Terapias psicológicas y desinformación

Por Rodrigo Flores @Rofligo22

Dentro de los diferentes ámbitos que implica la salud humana, es posible que la salud mental sea uno de los menos valorados. De cuando en cuando, repercute en la prensa por casos emblemáticos o fatales, pero no existe una preocupación permanente sobre este problema. Y es un problema grave, pues de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 8 de cada 10 personas que presentan algún problema de salud mental, no reciben el tratamiento adecuado. Esta situación se presenta con mucha mayor gravedad en las personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

No obstante, a pesar de la crítica situación en la que se encuentra nuestro país, existe un ápice de esperanza en que esto pueda comenzar a cambiar. El pasado 10 de abril se aprobó la Ley de Salud Mental (Proyectos de Ley N° 3931 y 4034/2018-CR), la cual condensa muchas propuestas que se han venido exigiendo sobre este tema. Esta es una muy buena noticia para todas y todos los peruanos, ya que pone en la vitrina del escenario político a la salud mental como una condición de dignidad y salud pública.

Si bien la propuesta abarca diferentes puntos, considero que uno de los más importantes es aquel que hace mención al derecho a la salud mental, el cual presenta diferentes componentes muy relevantes para nuestra realidad nacional. Tomando como referencia un informe realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2018, estos pueden ser divididos y agrupados de la siguiente manera: disponibilidad, o derecho a tener servicios de salud mental a la mano, accesibilidad, o derecho a poder acceder a ellos sin barreras físicas, económicas o por discriminación; aceptabilidad, o poder recibir una atención respetuosa; y calidad, o derecho a recibir buenos servicios.

Aun cuando reconozca que todos los componentes se encuentran conectados y son igual de importantes, como psicólogo clínico, me gustaría aportar a la discusión centrándome especialmente en el último punto, la calidad, la cual ya ha suscitado debates en países como España y Argentina, específicamente respecto a las terapias psicológicas.

Veamos, cuando una persona presenta un problema psicológico en nuestro país, debe superar una serie de obstáculos para poder recibir una adecuada atención. Si no vive en Lima, de inicio, ya afronta una barrera gigante: el número de centros y hospitales especializados disminuye significativamente en las regiones fuera de Lima Metropolitana. Por el contrario, si logra ser atendida, pero lo hace en algún servicio de atención público, existe un alto riesgo que la atención no sea la adecuada, por problemas que van desde la infraestructura hasta el personal necesario para satisfacer la demanda de la población. Esto puede verse traducido en largas listas de espera, o bien en períodos entre citas que pueden durar varios meses, reduciendo la posibilidad que cualquier intervención pueda ser efectiva.

Ante este desalentador escenario, aquellas personas que tienen disponibilidad económica buscan servicios privados de salud mental, ya sea en algún centro o un psicólogo/a particular. Es aquí cuando el panorama comienza a mostrarse un poco más alentador, ya que, actualmente, existe una gran oferta de terapias y tratamientos que pueden ser muy llamativos y con características tan diversas que podrían satisfacer a todos los gustos. Muchas de estas plantean una explicación bastante convincente sobre las posibles causas del malestar que presenta la persona, sugiriendo que estas pueden ser solucionadas por completo tras pasar por dicho servicio.

No obstante, si bien pareciera que la demanda de servicios de salud mental es cubierta por el sector privado, lo cierto es que muchos de estos tratamientos no cuentan con un respaldo en evidencia empírica que sustente que efectivamente funcionan. Si bien muchos de éstos son ofertados como “remedios” al problema de salud mental de la persona, lo cierto es que no hay ninguna evidencia que la aplicación de estas terapias implique un efecto significativamente mayor al que tendría el hecho que la persona no acuda a ningún servicio.

Pongamos el siguiente ejemplo:

Imaginemos que somos contratados en un nuevo trabajo y debemos llegar a él usando transporte público todos los días. Lo primero que haremos será buscar aquellos buses que afirmen llevarnos a nuestro destino y no a otro lado. Además, preferiremos aquellos que lo hagan en menos tiempo y que nos cobren un menor monto. Así, habrá buses que nos llevarán rápidamente a nuestro destino, pero a un alto costo; otros que probablemente no nos cuesten demasiado, pero impliquen un viaje largo; y también habrá otros que nos llevarán por calles vistosas en asientos muy cómodos, pero que nos cobrarán por ello una suma considerable y sin ninguna certeza que efectivamente nos llevarán a nuestro destino. Por muy inverosímil que suene este último caso, esa es la situación en la que se encuentran muchas terapias y tratamientos que se ofertan en nuestro país.

