Por Carlos Rodrigo De La Torre (@SuricatoRojoSun) / Colaborador de Es Momento

Acabo de ver la última sesión de la audiencia donde se analiza el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía a los imputados en la denominada organización criminal “Los cuellos blanco del puerto”. Las sesiones de la audiencia, que han durado varios días y que recién culminaron el 18 de agosto, me han obligado a cuestionarme tres conceptos básicos: justicia, legitimidad y autoridad.

Me explico, en el transcurso de las audiencias se han ventilado las pruebas que ha aportado la Fiscalía para sustentar su solicitud de 36 meses de prisión preventiva para los 13 sujetos detenidos. Al respecto, considero que hay muchos vacíos en el aspecto probatorio y técnico expuestos por el equipo de la Fiscalía (para que todos los 13 detenidos vayan a 36 meses de prisión preventiva). Así, dentro de los investigados hay personas que han señalado su disposición a acogerse a sistemas de terminación anticipada, o personas cuyo nexo con la organización criminal fue ser sus “clientes”, pero no eran miembros de la organización. Estas personas deben ser sancionados, sí, mas no puede aplicarse la prisión preventiva, que no es una sanción; pero, por otro lado, no dejo de reflexionar en que la opinión pública no aceptaría otro resultado que no sea el de brindarles –efectivamente- cárcel efectiva. De lo contrario se afectaría la ya disminuida legitimidad y autoridad de las organizaciones de justicia para administrar dicha función. Entonces, cabe preguntarse ¿puede una República (que supuestamente somos) sostenerse en actos injustos para avalar su legitimidad? Aparentemente sí. 

Primero, hay que partir de una premisa: el concepto de justicia ha cambiado a través de las sociedades y en el tiempo, de hecho, para hacer un análisis serio se debe partir señalando a qué concepto de justicia uno se adhiere. Por ejemplo, un concepto positivista de justicia es aquel que pide “que se cumpla lo que diga la ley”, pero esa modalidad entraña limitaciones que pueden normalizar un acto injusto. Esta concepción cambió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, fue justamente el paradigma positivista el que fue severamente atacado, pues no se podía aceptar que crímenes como el holocausto puedan ser justos “por haber sido legales” según el sistema de producción de normas de quienes los cometieron. Por ello, se tuvo que superar dicho concepto y optar por uno más vinculado a los derechos humanos.

Segundo, el concepto de legitimidad, hace referencia a un elemento que los abogados siempre desprecian equivocadamente, pues la legitimidad del sistema de gobierno y de los aparatos y personas que lo conforman es vital para su supervivencia y para el ejercicio del tercer concepto: la autoridad. Ahora, ¿qué es la legitimidad? en resumen sería el nivel de aceptación que tiene la población sobre la forma en la que ejercen poder los órganos y las personas que integran el sistema de gobierno. Así, la legitimidad puede sostenerse sobre varios conceptos o fundamentos, por ejemplo, fundamentos religiosos (la idea del monarca escogido por Dios), fundamentos coercitivos (básicamente la aplicación de la fuerza) y fundamentos soberanistas (como el de nuestra república). La autoridad, se quiera o no, va vinculado con la legitimidad porque cuanto más legitimo es el sistema político que gobierna a una población, mayor autoridad cuenta para ejercer sus acciones; a contrario, a menor legitimidad su poder disminuye, al punto de que solo a través de la violencia puede ejecutar sus acciones. Y, cuando un sistema de gobierno solo puede recurrir a la fuerza para que la población, o sectores de ésta, cumplan sus mandatos, estamos ante regímenes más cercanos a los de ocupación o tiranía que a los republicanos.

¿Por qué es importante todo esto? Porque actualmente el sistema de administración de justicia se percibe como cualquier cosa menos como un ente que administre justicia. Ello se ve replicado en una pérdida de legitimidad del mismo sistema político de gobierno, en donde el Poder Legislativo,  que debería ser el poder de representación directa de la ciudadanía junto con el gobierno, tiene niveles de desaprobación cercanos al 90%, es decir, la misma población que los eligió ya no los reconoce como sus representantes e incluso sectores más amplios piden su cierre (sin importar si es constitucional o no); pero a la vez no vemos estos sectores movilizados o en protesta. Pareciera que quieran castigar a este sistema de gobierno y de administración de justicia con indiferencia, mientras que las medidas de referéndum gozan de gran aceptación ciudadana.

Por ello, es momento de plantear un nuevo pacto que incluya a los más amplios sectores de la población, en especial aquellos que no otorgan ninguna legitimidad al sistema actual, obviamente para ello varios sectores de ingresos medios y altos van a tener que aceptar que el sistema actual no es legítimo para todos estos otros sectores y qué cambios y acuerdos se van a tener que pactar para revertir ello, lo otro es apostar básicamente por un sistema de imposición y un régimen de ese tipo no tiene asegurada su viabilidad o sobrevivencia, menos aún su justicia.