacidad técnica y enfoque humanista, estamos frente a una oportunidad inmejorable para abordar este reto de una manera integral y menos instrumental.

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Rodolfo Benites es politólogo por la PUCP y magíster en políticas públicas por King’s College London. Actualmente, es consultor en temas de políticas públicas y educación terciaria. Además, es miembro del Grupo Permanente de Política y Políticas Públicas para el Conocimiento del Consorcio Europeo de Investigación Política (ECPR).

Edición: Sandra Miranda

Diseño de imagen: Cristhian Rojas