El Ecuador de la crisis y otros demonios

Por Mauricio Maldonado Muñoz

No sé bien por donde debería empezar. En cualquier caso, quisiera decir que no pretendo presentar sino una panorámica de lo que ha sucedido en Ecuador en estos días fatídicos. Una radiografía precisa de la situación me parece, ahora mismo, imposible de realizar. Nos tomará años tratar de entender y reconstruir todo lo acontecido. En la medida de lo posible, sin embargo, trataré de tocar algunos de los que, a mis ojos, son los aspectos más importantes de esta crisis (un paro nacional que terminó, entre otras cosas, con la ciudad de Quito en toque de queda después de algunos actos de auténtico terrorismo): la peor desde que Ecuador regresara a la democracia en 1979. Ahora bien, creo que llegar a ese punto, a esa aproximación que propongo, no se puede hacer sin analizar algunos aspectos que nos ayuden a entender cómo llegamos hasta acá. Veamos.

Ecuador fue uno de los primeros –acaso el primero– en librarse de una dictadura militar en nuestra región. Más aún, lo hizo de una forma relativamente pacífica, sin demasiados sobresaltos. De hecho, la propia dictadura militar ecuatoriana (1972-1978, incluyendo los gobiernos de Rodríguez Lara y el triunvirato) no se cuenta entre las dictaduras cruentas que asolaron buena parte de nuestra región. La nuestra era una “dictablanda”, suele decirse a menudo. Evitamos, entonces, la tiranía de otros países. Años después, por otra parte, logramos terminar de modo pacífico (con la entrega de las armas de los “rebeldes” al presidente Borja) el intento de subversión que aquí hubo. Como bien se sabe, Perú y Colombia no corrieron con la misma suerte; en el último caso, de hecho, algunos de tales problemas persisten hasta hoy.

Por lo antedicho, nos habían hecho creer que Ecuador era una especie de “isla de paz”. Ya desde la escuela lo aprendimos. Incluso en medio de los conflictos armados que afrontamos con el Perú reivindicamos la paz como un valor muy nuestro. Sabíamos de nuestros sempiternos defectos, por lo demás no ajenos a casi todos los países latinoamericanos, pero queríamos creer en nuestras virtudes, aquellas que nos habían evitado los males más terribles de la región. No digo que en esto no haya un cuerno de verdad, que lo hay. Pero la realidad era bastante más compleja. Nuestra paz siempre estuvo amenazada por otros factores internos. Durante mucho tiempo “escondimos bajo la alfombra”, a lo sumo le dimos “una mano de pintura” a otros problemas que se venían gestando –de a poquito, casi sin que nos diésemos cuenta– en nuestra sociedad.

La exclusión centenaria de ciertos grupos sociales, de la que se derivaban el clasismo y el racismo más o menos comunes entre las clases medias y altas –en general entre los que la población indígena llama “blanco-mestizos” (una contradicción en los términos si no tuviese un componente cultural “de clase”)– fue erosionando el terreno sobre el que nuestro “tejido social” pretendía descansar. De pronto, en el gobierno de Rodrigo Borja, en 1990, un levantamiento indígena sin precedentes buscó el reconocimiento que se les había negado. No había dudas de que habían sido invisibilizados, desclasados, incluso desplazados. Una realidad que muchos de nuestros antepasados ignoraban o, en no pocos casos, justificaban. La realidad de nuestra sociedad era esa y no se puede esconder. Como decía Huxley, «grande es la verdad, pero más grande todavía, desde el punto de vista práctico, el silencio sobre la verdad». Y grandes fueron las consecuencias de nuestro silencio.

