Por: Hernán Herbozo Sarmiento

Conocemos poco de la República de Bolivia a pesar de contar con muchos rasgos similares en cuanto a organización social y política. Por eso, Hernán Herbozo nos presenta una pincelada de su estructura política a través de un repaso de sus movimientos sociales.

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Los movimientos regionales en Bolivia han sido dirigidos por grupos dominantes emergentes, por organizaciones políticas y corporativas. El Comité Pro Santa Cruz, por ejemplo, representa de manera significativa el alto nivel de incidencia que tienen estos movimientos sociales y también, da cuenta de la participación política de las regiones en Bolivia, el cual incorpora en su discurso la re-valorización identitaria que busca reconstruir y a la vez diseccionar el panorama político sobre la base del “ser cruceño”.

Este discurso identitario establece la preponderancia de una identidad simbólica portadora de una Bolivia exitosa material y cultural frente a “occidente”, cuyo concepto establece, por el contrario, una identidad que moviliza la idea de una Bolivia fracasada y caótica. En ese sentido, el Comité, de características socio-económicas homogéneas, es impulsado por una élite de profesionales abogados, médicos e ingenieros, quienes, dentro del imaginario social, representan a clases sociales empoderadas y a los mediadores entre los ricos y pobres.

Sin embargo, dicha homogeneidad no se cumple necesariamente en el plano ideológico puesto que, al interior del Comité, voces como la agrupación de ciudadanos «Nación Camba» vienen proponiendo una separación pacífica del país por medio de un Estado libre asociado.

A pesar de dichas divergencias, la idea transversal y fundamental del Comité es el antagonismo entre el centralismo boliviano y la autonomía de las regiones. Esta noción de la “autonomía” tiene una dimensión administrativa y económica. La dimensión administrativa guarda relación con la idea del gobierno propio, con la capacidad de crear leyes que puedan regular una división política clara en todos los niveles: nacional, departamental y municipal. La dimensión económica guarda relación con el manejo departamental de manera autónoma de los recursos naturales, creando su propio sistema de impuestos.

Conocer la historia del Comité Cívico pro-Santa Cruz permite conocer la historia de la lucha por la hegemonía en Bolivia por parte de los movimientos sociales regionales. La llamada “guerra del agua”, así como la “guerra del gas” y el “impuestazo”, fueron experiencias sociales que marcaron el incremento de las protestas por parte de los movimientos regionales, impulsando el fortalecimiento de la oposición representada por el Movimiento Socialista (MAS), convirtiéndose Evo Morales en el referente más importante. El rechazo popular frente a la decisión de Sánchez de Lozada de exportar gas a los Estados Unidos y México desencadenó el llamado “octubre negro”, donde murieron más de setenta personas en el conflicto desatado en La Paz y El Alto.

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La legitimidad de la democracia pactada de Sánchez de Lozada entró en crisis por acción de los movimientos sociales que iban fortaleciéndose y construyendo hegemonía. Por otro lado, el Comité, entre otras organizaciones industriales y comerciales, no estaba de acuerdo con la salida de Sánchez de Lozada y apoyaban la exportación del gas. Sin embargo, este apoyo al institucionalismo democrático giró hacia una posición que impulsaba más bien la transformación del sistema político. Esta posición fue planteada en vista de los sucesos de resistencia desarrollados por los grupos sociales vinculados a la izquierda. El Comité debía establecer una agenda nueva, la cual fue incorporada como un punto importante dentro de las prioridades de Carlos Mesa, vicepresidente de Sánchez de Lozada, quien asumía la presidencia luego de la destitución de este último.

La autonomía, tal y como era planteada por el Comité, respondía a una lógica que priorizaba la agenda de las elites cruceñas, postergando, de esta manera, una visión integradora de Bolivia como país. El Presidente Carlos Mesa se encontraba entre dos posiciones extremas: por un lado una izquierda nacionalista cuya agenda y discurso iba en contra de las empresas extranjeras, planteando la nacionalización; por otro lado, el Comité Cívico pro-Santa Cruz que propugnaba la preservación del orden liberal y sus intereses particulares regionalista. Santa Cruz alcanzó, si bien no la autonomía en el cabildo, la capacidad de movilización social de la región, así como su poder de coacción a través de protestas y reclamos populares.

