Por: María José Barajas (@mj_barajas)

Estos son algunos titulares del año 2018:

“Redes de trata captan con engaños a venezolanas”

(El Comercio, 2018)

 “Intervienen a 14 venezolanas laborando en night club”

(Correo, 2018)

 “Cajamarca: rescatan a 23 venezolanas explotadas sexualmente en bares”

(El Popular, 2018)

Podría seguir citando noticias que se repiten a diario en los principales medios de comunicación nacional. Lo cierto es que, la situación de vulnerabilidad que persigue a muchos inmigrantes de Venezuela –sobre todo mujeres- se puede percibir fácilmente. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de venezolanos y venezolanas (ya son más de 500.000 en el Perú) ha salido de su país por razones económicas y/o laborales. El necesitar un trabajo con urgencia para poder sobrevivir, les convierte en el blanco perfecto para caer en situaciones de explotación laboral, estafas o lo que es peor: ser víctimas del delito de trata de personas.

Me interesa hacer énfasis en el caso de las mujeres venezolanas, por ser más significativo. Además de encontrarse frecuentemente en una precaria situación económica y en una condición migratoria muchas veces irregular, los estereotipos que se tienen de ellas les juegan muy en contra. No puede negarse ese pensamiento colectivo de la mujer venezolana como símbolo de belleza caribeña, que al igual que ocurre con la mujer peruana amazónica, tiende a ser sinónimo de mujer “ardiente”, “exuberante”, “capaz de satisfacer las más altas exigencias masculinas”. No sería entonces muy descabellado pensar que ello las hace aún más proclives al reclutamiento por parte de los tratantes con fines de explotación, sobre todo, sexual.

Tomando en cuenta los datos oficiales, encontramos que el Ministerio del Interior, en una presentación en el Congreso de la República en octubre de 2018, aseguró que, hasta esa fecha, de las 130 víctimas extranjeras de trata de personas rescatadas, 110 eran de nacionalidad venezolana y algunas de ellas, menores de edad. Esta cifra podría aumentar fácilmente debido a la entrada progresiva de ciudadanos y ciudadanas de este país a nuestras fronteras y si no se pone en marcha una política nacional sostenible que garantice una migración segura.

El Permiso Temporal de Permanencia (PTP) fue una solución –o más bien, un “parche”- que permitió formalizar la estadía de esta población y acceder a un empleo fuera del mercado informal, aunque ello no aseguraba evitar situaciones de explotación. Pero, no debemos olvidar que su otorgamiento finalizó en 2018 y la vigencia sólo era de un año. Por ello, se hace necesaria una respuesta estatal integral y permanente que asegure, ante todo, la protección de estas personas, especialmente las mujeres y las niñas.

A propósito de ello, pongo a colación el recientemente aprobado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, que fue suscrito por el Estado peruano el pasado año. Algunos de sus objetivos son abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración, prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de migración internacional y proporcionar a los y las migrantes, acceso a servicios básicos.

Me interesa destacar las medidas concretas para cumplir el objetivo de lucha contra la trata de personas, las cuales ponen énfasis en las necesidades de las víctimas. En este sentido, el Pacto insta a los Estados a cooperar en las labores de asistencia a víctimas, especialmente las mujeres y los menores, y a procurar su recuperación física, psicológica y social. También, asegurar su acceso a la justicia y a una justa reparación. A esto añadiría la necesidad de que se les otorgue visas especiales de carácter permanente por el hecho de haber sido víctimas de trata, pues a la fecha solo existe una calidad migratoria especial casi imposible de obtenerse y, además, temporal. 

No hay tiempo para la espera de un compromiso real de un Estado que es el segundo en el mundo receptor de migración venezolana. Vizcarra debe marcar la diferencia.

Recomiendo revisar:

• Asamblea General de las Naciones Unidas (2018). Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Marrakech, 10 y 11 de diciembre de 2018. A/CONF.231/3. Disponible en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5c0eac944.pdf

• Capital Humano y Social Alternativo (2018). VI Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2017-2018. Lima: CHS Alternativo y Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en: http://www.chsalternativo.org/balances-e-informes-alternativos/737-vi-informe-alternativo/file

• Motta, A. (2011). La «charapa ardiente» y la hipersexualización de las mujeres amazónicas en el Perú: perspectivas de mujeres locales. Sexualidad, Salud y Sociedad – Revista Latinoamericana, núm. 9, pp. 29-60. Río de Janeiro: Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293322075003

• Organización Internacional para las Migraciones (2018). Monitoreo de flujo de migración venezolana en el Perú. DTM Ronda 3. Lima: OIM. Disponible en: https://reliefweb.int/report/peru/dtm-ronda-3-monitoreo-de-flujo-de-migraci-n-venezolana-en-el-matriz-de-seguimiento-del

Foto: CNN

*María José Barajas es abogada y activista por los derechos humanos, con especialidad en temas de género y trata de personas.