¿Somos una economía social de mercado?

Por: Carlos Soria (@carlossoria_p)

Mucho se ha hablado, y se sigue hablando, del modelo económico que tiene el Perú, así como lo que establece la Constitución Política al respecto. En la mayoría de casos, los comentarios se reducen a posiciones políticas sin ningún sustento real. Por un lado, tenemos al fujimorismo, atribuyéndose los logros de un modelo, diecinueve años después de haber dejado el gobierno, pero sin asumir la responsabilidad cuando los resultados del mismo son negativos. En el otro lado del espectro político tenemos a la izquierda, que señala que el modelo “neoliberal” favorece a los intereses de los que más dinero tienen y que por ende es necesario un cambio constitucional. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Para poder entender el modelo económico peruano (si es que existe uno) tenemos que revisar la Constitución. La Carta Magna vigente en su artículo 58, titulado “Economía Social de Mercado” estipula lo siguiente:

“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios e infraestructura”.

Este mismo modelo se mencionaba en la Constitución de 1979, cuyo artículo 115 indicaba que:

“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social”.

Si ambas Constituciones establecen el régimen de “economía social de mercado” como modelo oficial para nuestro desarrollo económico, ¿a qué se deben las críticas radicales y las defensas cerradas a una y otra? ¿Cuáles son las principales diferencias en materia económica?

La principal diferencia se da en el rol subsidiario del Estado. El artículo 60 de la Constitución vigente menciona que “solo autorizado por la ley expresa, el Estado puede realizar subdiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Mientras que, la Constitución del 79 mencionaba que “el Estado ejerce su actividad económica empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”.

La economía social de mercado es un modelo socio político creado en la Alemania post segunda guerra mundial, basado en las ideas de Alfred Müller Armack con gran influencia de la escuela de Friburgo y el ordoliberalismo[1]. Se definió entonces, como aquella combinación entre la libertad de mercado y la equidad social, de forma tal que se tomen las ventajas de la economía de mercado, impregnándole justicia social para su equilibrio. Ni el liberalismo puro, ni la planificación central. Es importante mencionar que el enfoque fue diseñado como una teoría abierta, expuesta a modificaciones que requieren de la interpretación y conocimiento de distintos contextos sociales para una adecuada implementación. En resumidas cuentas, un diseño teórico que defendía la libertad partiendo de la necesidad de igualdad de oportunidades y la solidaridad con el resto de ciudadanos.

Expuesto el concepto teórico, y más allá del texto de la Constitución, ¿qué modelo se aplica realmente en nuestro país? Queda más o menos claro, que el modelo de economía social de mercado es solo una declaración, ya que la igualdad de oportunidades y la justicia social son una utopía. Lo que tenemos en nuestro país es un modelo mercantilista, uno que utiliza el mercado como fachada para que grupos económicos con influencia política puedan valerse de las fallas del sistema para seguir generando rentas a cambio de prebendas. No es un modelo liberal como se afirma. El liberalismo admite que el mercado necesita regulación ya que existen fallas (asimetría de la información, externalidades, competencia imperfecta y bienes públicos) que atentan contra su eficiencia y necesitan regulación.

El mercantilismo se nutre de estas fallas para apropiarse de forma inmoral de mayores recursos. Un claro ejemplo de ello es el sistema universitario peruano, dónde instituciones con dudosa reputación y calidad operan sin mayor problema, gracias al poder político de algunos de sus representantes colocados en el Congreso. La asimetría de información se manifiesta de forma clara, ya que los estudiantes no cuentan con información como la empleabilidad, el promedio del sueldo de los egresados, entre otras variables relevantes para su futuro.

La economía social de mercado no avala el intervencionismo, ni el direccionamiento de la economía, se basa en el impulso y fomento de la iniciativa privada, pero entendiendo que esta tiene que ser regulada. Esto se complementa con la entrega de servicios públicos de calidad, como la educación y la salud, que permitan lograr igualdad de oportunidades.

Mencionado lo anterior, ¿el fujimorismo estableció en los 90’ la economía social de mercado como modelo de desarrollo? No. Como ejemplo, tenemos el mencionado sistema educativo, con la proliferación de universidades de nivel discutible y con el deterioro de la calidad pública estatal. Otro ejemplo es el sistema de transporte, donde se masifico la informalidad debido a las mafias que lucran alrededor de este sector. Hicieron las reformas económicas que dieron orden fiscal (por presiones para poder solicitar créditos a organismos internacionales) después del descalabro de García I, pero nunca se preocuparon en reformas institucionales, educativas y de salud; necesarias para el desarrollo del modelo escrito en la constitución.

Entonces, ¿tiene razón la izquierda diciendo que se requiere un cambio constitucional ya que tenemos implantado un modelo “neoliberal”? Tampoco, como ya se mencionó la Constitución determina un modelo distinto al que se aplica en la realidad. A lo que ellos aluden es al mercantilismo, y esto no se solucionará con cambios constitucionales, si no con fortalecimiento institucional.

En conclusión, lograr el desarrollo del país no pasa por un cambio constitucional, pasa por medidas que ayuden a que el mercantilismo sea erradicado y se instaure de forma real una economía social de mercado. Para lograr ello, es clave el fortalecimiento de las instituciones que aseguren una regulación efectiva de los mercados y un sistema de justicia transparente, dos aristas en las que el Perú tiene muchas reformas pendientes para lograr su óptimo funcionamiento.

No podemos negar que se han dado avances, muestra de ello es la disminución de la pobreza, el mayor acceso a agua y saneamiento, el avance en la electrificación, la estabilidad de precios, entre otros indicadores. Sin embargo, si queremos pasar del mero crecimiento al desarrollo, hay muchos sectores que se tienen que impulsar (educación y salud principalmente) y que no son parte del debate público que se encuentra entrampado en la minucia coyuntural. Hay mucho aún por trabajar.

*Carlos Soria es egresado de economía de la Universidad Ricardo Palma y se especializa en políticas y públicas y economía del desarrollo.


[1] Esta vertiente del liberalismo nació en la década del 30, siendo liderada por Walter Eucken, en Alemania como respuesta al liberalismo clásico y para dar soluciones a la Gran Depresión de 1929.

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