Por Mario Arce Zuloaga (@MarioArceZ) / Colaborador de Es Momento

En el año 2014, el Estado Peruano asumió el gran compromiso de hacer de la inclusión financiera una de sus prioridades en materia de desarrollo. Es así que, mediante un trabajo multisectorial entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Educación (MINEDU), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Banco de la Nación (BN) se diseñó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). La implementación de este trascendental proyecto busca permitir que las poblaciones más vulnerables puedan acceder a servicios financieros integrales y de calidad, para hacerlos participes de la economía y hasta promover la formalización.

Esto ha permitido que el país consiga significativos logros que nos ponen un paso adelante en la región. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), grupo al cual queremos pertenecer, han felicitado el trabajo que hace el Estado para construir una política de inclusión financiera para la búsqueda del desarrollo. Actualmente, el 43% de la población tiene una cuenta de ahorro en una entidad financiera formal (FINDEX 2017), existen más de 4,500 oficinas bancarias a nivel nacional (SBS 2017) y, hasta febrero de este año, los ahorros han registrado 36 meses de crecimiento ininterrumpido al contabilizarse más de s/ 231 millones en todo el sistema (ASBANC 2018).  Hace 10 años estos indicadores eran inimaginables.

Si ya contamos con un plan de trabajo en marcha de cara al bicentenario: ¿qué es lo que realmente nos hace falta para lograr una real inclusión financiera? Para conseguirlo se necesita una transformación cultural.  Resulta necesario entender que la inclusión financiera empodera a las personas y cumple un rol fundamental en el desarrollo económico del país. Además, genera entornos con mayor bienestar en la sociedad y es una vía fundamental para promover el emprendimiento.

Sin embargo, solo es posible si las personas (que son los beneficiarios finales) están dispuestas a ser parte del cambio. La desconfianza que existe entorno a los servicios financieros es el punto de partida: el sistema financiero debe dejar de transmitir la percepción de un esquema injusto y excluyente.  Si no se genera un cambio positivo en el pensamiento colectivo de la sociedad, de nada serviría la inversión en infraestructura o tecnología que se viene realizando hasta el momento. Asimismo, el Estado debe garantizar una protección efectiva al consumidor financiero. Es primordial contar con la mayor coordinación entre los sectores involucrados. De esta manera, el trabajo se alinea con objetivos comunes y se logran consensos que beneficien a todos los participantes. Este es el gran desafío.