¿Y ahora qué?: El panorama pos-referéndum

Por Carlos Rodrigo de la Torre Grados* (@SuricatoRojoSun)

Los resultados del referéndum del día domingo han arrojado un apoyo aplastante (alrededor del 80% en los conteos oficiales) a la opción propuesta por el ejecutivo, el denominado #SíSíSíNo.

Pero este resultado no resulta sorpresivo, de hecho, las encuestas realizadas durante octubre, noviembre y la primera semana de diciembre ya avizoraban que las tres primeras preguntas serían aprobadas con un promedio aproximado al 60% (ninguna fue tan entusiasta como el arrollador resultado obtenido), mientras que la cuarta pregunta sería rechazada con una votación superior al 50%.

Si bien se trató de salvar esta última opción a través una aplicación extensiva del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (consultar expedientes Nº 0012-2018-AI/TC y 0013-2018-AI/TC), esto no resultó. Para bien o para mal, este Congreso introdujo elementos inconstitucionales en el proyecto de reforma de bicameralidad, haciéndolo inviable al romper con el equilibrio de poderes.

Los retos del Ejecutivo

Así las cosas, luego de la victoria política del Ejecutivo a través del #SíSíSíNo, tenemos grandes retos y por qué no decirlo, posibles problemas para el presidente Martín Vizcarra. Y es que, cualquier ganancia inmediata se ve reflejada en su popularidad y la confianza que obtiene de la población ¿Por qué? Porque a diferencia del periodo de transición democrática del presidente Valentín Paniagua, el presidente Martín Vizcarra va a gobernar por dos años y medio más. En ese escenario, la implementación de “políticas anticorrupción”, aunque necesarias y reclamadas por la población, son insuficientes para generar respuestas a necesidades igual de importantes, como la reconstrucción de los daños generados por el fenómeno El Niño o la implementación de políticas económicas para reactivar la economía nacional, que -paradójicamente- el “gobierno de lujo de PPK” llevó a unos puntos de la recesión.

Así, el Ejecutivo se verá obligado a asumir mayores retos, cambio que comenzará con una renovación del gabinete que represente perfiles y posturas ideológicas coherentes con las políticas públicas ya asumidas; de forma paralela, deberá impulsar y vigilar el desarrollo legal de las reformas constitucionales que se han aprobado este domingo (a pesar que el desarrollo legislativo dependerá finalmente del Congreso actual).

Por esta razón, quienes prevén un fin o una disminución de la tensión entre ambos poderes se equivocan: la única forma de que dicha tensión disminuya es que la fuerza del fujimorismo y el aprismo en el Congreso se rompa. ¿Es posible algún tipo de desacuerdo entre estas fuerzas? Difícil, dado que esos partidos se encuentran vinculados en la comisión de graves delitos de corrupción y lavado de activos, lo que hace imposible un acercamiento con un Ejecutivo que ha asumido públicamente un discurso anticorrupción. Por lo menos no sería posible hasta que las investigaciones terminen o dichas fuerzas asuman una postura diferente frente a esta situación.

El presidente ha demostrado tener un perfil pragmático, de forma tal que las políticas públicas que implementará, se encontrarán dentro de la ortodoxia preponderante (economía de libre mercado, fortalecimiento de la competencia, etc.). Por ello, desde la CADE se ha postulado, ya de forma reiterada, la idea de “flexibilizar la legislación laboral”. ¿Qué tanto se “flexibilizará” y cuánto de esto ayudará a formalizar ese 70% de la economía informal que mantenemos?, no es posible saberlo. Lo cierto es que hay signos de que el Ejecutivo quiere invertir su popularidad y confianza obtenida en la implementación de políticas públicas. ¿Las izquierdas estarán en capacidad de oponerse, con propuestas, a estas reformas? Se tendrá que esperar. No es menos cierto que el sistema de fiscalización laboral presenta severas deficiencias y es incapaz de controlar esos espacios gigantes de informalidad con los que convivimos (las Malvinas, Mercado Central, etc.). Otro punto a considerar es cómo las izquierdas van a sopesar este contexto: ¿hasta qué punto les favorece debilitar o confrontar a la única fuerza que ha podido preservar el nivel mínimo de autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que ha hecho posible el avance en investigaciones que han puesto contra la pared al fujimorismo y al aprismo?

¿Qué hará la “oposición natural” al día siguiente del referéndum? Probablemente esforzarse al máximo por ignorarlo; es más, los principales portavoces del fujimorismo y el aprismo, ya se han venido refiriendo al referéndum como una “distracción” y señalan como excusa los problemas clásicos y estructurales del país, como si esos fuesen excluyentes de una consulta popular. Pero ya enfrentados a la realidad, hay que tener claro que ambas organizaciones no están en un modo “normal” de disputa o mantenimiento del poder político; ellas han asumido la narrativa de que “están luchando por su sobrevivencia” y que son objeto de una “persecución política”, manteniendo la ya desprestigiada afirmación de que no han cometido ningún delito y que todas las investigaciones, confesiones y pruebas entregadas por los delatores son fabricadas o falsas. Afirmaciones que, salvo un porcentaje irreductible de la población, nadie más cree.

Ahora, el fujimorismo mantiene un poder político e institucional fuerte, pues a pesar de su situación (tienen a su lideresa y sus principales líderes partidarios en prisión preventiva) ha logrado detener un profetizado resquebrajamiento mayor de su bancada, y aunque es evidente la existencia de tensiones entre Daniel Salaverry y otros congresistas fujimoristas, lo cierto es que (y los últimos plenos y votaciones lo confirman) mantienen una unidad de votación. Todo ello les permite, en alianza con el Apra, aprobar en solitario normas como la que crea el delito de financiamiento ilegal de partidos; norma que -ciertamente- beneficia a los miembros de sus organizaciones políticas, que actualmente son procesados por la comisión de dichos delitos.

