PREGUNTA 1: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”

Escrito por Nuria Allemant *

“La sociedad es responsable de las sombras que produce” – Victor Hugo

El abogado que busca al juez que fue un compañero de promoción para que “le dé una mano” en su proceso. El juez que delega sus sentencias a asistentes y practicantes sin ninguna revisión. La gaseosa que se le entrega a la encargada de mesa de partes para que pase el documento con mayor celeridad. La llamada a tu antiguo practicante que ahora es secretario arbitral para que te mueva la audiencia a tu conveniencia. ¿Qué tienen todos en común? Más aún, ¿qué tienen en común con los hermanitos negociando el puesto de trabajo de un amigo o pactando el sentido de una sentencia? Mucho, al parecer.

Todos estamos cansados deportadas, reportajes, audios y destapes de la corrupción más enraizada en todo el sistema de justicia. Pero, ¿cuál es el rol del ciudadano de a pie en esta crisis? ¿Somos conscientes de la importancia mayúscula de nuestra participación?De cara al Referéndum 2018, es trascendental asumir un rol protagónico en el inicio de la reforma del Sistema de Justicia. Ni resignados ni cómplices, informarnos y votar responsablemente es imperativo.Que hoy en día tengamos un ex juez supremo prófugo en España, un cuestionadoFiscal de la Nación y el Consejo Nacional de la Magistratura desactivado –por poner algunos ejemplos– no son causa, sino consecuencia de una plaga que aqueja a todos los estratos del Poder Judicial, justo frente a nuestros ojos y, casi siempre, con el permiso de nuestra indiferencia.

El momento de convertir toda la indignación ciudadana es ahora; por ello y para evitar caer en la resignación y el silencio cómplice, debemos actuar de verdad y definitivamente para que este primer paso no quede en el olvido ni se pierda entre buenas intenciones. Y no es solo una forma literaria de decir, recordemos que la indignación masiva de hace quince años produjo una comisión tan importante como la CERIAJUS. Un largo y arduo trabajo que concluyó en una serie de recomendaciones fundamentales y varios proyectos de ley encaminados a combatir la corrupción y democratizar la justicia en el Perú.

La razón principal por la que estas conclusiones y propuestas no se hayan aplicado a cabalidad -y menos aún se haya debatido y aprobado normas orientadas a desarticular la corrupción en el sistema de justicia- tiene que ver más con la desidia y la resignación ciudadana que con cualquier otro impedimento. Los escándalos reales (y los armados) desviaron la atención y con ella, todo interés por una reforma real y profunda en el sistema nacional.

Sin embargo, este 9 de diciembre tenemos una nueva oportunidad. La reforma planteada por el Ejecutivo es mucho más modesta que cualquiera de las propuestas planteadas por la CERIAJUS en relación con su alcance en el sistema de justicia, pero es el primer gran paso.

La primera pregunta, relacionada a la creación de la Junta Nacional de Justicia, debe llevarnos a reflexionar cómo una institución entera, tan importante para nuestra democracia como el Consejo Nacional de la Magistratura, terminó desactivada y con sus miembros procesados penalmente: comentemos brevemente algunas falencias que tenía el CNM.

El CNM era una entidad prácticamente anónima. Desconocida, ignorada, subestimada. Es posible que prácticamente sólo los abogados (y peor aún, algunos de ellos) conociesen de la existencia de este organismo y del alcance de sus funciones. Y fue, precisamente esa falta de atención ciudadana la que propició el caldo de cultivo de los niveles escalofriantes de corrupción a los que llegó.

Teóricamente, no tenía una regulación deficiente. La mejor prueba de ello es que las reformas que plantea este referéndum no alteran las funciones o el alcance de la institución: las reformas más profundas apuntan a los que serán los y las titulares de la entidad.

El Consejo Nacional de la Magistratura tenía seis miembros, electos con la particularidad que dos de ellos no eran abogados de profesión. La finalidad de esta norma era involucrar a toda la sociedad civil en la elección, ratificación y exclusión de la carrera de todos los jueces y fiscales a nivel nacional. 

Pero la realidad no correspondió con las intenciones del legislador. El interés ciudadano por los concursos que dirigían y administraban eran prácticamente inexistentes y ello propició una serie de medidas que propiciaron el inicio del mecanismo perverso. La forma de postular para incorporarse a la carrera judicial cambió: contar con la certificación de la Academia Nacional dela Magistratura dejó de ser obligatorio, lo que restó preparación y dedicación de los aspirantes a jueces y fiscales.

Esta medida pasó inadvertida por la prensa. También, abrió la puerta para que las Cortes Superiores eligiesen jueces supernumerarios a la medida y en función de intereses particulares.Recordemos que eso se descubrió con las llamadas telefónicas de Walter Ríos, exJuez Superior y Presidente de la Corte Superior del Callao y la presión ejercida sobre esos jueces, quienes al deber la plaza, debían también el voto.

La perversión del sistema continúa en el propio método de evaluación. El postulante no tiene un cuestionario preestablecido como sí sucede en Estados Unidos o Brasil, por lo que le es imposible conocer en qué acierta o yerra en el examen de conocimientos. Este sistema beneficia a la puntuación arbitraria y, con ello, el beneficio indebido a participantes que han llegado a pagar por las plazas. Y ya se comentó en el párrafo anterior, el problema de “deber” el puesto.

La dirección del examen de conocimientos pasa desapercibida, pero en niveles más avanzados de selección, se llega a la entrevista personal y aquí la manipulación de los resultados llegó a ser grosera. El alto porcentaje de subjetividad en esta prueba fue la razón por la que vimos en los medios cómo a unos les hacían preguntas complejas mientras que a otros les preguntaban por recetas de cocina.