El contexto de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos por parte del Congreso cristalizó el poder de acción que los movimientos regionales poseían. Morales, a través de los movimientos sociales de tendencia nacionalista y grupos de izquierda, llamó a una Asamblea Constituyente, lo cual precipitó la renuncia de Mesa de la presidencia. El Comité, oscilante, cambió la posición de apoyar a Mesa y se restringió a sus reclamos regionales: elección de prefectos y referéndum autonómico.

Desde ese lugar, el Comité mostraba su visión regionalista y fragmentada de la sociedad boliviana. Por lo tanto, ambas posiciones políticas, el Movimiento al Socialismo (MAS) que agrupaba al proletariado minero re-campesinado, cocaleros, y población marginada de Bolivia, y el Comité Cívico pro-Santa Cruz que agrupaba a la elite regional, la cual aglutinaba a más de doscientas entidades de la sociedad civil, constituyeron los movimientos sociales con mayor nivel de incidencia política.

Se había señalado que en el Comité se concentra el poder económico y político cruceño. Fundado el 30 de octubre de 1950 por los estudiantes universitarios encabezados por la Federación Universitaria Local (FUL) y con el consenso de las autoridades departamentales y del partido Falange Socialista Boliviano (FSB), el Comité incorpora entre sus objetivos el asumir la defensa de los intereses colectivos, promover el desarrollo humano, cultural, social y económico de la región y preservar los valores morales y la identidad regional. Esta definición de sus objetivos demuestra la orientación fragmentaria que posee el Comité, la cual no permitió que este tenga una comprensión de alcance nacional de la dinámica social, económica y política del país. El MAS, por otro lado, de bases sociales clasistas, poseía una comprensión no desde su ubicación regional o territorial únicamente, sino también desde su posición de clase marginada cultural, social y económicamente.

En ese sentido, la lucha por la hegemonía tenía dos aristas: el MAS y el Comité Cívico pro-Santa Cruz. Sin embargo, también existe otro actor: el Movimiento Autonomista Nación Campa. Esta organización fue fundada en el año 2000, presentando como motor la propuesta de ratificar la autoestima de la región oriental boliviana estructurando una “colectividad diferenciada”, un “pueblo-nación”, una “región-nación” con identidad propia y sobre la base de un nuevo nacionalismo que sea la expresión de la civilización cruceña. La perspectiva regionalista se radicalizaba en esta organización. El principal objetivo que tenía era la autodeterminación, la conformación de un Estado-Nación sobre la base de la identidad nacional Camba y del nacionalismo cruceño. En ese sentido, la lucha por la hegemonía giraba en torno a las diferencias étnicas y culturales (las identidades camba-colla), los diferentes modos de ocupación del espacio (rural-urbano), las diferencias regionales (Oriente-Occidente), los proyectos políticos (masismo-indigenismo o liberalismo-modernidad) y las posiciones ideológico-económicas (socialismo-capitalismo).

La lucha por la hegemonía en Bolivia es la lucha por el posicionamiento político y social de una identidad colectiva. Es preciso señalar que el concepto de hegemonía surge como espacio teórico a partir de la segunda guerra mundial y la crisis profunda del pensamiento marxista clásico. Esta etapa supone la incorporación del concepto de contingencia frente al concepto de necesidad del cumplimiento de las leyes de la historia y de la lucha de clases. Nuevas contradicciones son suscitadas y motivadas por nuevas formas de articulación social que implica la aparición de un nuevo sujeto social, el cual responde a distintas formas y características motivacionales que impulsan la construcción de nuevos espacios de poder. En ese sentido, la hegemonía implica la contradicción de subjetividades a partir de las relaciones articulatorias entre grupos sociales, superando así la idea esencialista de sujetos preconstituidos.

Esta definición permite obtener un análisis más claro de las relaciones articulatorias existentes entre los movimientos regionalistas en Bolivia, pues las contradicciones oriente-occidente, urbano-rural, nacionalismo-regionalismo, sobrepasan la perspectiva de la lucha de clases, incorporando elementos que forman parte de la construcción simbólica de los colectivos, así como incorporando un análisis integral de las formas articulatorias fomentadas por los actores sociales bajo una lógica de construcción de hegemonía a partir de la resistencia colectiva. Por tanto, el esquema de la lucha de clases es insuficiente para dar cuenta de otros elementos significativos de la vida social que influyen de manera crucial en la elaboración política de un “nosotros colectivo” frente a un “otro” enemigo que permite engendrar una situación agónica y a la vez propiciar el espacio de la interacción y las posibilidades de existencia de dichos grupos sociales.

