Escrito por José Saldaña Cuba* 

El presidente Vizcarra ha propuesto una reforma política que consiste en 4 modificaciones constitucionales. Entre ellas, la que reúne el mayor respaldo popular es la no reelección de congresistas, aunque sea calificada como desfavorable por cierta élite intelectual. Aquí voy a explicar por qué pienso que la no reelección de congresistas es, paradójicamente, la única reforma que vale la pena.

Primero: hemos alcanzado un punto de no retorno en esta crisis política

Nuestro sistema político, entendido como la triada de Nohlen (sistema electoral – sistema de partidos – relaciones entre ejecutivo y legislativo) ha engendrado dentro de sí mismo dos males generalizados: la elitización de la política y la corrupción.

Las reformas legales en el sistema electoral y de partidos de la última década muestran, antes que avances, serios retrocesos para la democracia y la transparencia. Por ejemplo, con la Ley Nº 28094, de enero de 2016, se elevó el número de firmas de adherentes requeridos para inscribir un nuevo partido político al 4% del total de electores. Con la Ley Nº 30689, de noviembre de 2017, se eliminó la obligación de los partidos de reportar ingresos y gastos durante campaña electoral. Con este tipo de modificaciones, el acceso a la política es privilegio de pocas personas (elitización), normalmente con el dinero suficiente para juntar millones de firmas y, como la rendición de cuentas es tan precaria, mucho dinero ilícito se lava en las mismas campañas políticas (corrupción).

Este fenómeno, al que Fernando Durand denomina “captura del estado”, genera un sistema de prebendas alrededor del poder político. Odebrecht es probablemente uno de los cientos de empresas que financiaron campañas políticas y que recibieron a cambio contratos con el Estado (ya sea a nivel local, regional o nacional). Cualquier análisis de la reforma política propuesta por Vizcarra que evada esta realidad concreta resultaría insuficiente.

Del mismo modo que la reforma constitucional para impedir la reelección presidencial inmediata (Ley Nº 27365, noviembre de 2000), la propuesta de Vizcarra busca impedir la reelección inmediata de congresistas. La primera de ellas se hizo luego del trauma autoritario del gobierno de Alberto Fujimori, la segunda responde a circunstancias similares y busca romper la continuidad de una clase política ligada a la corrupción.

Segundo: de todas las reformas propuestas por Vizcarra, es la única que va a ser realmente efectiva

Su mandato es concreto y envía un mensaje contundente de rechazo a los congresistas que integran el actual Parlamento. Las otras 3 reformas han sido modificadas sustancialmente por el Congreso de mayoría fujimorista.

En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, la propuesta de Vizcarra contemplaba que los miembros demostraran trayectoria de respeto a los derechos humanos, hicieran una declaración de intereses y que se respetara un principio de participación equilibrada entre hombres y mujeres. Ninguno de estos requisitos permanece en el dictamen aprobado por el Congreso.

En el caso del financiamiento de los partidos políticos, Vizcarra propuso topes para el financiamiento privado, pero esto fue retirado del dictamen aprobado. También fueron retiradas las obligaciones específicas de rendir cuentas, de castigar penalmente el financiamiento ilícito y la bancarización de los aportes de campaña. Todas ellas fueron reemplazadas por disposiciones laxas que dejan poco margen para la fiscalización y sanción de los organismos electorales.

El caso emblema es el de la bicameralidad. Tal fue el punto de tergiversación de la idea original que el mismo Presidente ha llamado a votar en contra de la reforma. Este comportamiento sistemático es en realidad la muestra de que ninguna reforma política profunda es posible en un escenario en el que estos partidos políticos mantienen la voz tutelar en la arena política. Las reformas de Vizcarra pasaron de ser propuestas moderadas a ser propuestas superficiales sin mayor impacto en el funcionamiento actual de la política.

Tercero: la no reelección de congresistas no afecta ninguna disposición constitucional ni viola derecho fundamental alguno

El derecho fundamental a elegir y ser elegido es de configuración legal y está sujeto a limitaciones que buscan garantizar la satisfacción de otros bienes constitucionales (STC 0030-2005-AI, de febrero de 2006, fs. 24 y ss.).

Establecer límites a la reelección se encuentra permitido dentro de los parámetros establecidos por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir que “no se establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los  derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (…) Los estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos [siempre que] cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional” (Caso Castañeda Guzmán vs México, 2008, párrafo 149).

Lo mejor que se puede decir en contra de la no reelección es un argumento de conveniencia política. Por ejemplo, se señala con frecuencia que nuestro índice de reelección parlamentaria es de 25%, lo cual es bastante bajo en comparación con otros países de América Latina. Ante ello, debe responderse que ese índice ha bajado solo en los últimos años porque entre 1992 y 2000 el índice ha oscilado entre 35% y 50% y, por otro lado, estamos hablando en términos absolutos de más de 30 congresistas reelectos.

También se suele decir que los ciudadanos perdemos la oportunidad de reelegir a los buenos congresistas. Es cierto que la no reelección impone un límite, pero este es únicamente temporal y la carrera política no se construye solo en el Parlamento. Por último, varios de los congresistas con mayor popularidad están cumpliendo su primer periodo, lo que demuestra que siempre pueden ingresar buenos parlamentarios primerizos.

Cuarto: porque hay que recuperar la política para la gente

Por primera vez en muchos años se va a realizar un proceso de democracia directa en nuestro país. En tiempos de crisis de democracia representativa, esto significa devolver al pueblo su poder de autodeterminación, aunque el referéndum sea un intento moderado y la no reelección apenas un castigo leve a una clase política que ha caducado.

Nuestra crisis política es más profunda y se imbrica con la crisis económica. El neoliberalismo está destruyendo las instituciones políticas y está privatizando la vida social en su conjunto. La grosera desigualdad social en la que vivimos, el resurgimiento de diversas formas de fascismo social y político, el multiculturalismo anodino que arrolla los derechos de minorías sexuales o indígenas, son las expresiones más duras de esta realidad.

La no reelección de congresistas, por pequeña que sea, representa una suerte de golpe sobre la mesa frente al enemigo político. Hay que apuntar a recuperar la capacidad de la gente de hacer política antagónica, de disputar poder real y no solo la administración del poder. En “La razón populista”, Ernesto Laclau hace un llamado a establecer una clara línea entre “ellos” y “nosotros”, dando por hecho que ha fracasado la llamada vía del consenso y que las cuestiones políticas se han reducido a ser solo cosa de expertos. Esta es una oportunidad para que el pueblo organizado se exprese en las urnas y por una vez su voz sea oída.

Si no somos capaces de imaginarnos una política más allá de este entrampamiento de la corrupción y la clase política, no seremos capaces de entregar un país mejor a las nuevas generaciones. Si uno mira procesos constituyentes cercanos, en tiempo y en espacio, como el de Bolivia, puede recoger aprendizajes interesantes. Bajar a la ciudad desde el campo y supervisar el trabajo de la Asamblea Constituyente, participación de organizaciones aymaras que representan más del 70% de la población nacional, de mujeres campesinas como el movimiento Bartolina Sisa. No tenemos que conformarnos con estos parlamentos que solo representan a sus financistas, porque sí es posible construir procesos democráticos intensos.

Bajo estos términos, insisto en que la no reelección de congresistas es la única reforma de Vizcarra que vale la pena.

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*Profesor de derecho PUCP, investigador en derechos humanos en contextos de industrias extractivas. Actualmente, cursando LLM en Human Rights en la Universidad de Notre Dame (EEUU).