Representación política de las mujeres: 4 mitos que debemos desterrar

Por Constanza Paredes (@Constipidi) / Colaboradora de Es Momento

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Poner en discusión la representación política de las mujeres en el Perú se ha convertido en materia de agenda pública y de cobertura mediática, gracias a una inminente reforma política promovida por el poder ejecutivo, liderado por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, esto ha develado los más erráticos comentarios sobre qué se entiende cuando se habla de la brecha de género en el ámbito político, cuál es el instrumento legal adecuado – considerando el tiempo de supervivencia sin afectar las bases democráticas y de libre elección de los ciudadanos- y, por lo tanto, en su impacto real en la representación y relación con la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas.

En las siguientes líneas quiero compartir con ustedes 4 mitos globales que identificamos junto con un grupo de compañeros[1], como parte de la investigación que realizamos en la “George Washington University”[2], para formular una propuesta de comunicación política que abordara una problemática global: “Gender parity in politics”. No obstante, nuestra propuesta se centró en el Perú y en el marco de las elecciones Regionales y Municipales próximas 2018.

El estudio de estos mitos nos permitió analizar fuentes como el “Global Gender Gap Report 2017”, el “Democracy Index” y hacer un benchmark de los resultados políticos y sociales del ingreso de cuotas (instrumento legal) en los sistemas políticos de seis países: México, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia, Senegal y Ruanda.

Los mitos que analizaremos a continuación, aunque han sido una tendencia en los países estudiados, se traducen muy claramente en nuestra realidad política peruana.

MITO N° 1:  Las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades

Perú es un país que ha atraído la atención internacional estos últimos años por su gestión macro económica. Denominado en algunos momentos como una de las economías prósperas de América Latina, el país busca ingresar a la OCDE[3] como miembro, aunque por el momento colabora mediante un programa país. Sin embargo, existen muchas brechas sociales, especialmente las relacionadas con grupos vulnerables, incluidas las mujeres, que representan el 49,9% de la población peruana.

Para poder entender mejor este panorama, un reporte elaborado por el World Forum Economic, llamado el “Global Gender Gap Report”[4], ofrece un análisis basado en cuatro subíndices que miden la brecha entre hombres y mujeres en torno a: la participación económica y oportunidades, logros educativos, acceso a salud y empoderamiento político[5], para evaluar los aspectos indispensables en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres.

En este reporte, que clasifica a los países según su proximidad a la igualdad de género, el Perú ocupa el puesto 48 de 144 países, con un puntaje de promedio de 0,7 sobre 1.00 para hablar de paridad en las 4 dimensiones[6].

Bajo ese lente, se puede observar que Perú ha concentrado sus esfuerzos en cerrar la brecha general de género, con un avance del 3% relacionado –mayoritariamente– con en el indicador de promedio de ingresos obtenidos por las mujeres y con un ligero progreso en el indicador de paridad política- legisladores, funcionarios y gerentes-. No obstante, Perú conserva una de las mayores brechas en Latinoamérica en referencia al acceso que tienen las mujeres a temas de salud.

Mencionar remotamente que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres en Perú, es abordar una falacia que queda claramente desarmada a partir de este reporte. Al Perú aún le falta mucho como país para garantizar una igualdad significativa de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Y, como parte de la región latinoamericana, aún nos falta cerrar una brecha del 29.8%. Desconocer estos datos es desconocer la realidad de miles de mujeres peruanas.

MITO N° 2:  No existen barreras para que las mujeres postulen en las elecciones legislativas o a un cargo local o regional

No existe mejor término para hablar de este mito que el denominado sesgo de disponibilidad, magistralmente rescatado por Hugo Ñopo[7] en un interesante hilo de Twitter a partir de la propuesta de cuotas de paridad en Perú. Este mito se da en el framing discursivo que se apoya en el argumento de la igualdad de oportunidades. En este mito existen varias barreras, pero considero que es importante rescatar una de ellas, que es nociva y que se lleva a cabo de manera subyacente a la realidad palpable.

Esta barrera -de corte estructural- está referida a las prácticas discriminatorias que algunas entidades políticas mantienen y que limitan las opciones de representación política de las mujeres, a partir de la existencia de estructuras patriarcales en un sistema electoral donde el voto es obligatorio.