En medio de una política siempre convulsionada, de una “pugna de poderes” constante, de partidos tendencialmente caudillistas y de aspirantes a caudillos bastante populares, logramos, a pesar de todo, mantener un cierto equilibrio hasta que finalizara el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1996). Pero el siguiente presidente, Abdalá Bucaram, apenas duró seis meses. Fue derrocado y se exilió en Panamá. Los que le siguieron (Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron también defenestrados. Mahuad tuvo que huir después de la mayor crisis económica de nuestra historia. Por su parte, Gutiérrez cayó como consecuencia de haber traído del exilio a Bucaram gracias a la “instalación” de una Corte Suprema funcional al bucaramismo. En vano Gutiérrez trató de salvarse del descontento quiteño y de un enemigo implacable, León Febres Cordero (a quien se le llamaba “el dueño del país”, el caudillo del Partido Social Cristiano), cuyo partido contralaba, en buena parte al menos, grandes cuotas de poder y sobre cuyos hombros pesaba el autoritarismo de un período nefasto. Y como si se hubiese tratado de una bomba de tiempo, el grito de las calles que reclamaba “que se vayan todos” en 2005 (cuando cayó Gutiérrez) fue capitalizado por un outsider en las elecciones de 2007. Se trataba de Rafael Correa.

El correismo, como alguien señaló hace muchos años, logró millones de adeptos gracias a que se presentó como una especie de exorcista de los grandes males ecuatorianos; en lo principal, del mayor de sus demonios: la política autoritaria, populista, incluso violenta (típicamente socialcristiana, pero no solo), que habíamos vivido en buena parte de nuestra convulsa democracia. El enemigo a vencer era la así llamada “partidocracia”. Lastimosamente, el correismo no solo que reprodujo los viejos males de esa misma partidocracia, sino que los concentró, los perfeccionó, los hizo suyos y los justificó. Y a pesar de que aún conserva algo de la popularidad que llegó a ostentar, no es ni la sombra de lo que fue. El apoyo que concentra hoy es –y creo que no exagero en lo más mínimo– ampliamente superado por el odio que logró infundir en mucha gente. Muchos de ellos directamente afectados por él, sobre todo la prensa y los movimientos sociales (y aquí incluyo a los indígenas). El movimiento indígena fue, después de un inicial hermanamiento, denostado prontamente por Rafael Correa: los llamó de ponchos dorados, los instó a bajarse de la nube rosa en la que viven, los vejó de varios modos, incluso les quitó la casa que tradicionalmente había ocupado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en la ciudad de Quito.

Sin embargo, la popularidad del correismo en sus “años dorados” era más que significativa, y residía principalmente en la obra pública –carreteras, hidroeléctricas, hospitales y escuelas– financiada por una década de bonanza, la mayor que haya conocido nuestra historia. Pero pronto empezaron a difundirse las denuncias de corrupción, a menudo silenciadas por Correa y su aparato de propaganda y de control. No hay que olvidar que contó con una Superintendencia de Comunicación y que admitió sin arrugarse que siendo jefe del Estado, era también el jefe de todas las funciones (en la práctica, por supuesto, lo fue). Pero hasta eso se hizo insostenible. Correa había llevado su poder –creo que impulsado por su ego– hasta niveles que se hicieron insoportables. Tanto que quien estaba llamado a conservar su “legado”, Lenín Moreno, ha dedicado buena parte de su presidencia a desmontar el aparataje correísta. Algunos de sus antiguos aliados están en la cárcel, otros esperan juicios, otros han huido. En consecuencia, la imagen de Moreno alcanzó niveles altísimos de popularidad (el rechazo a lo que se vio como una década de corrupción le ganó varios adeptos). Pero, como era de esperarse, su imagen se vio pronta y radicalmente mermada. La razón es simple: las cuentas fiscales no cuadraban ya, no obstante la bonanza de diez años. El Ecuador que recibió estaba endeudado, la burocracia se había multiplicado exponencialmente y los elefantes blancos no tardaron en dejarse ver en su “esplendor”: el más insigne de ellos es la así llamada “Refinería del Pacífico”, en donde se gastaron alrededor de mil quinientos millones de dólares, y que resultó ser nada más y nada menos que un terreno aplanado. Sin olvidar lo que se había perdido como producto de la ineficiencia (que no de la corrupción). Eduardo Valencia, economista aliado en los orígenes del correismo, mostró que solo un tercio de los recursos se había invertido efectivamente en obra pública. Economistas de otras tendencias, por su lado, no cesaban de señalar que la inversión privada –que no dejaba de llegar a Colombia y Perú– apenas, y a cuentagotas, llegaba al Ecuador. Y ni hablar de los préstamos con intereses altísimos en los que se había comprometido el Ecuador, o de la venta anticipada de petróleo que realizó Correa. La economía no pintaba nada bien para Moreno.