Quizás lo más grave de todo este mecanismo es que poco a poco involucró a todos los niveles de la justicia: ya no sólo ofrecían juzgados de paz como parcelas, sino también llegaron a cambiar notas de ratificación de al menos un fiscal supremo que hoy llegó a Fiscal de la Nación.

El caso del ex CNM debe llevarnos a establecer que ningún organismo del Estado debería estar fuera del escrutinio público, que informarnos y exigir claridad y transparencia en las decisiones de las autoridades es la única manera que no terminemos bajando la cabeza y conviviendo con la corrupción hasta normalizarla.

Y con ese espíritu, conozcamos en qué consiste la propuesta de la Junta Nacional de Justicia:

La propuesta mantiene todas las funciones del Consejo Nacional de laMagistratura, sin embargo, se propone que cualquier juez o fiscal que haya sido destituido o no ratificado se encuentre impedido de volver a la carrera judicial. Personalmente, creo que este es un paso indispensable. Si un magistrado no logró las calificaciones o fue destituido tras el correspondiente debido proceso, deja de estar habilitado para ejercer la administración de justicia.

Como ya fue señalado en párrafos precedentes, el punto central de la reforma se refiere a los consejeros de la entidad. En primer lugar, amplía el número de sus miembros de seis a siete y se compondrán de la siguiente manera: uno será el Defensor del Pueblo, otro el Presidente del Poder Judicial, otro el Fiscal de la Nación, otro elPresidente del Tribunal Constitucional, otro será el Contralor General de laRepública, otro electo por los rectores de universidades privadas y finalmente uno electo por las universidades públicas.

Adicionalmente a ser peruanos de nacimiento, mayores de 45 años y ciudadanos en ejercicio, deberán ser todos abogados con al menos 25 años de experiencia profesional y 15 años en investigación jurídica; no deberán tener sentencia firme por delito doloso y, muy al contrario, deberán contar con reconocidas trayectorias profesionales y solvencia e idoneidad moral.

Es verdad que desaparecen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no eran abogados, pero no desaparece la finalidad con la que se establecieron. La propuesta de este 9 de diciembre también busca englobar a toda la sociedad civil desde otro ángulo: incorpora a las cabezas de las principales instituciones públicas respetando la separación de poderes. Lo que implica menos representación, únicamente, es distinta.

Finalmente, los miembros de la Junta Nacional de Justicia mantendrán un periodo de 5 años, con la novedad de no poder ser reelectos a un nuevo periodo.Sobre este punto, opinamos que no es intrínsecamente buena o mala la reelección de funcionarios, por lo que un pequeño análisis sobre el tema es indispensable.

Resulta bueno para todos que alguien que ha hecho un buen trabajo como funcionario público, tenga oportunidad de seguirlo haciendo. Sin embargo, ninguna idea puede verse en abstracto, es necesario ajustarse a la realidad nacional. En ese contexto, resulta indispensable que aquellos que seleccionan ya partan a todos los jueces y fiscales no tengan más interés que ser justos con la meritocracia, pero sobre todo justos con el país, para que sean genuinamente los mejores postulantes aquellos que alcancen una plaza.

Resumiendo, resulta evidente que esta es una reforma orientada a dar luz sobre los consejeros que van a decidir quién administra o no justicia en elPerú. Si ellos son ya funcionarios públicos de alto, estarán más expuestos al escrutinio y a la rendición de cuentas. Esto, en función a la experiencia con el CNM resulta fundamental para evitar al máximo la corrupción y el conflicto de intereses, garantizándonos mejores y realmente imparciales concursos públicos.

El impacto positivo de esta medida puede ser enorme. Si en adelante sólo ingresan magistrados preparados, pero especialmente honestos y poco a poco se depuran de la carrera a aquellos corruptos y con poca capacitación, el sistema de justicia se transformará profundamente. Pensemos en el anglicismo “un juez debe ser ante todo un caballero y si sabe derecho, mejor”que significa que las y los juzgadores tienen como primera y más importante misión la integridad. Pensemos que lo principal es que confiemos en la imparcialidad de la justicia y, sobre todo, que seamos todos y todas sin distinción, iguales ante la ley. Esta reforma es el primer paso en ese camino.

Comenzamos este artículo homologando las muestras de corrupción a pequeña escala con aquella contenida en los llamados “CNM Audios”. Y es que esa corrupción y tráfico de intereses también comenzó de ese modo: fueron las pequeñas acciones, los pequeños favores los que decantan en simples sobornos y compra de plazas de trabajo. Se fundamentan en la misma percepción equivocada que algunos están por encima de la ley y debe ser condenada con la misma severidad en la sociedad.

Este es nuestro momento. Ha llegado la hora de tomar el futuro en nuestras manos. De nada sirve quejarse sin propuestas, la indignación vacía de acciones está destinada a quedar en el olvido o, peor, a resignarnos frente a la corrupción del sistema y eso no puede ser siquiera una posibilidad.

La sociedad civil, las y los ciudadanos tenemos hoy la responsabilidad histórica de decirle no a un sistema cada vez más flexible y laxo ante el delito, a la permisividad, al abandono del escrúpulo. Somos los responsables de evitar más portadas, escándalos y cuellos blancos. En nuestras manos está empezar cambios reales en nuestra justicia y luchar porque esos cambios sean positivos para toda la sociedad. Este 9 de diciembre vamos todos a votar con entusiasmo, pero sobre todo con esperanza. Es posible cambiarlas cosas. Es posible no ser parte del problema. Es posible tener una justicia honrada y equitativa. Este 9 de diciembre, digámosle Sí a la Junta Nacional de Justicia.

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*Nuria Allemant es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y postulante a Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como Adjunta de Docencia en la PUCP.