Entrevista y edición por: Sandra Miranda

Diseño de imagen: Cristhian Rojas

En este tiempo, mucho se ha discutido sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso, la legitimidad de la juramentación de Mercedes Aráoz y la legalidad de las medidas de la Comisión Permanente. Resulta interesante contar con opiniones legales tan diversas, pero lo cierto es que, el único que puede definir constitucionalmente este tema es el Tribunal Constitucional Peruano (TC). Al respecto, el día de hoy, el TC ha declarado la admisibilidad de la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea y, a su vez, ha rechazado la medida cautelar que buscaba suspender las elecciones del 26 de enero próximos. En lenguaje no jurídico eso significa que el Tribunal podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto pero que el proceso electoral sigue en marcha.  

Esa certeza permite mirar con mayor tranquilidad el panorama venidero y realizar una reflexión sobre los procesos políticos y sociales (y ya no solo los constitucionales) que viene afrontando el país. Por ello, desde Politeama, hemos consultado a dos polítólogas para comprender mejor el impacto social de la disolución y el ánimo nacional frente a estas nuevas elecciones congresales.

Katherine Zegarra: “No creo que algún partido esté realmente listo para esta elección puesto que es repentina. Probablemente, volvamos a ver alianzas que se disuelven llegando al poder”

Antes del 30 de setiembre, el reclamo popular de que se cierre el Congreso era cada vez más fuerte, de no haberse concretado, ¿esta situación hubiese desencadenado una crisis social como la que atraviesan otros países de la región?

Si bien existe un descontento hacia la clase política, este sentimiento no es novedoso, por lo que es complicado predecir una crisis social. Estas tienden a ser la expresión de una serie de sentimientos negativos que los ciudadanos y ciudadanas acumulan por un mal manejo político o económico, por lo que la situación deviene en insostenible. Definitivamente, indigna el blindaje a personajes cuestionados y otros actos de impunidad generados por el Congreso disuelto, pero valgan verdades, eso no es algo que no haya ocurrido antes. Es decir, hemos y seguimos conviviendo con la corrupción y la impunidad. Ese descontento no necesariamente se desencadena en manifestaciones, también puede canalizarse votando por un/a candidato/a anti sistema.

Por otro lado, y desde mi punto de vista, es importante comprender que el cierre del Congreso no es saludable para nuestra joven democracia, a pesar de que es entendible la indignación popular. Y digo esto porque, a la larga, va a resultar peligroso que se vea (la disolución) como una salida habitual ante el conflicto entre poderes o cuando el partido de gobierno no tenga mayoría congresal. Que el Congreso sea una institución impopular, no significa que no lo necesitemos.

¿Quién gana y quién pierde con lo sucedido el 30 de setiembre? ¿Cuál crees que es la imagen más importante de lo ocurrido ese día?

A corto plazo, se ve mucho más fortalecido el Ejecutivo, especialmente Vizcarra, mientras que los congresistas fujimoristas y apristas se han debilitado más. Por su parte, la figura de Mercedes Araoz se ha visto altamente perjudicada. Sin embargo, a la larga todos perdemos. La institucionalidad se debilita, pues se van difuminando la estructura del equilibrio de poderes. Como señalé, el cierre del Congreso genera un mal precedente democrático, pues las y los políticos deben ser capaces de llegar a consensos mínimos y compartir una agenda en común.

Respecto a la imagen más importante de ese día, te diré que, para mí, el que la mayoría fujimorista haya impedido el ingreso de Salvador del Solar al hemiciclo (y encerrar a los congresistas por algunos minutos) es una de las más fuertes, fue una muestra clara del cierre al diálogo. Otra imagen es la juramentación de Mercedes Araoz, esta imagen es terrible porque generó confusión a la población. Tomando en cuenta que la desinstitucionalización es la pérdida de la estructura y de pautas, que brindan orden y predictibilidad a la sociedad, esta juramentación significó el quiebre de las reglas básicas de nuestro sistema político.

¿Qué rol debe jugar el nuevo Congreso? ¿Qué partidos se encuentran mejor preparados para este tramo electoral? ¿Cuáles son los temas urgentes que deberían priorizarse?

Es importante que el nuevo congreso pueda fortalecer los lazos de representación que se tiene con la población, sin embargo, esta tarea es complicada pues tienen un periodo muy corto y los partidos son débiles en el Perú. En este sentido, no creo que algún partido esté realmente listo para esta elección puesto que es repentina. Probablemente, volvamos a ver alianzas que se disuelven en el poder.

Respecto a los temas más urgentes, me parece prioritario realizar la reforma política, que es una tarea bastante compleja de por sí. Es necesario enfocarse en mejorar la representación ciudadana, lo que incluye la paridad, alternancia y cuotas, fortalecer a los partidos políticos, transparentar sus finanzas y financiamientos, etcétera. Para ello, es necesario que los nuevos congresistas -y sus partidos- se comprometan con esta agenda. 