Además, el fujimorismo será fundamental en el nombramiento de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional y, dada la relevancia de dicho órgano por los evidentes excesos del Congreso, si dichas fuerzas logran controlarlo, podría implicar uno de los mayores excesos y riesgos para el Estado de Derecho.

El Apra se encuentra en una situación sumamente complicada. Su principal líder, el Sr. Alan García, acaba de sufrir una derrota política de magnitud internacional con el rechazo de su pedido de asilo al Estado de Uruguay y, aunque su pequeña bancada es capaz de manejar el Congreso a través del fujimorismo, existe una amenaza real de que las delaciones en las investigaciones contra actos de corrupción alcancen a su líder y a otros líderes de su organización. Por eso es que están a la defensiva, de hecho, recientemente han demostrado ser capaces de crear situaciones críticas para desviar la atención o mantener su narrativa de la “persecución política”. Su conducta se mantendrá y en caso se concrete la prisión preliminar del Sr. García, habrá una evidente agudización con el Ejecutivo, aunque la materialización de ello (protestas o movilizaciones públicas) no tenga mayor impacto.

¿Y los “hermanitos”?

Mención aparte merecen los órganos de administración de justicia, dado que ellos son el principal sujeto y objeto de las reformas constitucionales para limpiar la corrupción del sistema de administración de justicia, perseguirla y prevenirla. La situación del Fiscal de la Nación es sumamente complicada: todas las fuerzas políticas, excepto por el fujimorismo y el aprismo le han solicitado en reiteradas oportunidades que renuncie al cargo, dada la existencia de investigaciones que lo vinculan a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Él no sólo ha rechazado dichos pedidos de renuncia, sino que incluso ha enfrentado públicamente al Ejecutivo, amenazando a distintos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, a través de múltiples investigaciones. Y hoy por hoy, tenemos suficientes indicios que apuntan a que el Fiscal de la Nación prepararía descabezar a los equipos de fiscales que han desarrollado las investigaciones por los delitos de corrupción y lavado de activos cometidos por distintas organizaciones políticas, como un supuesto “pago” por la protección  que dichas organizaciones políticas le han brindado en el Congreso. Sin un Consejo Nacional de la Magistratura que lo pueda destituir y con una Junta Nacional por la Justicia (JNJ) que recién entrará en actividad a mediados de 2019, su permanencia en el mediano plazo parece confirmada, por lo que su efecto perturbador permanecerá.

Por su parte, el Poder Judicial acaba de elegir al Dr. José Luis Lecaros Cornejo como su nuevo presidente. Éste tendrá el cargo hasta el 2020, por lo que su actuación será fundamental para continuar con las investigaciones “Lava Jato” y “Lava Juez” en el Perú. Al igual que el Fiscal de la Nación, formará parte de la elección de los nuevos miembros de la JNJ, pero como dicho ente aun está inactivo, corresponderá a los órganos de control interno del Poder Judicial mantener la lucha anticorrupción vigente.

Cabe señalar que al nuevo presidente del Poder Judicial se le conoce como uno de los miembros con mayor patrimonio inmobiliario de la Corte Suprema y, a través de investigaciones periodísticas, se ha dado a conocer que no habría declarado inicialmente todo su patrimonio; más allá que esta situación pueda haber variado, queda clara la necesidad de vigilar sus actuaciones para determinar si nos encontramos ante una conducta de ocultamiento o de protección de algunos miembros del Poder Judicial.

Como vemos, las diversas organizaciones políticas mantendrán la situación de divorcio con la realidad a pesar de la baja aprobación de todos los líderes políticos institucionales. Estas cifras no son una casualidad; son una manifestación del hartazgo, la indiferencia y resignación de buena parte de la población ante todo lo sucedido: agotados en luchas internas y entre las mismas organizaciones políticas, son incapaces, al menos en el corto plazo, de presentar alternativas reales para los distintos problemas que afronta el país y la población.

Incluso con la aprobación de la no reelección de congresistas, tanto líderes políticos jóvenes como mayores que han hecho o deseaban tener una carrera parlamentaria tendrán que “esperar cinco años” o tentar suerte en cargos de elección popular de carácter ejecutivo o legislativo a nivel regional o municipal.

¿Y la gente?

Finalmente, la población, como es previsible, mantendrá su fraccionamiento. Es innegable que el fujimorismo y el aprismo representan un porcentaje de la población afín a sus ideas y visión del país, pero ese porcentaje no representa la abrumadora mayoría que representan en el Parlamento: las últimas encuestas dan una idea de que aproximadamente el 30% de la población electoralmente hábil comulga con sus posiciones políticas. El 70% restante no se encuentra unificado detrás de alguna posición en particular.

Esta desunión y el fraccionamiento de los partidos políticos hace casi inevitable que la tendencia de la indiferencia y la ausencia de participación política masiva de la población pueda cambiar. Y mientras ello se mantenga, las raíces de los problemas referidos a la falta de representatividad de organizaciones políticas -poca o nula conexión de dichas organizaciones y autoridades con la población- se mantendrán; así como las consecuencias que ya conocemos: poca o nula legitimidad de las autoridades, ausencia de fiscalización y generación de oportunidades para actos de corrupción. Es, pues, de todos los elementos post referéndum, el que teniendo la mayor cantidad de incentivos para aumentar su involucramiento en la actividad política probablemente sea incapaz de salir del derrotero en que como colectivo nos encontramos.

*Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UNMSM.

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