Cabe resaltar que una de las características de las sociedades pluralistas es que sus miembros participan de una oferta de visiones del mundo, es decir, patrones de sentido y modelos de identidad que se elaboran sostenidamente junto a los procesos de globalización. Este proceso permite que muchas comunidades, regiones y naciones redescubran tradiciones locales y generen imágenes colectivas “glocales” (globales/locales), estableciendo una suerte de estrategias en la elaboración de identidades colectivas, incorporando y rechazando patrones de interpretación “globalizados” en sus sistemas de sentido de manera consciente o de manera indirecta.

La contradicción oriente-occidente es la historia de la lucha por la hegemonía en la medida que las perspectivas antagónicas, separatismo y hegemonía, responden a un solo objetivo: más poder para Santa Cruz. Esta aspiración fundamental de las élites cruceñas fomentaba inestabilidad al Estado central, generando rupturas constantes sobre la base de movilizaciones sociales y alimentando regionalismos de vocación fragmentalista. Sin embargo, no era precisamente fragmentar Bolivia la aspiración central de Santa Cruz, sino “orientalizar occidente”, es decir, impartir el modelo “exitoso” de oriente a toda Bolivia, demostrando hegemonía y poderío. Podría decirse que la fragmentación real de Bolivia iba en contra de lo intereses hegemónicos de las élites cruceñas, pues ello implicaría dividir el país y solo circunscribir su poderío en su región; ellos ansiaban un proceso de articulación de Bolivia sobre la base de la autonomía de los departamentos y bajo un modelo liberal en el desarrollo económico del país.

Por otro lado, una vez que Evo Morales asumió la presidencia y estableció sus primeras acciones como la nacionalización de los hidrocarburos, obtuvo una respuesta crítica por parte del Comité, puesto que grandes corporaciones vinculadas al Comité observaron dicha acción del gobierno de manera preocupante. Sin embargo, la nacionalización de los recursos no fue la principal preocupación del Comité. El objetivo de la autonomía seguía siendo el eje principal del discurso cruceño. Los resultados del referéndum son un claro ejemplo de la incapacidad que poseían ambos, el Comité y el gobierno central para reconocerse, pues a nivel nacional el “sí la autonomía” había perdido, mientras que el “no autonomía” había prevalecido. Sin embargo, en Santa Cruz el “sí autonomía” había ganado. La disputa entre ambos por establecer qué tipo de resultado era vinculante, siguió buen tiempo y marcó las relaciones entre el Comité y el gobierno de Evo Morales.  

Finalmente, es preciso señalar que el Comité representa dos aspectos relevantes de la historia de los movimiento sociales en Bolivia: por un lado, un Estado débil incapaz de establecer mecanismos que permitan articular las relaciones sociales, económicas y políticas de las regiones; y por otro, el afán hegemónico de los movimientos sociales, siendo el Comité un ejemplo significativo del poder regional basado en la idea de autonomía, la cual generaba inestabilidad política al gobierno central, así como el avance estratégico de las élites cruceñas.

Bibliografía utilizada en este ensayo:

Boschetti, A (2009). Breve interpretación de la lucha por la hegemonía en Bolivia. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.

Dreher S, Dreher J & Soeffner H (2011). Construcciones de identidad y simbolismo colectivo en Argentina. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2011.

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Sivak M (2007). Santa Cruz: una tesis. El conflicto regional en Bolivia (2003 – 2006).

Ilustración: Cristhian Rojas

*Hernán Herbozo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magister en Ciencias Sociales y Humanas con Mención en Ciencia Política por la Université Lumiere Lyon 2 en Francia. Actualmente es profesor de la Cátedra en la UNMSM y se desempeña como consultor independiente en temas relacionados a proyectos de desarrollo social y relaciones comunitarias, así como al análisis de políticas públicas en materia de salud pública.