KATHERINE ZEGARRA es politóloga por la PUCP y especialista en análisis parlamentario y de género. Maestrante de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España.

Beatriz Córdova: “La disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, si algo han logrado, es detener la visible hemorragia de nuestra institucionalidad democrática”.

Según tu opinión, ¿desde cuándo comienza la crisis entre el Ejecutivo y Legislativo? ¿existió alguna otra forma de resolverse? ¿Se puede afirmar que la democracia “está herida”?

Los resultados de la elección presidencial de mayo de 2016 fueron, sin duda, el primer augurio de conflicto, el cual, desembocaría de forma creciente en los siguientes años entre los máximos poderes del estado: el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto se veía venir no solo por el apretadísimo margen de victoria de PPK, sino también por la negativa de Fuerza Popular y su lideresa a reconocer públicamente los resultados, asegurando que implementarían sus propuestas de gobierno desde el Congreso. Creo que los enfrentamientos Ejecutivo-Legislativo que llegaron después son consecuencia de esta consigna y que la disolución solo hubiese podido evitarse en el supuesto que el fujimorismo la hubiese abandonado, capitalizando el lugar que le correspondía en este periodo.  

Si nos referimos más específicamente a la crisis que se desata durante la segunda etapa de gobierno, a mi parecer el punto de inicio estuvo marcado por el escandaloso blindaje a la corrupción desde el Parlamento, puesto que fueron estas actitudes las que brindaron las armas políticas a Vizcarra para confrontar legítimamente a la mayoría parlamentaria, llamando más adelante a referéndum para la aprobación de la reforma política y presentando la propuesta de adelanto de elecciones. Fue justamente el archivamiento de esta última la cúspide del conflicto y, su remate, la negativa a debatir la propuesta del ejecutivo sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

La disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, si algo han logrado, es detener la visible hemorragia de nuestra institucionalidad democrática. Sin embargo, no debemos perder de vista que las grandes cuestiones de fondo aún no están resueltas y que mientras los actores políticos sigan siendo los mismos, podemos esperar el retorno de la sintomatología que nos llevó hasta la reciente crisis política.

Ahora que apreciamos las nuevas alianzas y pactos políticos, según tu parecer, ¿es el momento de la derecha, de la izquierda o de las alianzas electorales para llegar al gobierno?

En este contexto, considero que las alianzas jugarán un rol visible en la elección 2020. No solo porque los partidos deberán sumar liderazgos regionales que les permitan presentar listas atractivas ante el electorado, sino también porque existen proyectos políticos en gestación e incluso políticos o grupos de políticos en orfandad que se encuentran en búsqueda de espacios de participación. Estos pactos y alianzas pueden ser la antesala de lo que vendrá en el 2021, más aún frente al fuerte debilitamiento de los partidos nacionales.

Los partidos más ubicados hacia el centro del espectro político y con menos anticuerpos probablemente tengan un espacio importante en el actual proceso electoral y aun en el 2021. Creo que uno de los ingredientes que el electorado ponderará en la elección presidencial es el contenido social de las propuestas y en ese sentido, la izquierda ha debido capitalizar mejor sus estrategias de alianza y acercamiento electoral. Además, la aparición de outsiders de corte populista no debe quedar fuera del mapa.

Al convivir con problemas similares, ¿cómo debemos leer las protestas sociales de Ecuador y Chile? 

Lo sucedido en Ecuador y Chile debe leerse como el estallido de la indignación popular frente a medidas y modelos económicos que han profundizado las desigualdades, las mismas que no son ajenas a la configuración social peruana. Ecuador ha sido el recordatorio que la histórica invisibilización de la problemática de nuestros pueblos indígenas y comunidades campesinas, es una bomba cuya mecha se está consumiendo sin haber sido debidamente atendida por ninguno de nuestros gobiernos. Chile, por su parte, es evidencia que, al hablar de desarrollo, debemos dejar de hacerlo únicamente bajo los estándares de la mirada macro, la de la gran economía, la de las estadísticas generales que en apariencia dan cuenta de una economía galopante pero que en el fondo esconden los profundos descontentos que surgen como consecuencia de las brechas sociales, el desempleo y el encarecimiento de la calidad de vida.

La crisis política de los últimos meses ha logrado dejar en segundo plano la crisis social en permanente latencia, marcada sobre todo por conflictos en torno a proyectos mineros y el manejo de recursos, pero también por políticas laborales que afectan a miles de trabajadores, encareciendo las ya paupérrimas condiciones de trabajo en el Perú. Una vez pasado este periodo de tregua, estos sectores exigirán legítimamente la atención de sus demandas y este gobierno y los que vienen tienen la obligación política de estar preparados para ello.

BEATRIZ CÓRDOVA es politóloga por la UNMSM. Especialista en elecciones, gobernabilidad y género.