Esta brecha suele darse en los partidos políticos en donde la igualdad de acceso y participación está determinada en gran medida por la cultura, sistema, prácticas y procesos de la democracia intra partidaria, a partir de la cual se evidencia que las mujeres ocupan pocos puestos de poder y toma de decisiones.

Esta brecha también ampara una práctica denominada “distorsión” de las cuotas. Esto quiere decir que, si bien los partidos políticos cumplen con la cuota exigida por la ley, las mujeres que forman parte de la cuota de género en las listas, ocupan el tercio inferior, lo cual redunda en limitadas posibilidades de representación política efectiva.

Por ejemplo, en Perú, en el marco de las últimas elecciones (2016), se presentaron 18 partidos, de los cuales 16 consideraban más del 30% de mujeres como candidatas a los sillones congresales[8]. Sin embargo, más del 70% de los partidos relegaron la presencia femenina de más del 40% de mujeres al tercio inferior, siendo que sus posibilidades de ser elegidas eran menores[9] . El extremo de este caso está representado por Solidaridad/UPP, los cuales ubicaron al 64% de mujeres en al tercio inferior. Solo Frente Amplio (izquierda) y Fuerza Popular (derecha) presentaron igual número de hombres y mujeres en el tercio superior.

Y esta podría interpretarse como la génesis del sesgo de disponibilidad, reflejados en los lamentables comentarios sobre las oportunidades de acceso que tienen ciertas representantes femeninas en el aparato legislativo, afirmando categóricamente que todas las mujeres en Perú tienen las mismas oportunidades que ellas en cuanto a la representación política.

En este caso, cuando más accesible es un suceso, parecerá más frecuente aun cuando este esté ampliamente distorsionado de la realidad. Esta tendencia a valorar las probabilidades sobre la base de los ejemplos más sencillos que acuden a nuestra mente, son excesivamente nocivas en un ambiente de post verdad y de falta de confianza en las instituciones públicas, pues ahonda en la evidente disociación que tienen los políticos con la ciudadanía, donde se refuerza el legislar sobre sus propias concepciones antes que pensando en aquellos a los cuales se deben como políticos y tienen la obligación de representar.

MITO N°3: La ley de cuotas asegura una mejor democracia

Una sociedad solo puede llamarse a si misma democrática si la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas gozan de plenos derechos y pueden participar real y efectivamente en la comunidad política.

Las leyes de cuota nacen de una disfunción de representatividad que pretende cerrarse a través de un dispositivo legal cuyo carácter es transitorio. Estas deben ser retiradas una vez que alcancen su máximo desarrollo y cuando el concepto de igualdad de oportunidades, así como la importancia de la participación de las mujeres en política se encuentre en el set mind del ciudadano, en relación a que, si las mujeres representan casi el 50% de una sociedad, tienen tanto derecho a gobernar o legislar como la otra mitad.

En ese sentido la participación de las mujeres es un principio básico de la democracia. Por ejemplo, Noruega, Islandia y Suecia ocupan los primeros puestos en el Índice de Democracia y son los países que de manera sostenida han cerrado la brecha de género en más de un 80% en empoderamiento político. Además, forman parte de los 10 primeros países, en abordar la igualdad de género en la participación económica y oportunidades, sobre la base de la mejora constante de mujeres como legisladoras, gerentes, funcionarias, entre otros cargos públicos.

En la región latinoamericana, Bolivia es el país en donde las mujeres poseen asientos en más del 50% del congreso y representan el 49.6% de la población. Además, ocupa el puesto 89 de 167 países en el índice de Democracia y, según el “Global Gender Gap Report”, es uno de los pocos países en haber cerrado por completo su brecha de género en temas relacionados a salud y ha alcanzado la paridad en número de mujeres en el parlamento (ley de Paridad promulgada en el 2010).