El presidente tuvo que hacer algunos ajustes, pero demoró muchas medidas urgentes, y aunque le hizo un lavado de cara a la Administración Pública, la impresión que ha quedado es que el Estado ha sido incapaz de hallar una solución completa o eficaz al problema. Hasta que llegó el día, el fatídico día, en que la oposición al correismo no bastó para que Moreno aupara simpatías. La eliminación del subsidio a los combustibles (una medida que muchos estimamos desde siempre necesaria) encendió una protesta entre los transportistas. Al inicio pareció poca cosa. De hecho, en pocos días la situación estaba solucionada. Pero nadie contaba con que los movimientos indígenas planearían una movilización sin precedentes, menos con que esta movilización terminara por salirse de sus propias manos –como ellos mismos se vieron obligados a reconocer– y con que nos llevara a vivir horas de terror. La imagen de la Contraloría General del Estado en llamas se quedará grabada en las retinas de todos los ecuatorianos. Vandalismo, saqueos, terrorismo (quemar la Contraloría fue eso)… un nivel de violencia nunca antes visto; todo eso lo vivimos desde nuestros celulares o por televisión, porque al final tuvo que ser decretado un toque de queda que muchos nos recluyó en nuestras casas, impotentes al ver como la fuerza pública a veces tenía dificultades para controlar los desmanes.

Los medios de comunicación apenas se daban abasto, muchos presentaban verdades parciales, en las redes sociales corrían rumores (algunos delirantes) y salieron a flote varias posturas deleznables en medio de algunas ecuánimes (la minoría, por desgracia). Las deleznables vinieron de la derecha y de la izquierda bajo la forma de dos versiones distintas de racismo: el prejuicio negativo (de quienes aprovecharon la situación para radicalizar su desprecio hacia los indígenas) y el prejuicio positivo (de quienes los presentan como si fuesen incapaces de todo mal, y que, en consecuencia, callaron frente a algunos episodios espantosos). Esto último debe ser subrayado. El respeto que merece el movimiento indígena y sus reivindicaciones históricas no puede alcanzar para justificar lo que sucedió en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito. Frente a unos cinco mil manifestantes, varios policías fueron “retenidos” (este es el eufemismo que se usó para no decir que estaban secuestrados), lo mismo que algunos periodistas, a la vez que sus líderes tomaban el micrófono y azuzaban a su auditorio. Ese día, el presidente de la CONAIE llamó “patojo de mierda” al presidente Lenín Moreno (Moreno es una persona con discapacidad), pidió a los militares que le quiten su apoyo, llamó al golpe de Estado. Habíamos llegado a un punto sin retorno. Y, como si fuera poco, a la salida de esa concentración un periodista de un canal privado fue víctima de un ataque rastrero (un “piedrazo” que le rompió la cabeza, dado a traición y por la espalda), en medio de la gente que gritaba “¡prensa corrupta!”. Una frase que Correa popularizó y que, por desgracia, caló en mucha gente.