Esta situación es sumamente alarmante, porque lo que estamos apreciando es que muchas personas con un problema real y que tienen derecho a una atención de calidad, están recibiendo servicios que no les ofrecen una garantía razonable que efectivamente tendrán una mejoría. Por el contrario, podemos apreciar que muchas personas, ya sea con las mejores intenciones o con un frío fin lucrativo, están ofreciendo un producto para satisfacer una necesidad del mercado sin tener en cuenta qué derechos de la persona que los solicita se están vulnerando.

Es aquí donde radica la importancia de la Ley de Salud Mental, pues establece que todas las personas tendrán derecho a recibir información completa sobre las alternativas de tratamiento, riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias; así como el derecho a acceder al tratamiento que presente mayor eficacia. Es decir, que se utilicen los tratamientos que hayan sido científicamente comprobados o cuyas reacciones adversas o efectos colaterales hayan sido advertidos. Por obvio que suene, es necesario resaltar que estas precisiones también son aplicables a los tratamientos y terapias psicológicas.

Para poder establecer qué tratamientos presentan la calidad necesaria y cuales no, sería importante volver a tener en cuenta el ejemplo anterior. Tal como les ocurre a las personas que buscan un transporte que los lleve diariamente a su trabajo, las terapias que sean de mayor calidad deberían cumplir con los siguientes criterios:

• Efectividad: Deben brindar evidencias de que realmente cumplen lo que prometen.

• Eficiencia: Deben poder hacerlo con la menor inversión de recursos (como tiempo y dinero).

• Eficacia: Deben poder explicar cuáles son los mecanismos que generan el cambio.

Actualmente, el Movimiento de Tratamientos Basados en Evidencia, teniendo en cuenta estos criterios, ha logrado resaltar la importancia de la investigación científica para poder discernir qué tratamientos son los más adecuados según los cuadros o problemas psicológicos del paciente. Tal es el ejemplo de la División 12 de la Asociación Americana de Psicología (APA), la cual tiene a disposición de todas y todos, una lista con los tratamientos que presentan mayor evidencia hasta el momento respecto a diferentes cuadros diagnósticos.

Si bien este no está libre de críticas respecto a sus procedimientos de evaluación, es un primer paso necesario para poder esclarecer el panorama y reconocer qué tratamientos y terapias psicológicas presentan un mínimo de calidad, y promueven el bienestar de la sociedad con procedimientos científicamente probados.

¿Cómo lograr un verdadero cambio?

Toda persona tiene derecho a gozar de una buena salud mental, por lo que le corresponde al Estado brindar las condiciones necesarias para que así sea. Es importante que exista una adecuada regulación para que las personas puedan conocer qué tratamientos presentan evidencia objetiva que los sustenten y cuáles no.

Toda esta información permitirá a las personas conocer en qué están invirtiendo su dinero y su tiempo. Así mismo, trabajar de la mano con el Colegio de Psicólogos del Perú para hacer efectivas las sanciones a aquellas personas que busquen realizar labores afines sin contar con los estudios y requerimientos legales para hacerlo, recordando la importancia ética de respetar la competencia profesional del psicólogo.

Por otro lado, es necesario que se investigue respecto a la utilidad de los tratamientos existentes en la población peruana, pudiendo contar con información valiosa y actualizada que guíe el quehacer profesional de las psicólogas y psicólogos peruanos. Esta información debe traducirse en programas de capacitación constante y estrictamente validados por casas de estudios universitarios, garantizando así su calidad.

Recordemos que actualmente no existe ninguna regulación real respecto al mercado de tratamientos y terapias que se ofrecen a la población, por lo que abundan ofertas que brindan explicaciones y esperanzas de mejora sin sustento, cobrando muchas veces una suma importante de dinero por ello. Muchas prácticas tienen un valor cultural importante para los usuarios, pero no es ético presentarlas, y sobre todo venderlas, como si fueran soluciones a problemas reales de salud mental.

Esto no se trata de un simple capricho de un grupo de académicos o un pedido únicamente orientado al rigor científico, sino también un frente más de lucha contra el mercantilismo de la salud. La salud mental de las personas no es bien con el cual se pueda jugar o lucrar. Es necesario que este debate se lleve al campo político para que cambios sustanciales puedan realizarse y las y los peruanos podamos por fin ver nuestros derechos satisfechos.

Rodrigo Flores es licenciado en psicología con estudios de maestría en psicología clínica. Se ha especializado en terapias contextuales. Además, es miembro de la asociación Más Igualdad Perú y la asociación Liceo Contextual.