Pero también vimos imágenes condenables –y que ojalá obtengan condenas, no solo morales– de abuso de la fuerza (personas sometidas a las que seguían golpeando en el piso, a toletazo limpio o a patadas). Imágenes que rompen el corazón solo de verlas, algunas que asimilábamos al modo de ser típicamente correísta, y que a muchos nos hizo recordar que también Moreno viene de allí, al igual que su Ministra de Gobierno, María Paula Romo. En algún momento, de hecho, una de las condiciones que los indígenas ponían para negociar era que se removiera de su cargo a Romo. Y es que había hecho algunos méritos, también antes, desde que hubo varias revueltas en las cárceles del país, pero sobre todo en medio de las protestas. Gases lacrimógenos fueron lanzados en los alrededores de las universidades que habían servido de refugio a los manifestantes. Eso, por supuesto, avivó el conflicto. Muchos empezaron a pedir revancha. Romo pidió disculpas, dijo que no estaba del todo claro qué motivó tal suceso. Sabía a poco. Pero ahí no acababa el tema. Cuando había que llamar a la calma, Oswaldo Jarrín, el Ministro de Defensa –militar destacado, pero con un discurso que se había quedado en los años 80’– salió a dar declaraciones en tono amenazante, recordando que los militares estaban preparados incluso para la guerra. De bajar el tono, ni hablar. Había que hacer esfuerzos para manejar tan mal la cosa.

Y mientras los manifestantes (indígenas y no) continuaban con la paralización, también nos llegaban imágenes desastrosas de policías a los que se les había prendido fuego, corriendo hasta que sus compañeros los socorrieran con un extintor. Imágenes del vandalismo que sufrió nuestra ciudad, nuestro patrimonio (Quito fue la primera ciudad del mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad), recorrían también las redes. El alcalde –antiguamente vinculado a Correa– realizó una labor apenas modesta. A las apuradas salió a pedir que vayamos a proteger nuestras fuentes de agua, incluso sorprendió ver que –como si fuese un tuitero y no una autoridad– pedía ayuda vía Twitter al Papa. Los candidatos a alcalde opositores y que miopemente dividieron la tendencia no pararon de señalar que su labor no había sido idónea. Como si esto fuera poco, su asesor económico, Pablo Dávalos, quien también había sido candidato a alcalde sin lograr apenas adhesiones, se presentaba como asesor o ideólogo también de los indígenas.

Recluidos en nuestras casas por el toque de queda, cansados, muchos quiteños empezamos a sonar nuestras cacerolas. El sonido fue estruendoso, casi conmovedor. Pero luego hubo desacuerdos acerca de cuál era la intención del “cacelorazo”. Porque los ecuatorianos hemos llegado a estar tan divididos que no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en las razones de un golpeteo sin fin de nuestras ollas. Los demócratas anhelábamos la paz, incluso a regañadientes algunos de los que defendíamos la medida tuvimos que señalar que el gobierno debía estar dispuesto a dar de baja la medida, a derogar el decreto que la había instituido, incluso a pesar de que –bien mirado– era una buena medida, necesaria (porque quienes más se benefician de los subsidios son los más “pudientes”, para no hablar del contrabando e incluso del narcotráfico). El mantenimiento de la paz, de la democracia y de la institucionalidad eran los valores que preservar. Porque ya nadie podía mirar a otro lado después de que Correa había tratado de varias formas de buscar la caída de Moreno. Ni siquiera los indígenas pudieron esconder que se les habían “infiltrado”. Salvador Quishpe, uno de sus dirigentes, dijo el viernes pasado que el movimiento indígena ya no estaba en control de la protesta, que era el correismo el que ahora la manejaba. Esto se veía en el nivel de la violencia. Y es que entre los “manifestantes” había algunos que claramente se habían venido preparando para el momento en que llegara la oportunidad de caotizar la ciudad y el país.

Prontos a desmarcarse, los líderes indígenas aceptaron dialogar con el presidente (eso sí, siempre que se trasmitiera en vivo y cumplidas ciertas condiciones). Y así acudimos, como si se tratara de un reality show, a algunos discursos interesantes y otros vacíos. Ahí vimos al presidente de la CONAIE, el que le había dicho “patojo de mierda” al presidente, el que había llamado a derrocarlo (para que se vea que no solo entre correístas se cuecen habas), siendo un interlocutor válido como cualquier otro. En muchos, la sensación era de impotencia y soledad. El Estado tenía que dar el brazo a torcer por un bien mayor, es verdad. Pero el descontento de una parte de las clases medias también se hizo sentir. En medio del diálogo televisado se supone que iba a darse un receso de quince minutos, quizás como parte de una estrategia inteligente –porque no hay negociación de este tipo que se pueda hacer en vivo sin que sus participantes traten de ensalzar consignas políticas–, y luego, dos horas después, se nos anunciaba que habían llegado a un acuerdo (“sustituir” el decreto por otro negociado y redactado en conjunto con los indígenas). Pero ojo, la situación era tan hilarante que luego llegaron a filtrarse vídeos en los que resultaba que las partes no habían entendido lo mismo por “sustitución”. Dávalos, el asesor o exasesor del alcalde de Quito (hay quien dice que ya renunció), insistía tozudamente en que lo único que aceptarían era la derogatoria del decreto. Aunque todo indicaba que después redactarían uno nuevo, ese sí consensuado. La cuestión es algo risible. Aquí lo importante era saber si mínimamente habría acuerdos en la forma en que se regularía el subsidio a la gasolina. Que si no había acuerdo en que lo de fondo era “revisar” la regulación, lo de “derogar” un decreto para crear otro, o “sustituirlo” con uno que incluya una disposición derogatoria solo haría diferencia en cuanto a los efectos de la regulación en el tiempo. Pero nada sustancial. Dávalos, que no alcanzó una votación superior al dos por ciento en Quito, estaba allí, como si fuese un representante del Estado (o un líder indígena, que tampoco), ayudando a decidir –aunque con posiciones tozudas– qué sería de nosotros.

El decreto ha sido derogado. Uno nuevo se negocia. Muchos sentimos esto como una especie de derrota, pero también, a fin de cuentas, como un “mal menor”. La calma ha ido recobrándose (aunque las heridas sean grandes, pues cunde la sensación de que algo se ha roto entre nosotros), la institucionalidad democrática se mantuvo (los golpistas no lograron su cometido) y el Ecuador se apresta a ver si Correa será capaz de responderle a la justicia, desde el exilio, maltrecho y rechazado por una gran cantidad de ecuatorianos. El odio, el despilfarro y el autoritarismo correísta fueron el germen del penoso espectáculo al que asistimos. Y lo peor es que también nos costó algunos compatriotas muertos. Las circunstancias específicas de sus muertes deben ser investigadas y aclaradas. Si han sido el producto del uso excesivo de la fuerza, los responsables tendrán que pagarlo. Creo que el único anhelo sincero que ahora un demócrata puede tener es la realización de la justicia –no la revancha, no la venganza– contra los corruptos, contra los que han malusado la fuerza y, por supuesto, contra vándalos y terroristas. Quizás así podamos empezar a recomponer este ánimo maltrecho que nos ha quedado, este sinsabor y esta división nunca antes vistos. Y que de esto salga también la necesidad imperiosa de que se eliminen las brechas étnicas y de clase que, como hemos visto, al final nos afectan a todos. Que al fin lleguen las mismas oportunidades a las comunidades indígenas, pero no solo a ellas, sino también a cada uno de sus integrantes, para que puedan garantizarse también su libertad individual (algo que, en muchos casos, tienen de hecho negado). A ver si por primera vez, parafraseando al poeta, esta nuestra aldea nos ofrece un río que no sea cien veces el mismo, a ver si alguna vez nos dejarán estar orgullosos esos “señores compatriotas”.   

Edición de imagen: Cristhian Rojas

Mauricio Maldonado Muñoz es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad San Francisco de Quito-Ecuador.

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