Por otro lado, en Perú, siendo las mujeres casi la mitad de la población[10], estas no se encuentran representadas en los asientos ni del congreso (28% de los asientos son ocupados por mujeres, esto quiere decir 36 de 130 asientos) ni mucho menos en cargos políticos a nivel local y regional. Estaba baja representación quizá esta enlazada con la existencia de una alta tasa de violencia social, según ha sido demostrado en otros países.

En nuestro caso específico, por la naturaleza de la situación y la sub representación, una medida legal como la ley cuotas al 50% o paridad, sí es necesaria, pero es una medida que debe tener un ritmo de vida corto y sin vacíos legales, hasta que se creen otros mecanismos que permitan una mayor participación y representación de las mujeres en la vida política o hasta que el efecto multiplicador comience a tener resultados positivos y sostenibles.

Traemos a colación el tema de vacíos legales debido al caso mexicano. Este caso tiene origen en la modificatoria -con ciertos vacíos legales- del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –COFIPE-[11], lo cual dio como resultado el penoso caso de las “Juanitas” en la legislatura 2009-2012 de la cámara de diputados, cuando en la primera sesión ordinaria, ocho diputadas solicitaron licencia para separarse de su cargo y de forma inmediata, en siete de los casos, los suplentes varones tomaron sus lugares, siendo que estas nunca ejercieron, aun cuando fueran elegidas por voluntad popular. De allí la importancia de elaborar bien estos cambios, para evitar el famoso dicho: hecha la ley, hecha la trampa.

Finalmente, debemos desterrar el concepto asociado de que las cuotas aseguran una mejor democracia, puesto que estas son solo medidas que se dan en el marco de una carencia, que buscar corregir un escenario de disfuncionalidad representativa. El real trasfondo de una cuota, en un escenario como el peruano, es cambiar un sistema y brindar legitimidad a una iniciativa de regeneración democrática, contrarrestando la inercia del poder.

MITO N° 4: Las mujeres no son lo suficientemente fuertes para gobernar

Múltiples estudios muestran una relación directa entre el poder de decisión de las mujeres en temas de paz y conflicto, y la probabilidad de violencia social[12], ya que una mayor representación de mujeres en los congresos se correlaciona con una menor incidencia de conflictos y violencia en las sociedades.

Por ejemplo, en el caso de Ruanda, se comprueba la hipótesis sobre la cual las mujeres tienden a preocuparse más por los problemas relacionados con las diferentes capas de la población. Ello debido a que Ruanda se convirtió en el quinto país más seguro del mundo en 2015, al tener más mujeres en el poder legislativo, cuyo objetivo fue legislar principalmente sobre la seguridad y la violencia para reducirla de forma inmediata. Además, este país tiene una estrecha correlación entre las mujeres que trabajan en el congreso y el número de mujeres que trabajan como servidoras públicas que están a cargo de implementarlas las leyes como política.

Asimismo, Ruanda forma parte del Top 10 del “Gender Gap Report” y continúa su constante ascenso gracias al cierre del 82% de su brecha general de género, por detrás de Finlandia. Esto se debe principalmente al progreso continuo en el cierre de brechas de participación económica y oportunidad y, en particular, a la correlación significativa del número de mujeres en puestos ministeriales, combinado con ser el país con la mayor proporción de mujeres parlamentarias en el mundo (61%).

Otro caso es Nicaragua, pues fue pionera en la elección democrática de la primera mujer presidenta en América Latina, y también es la primera en superar al 50% de las mujeres ministras. Además, ocupa el puesto 10 en el mismo TOP 10 que Ruanda, con el 78% de su brecha de género general cerrada y sigue siendo el mejor país en temas de cierre de brecha de género en la región de América Latina y el Caribe por quinto año consecutivo.  Ocupa el cuarto lugar en el mundo en Empoderamiento Político, con un resultado del más del 50% de cierre en su brecha en empoderamiento político, garantiza la igualdad en los índices de logros educativos y salud.

¿Y ahora qué hacemos?

Hablar de la representatividad política de las mujeres a través de la paridad no solo puede ser interpretada como la ley de cuotas, esa sería una versión muy miope de lo que realmente significa el rol de las mujeres en la política y la deuda que cómo país tenemos con un sistema democrático. Sí, son necesarias. Pero también es necesario comprender que hay que acompañar la ley de paridad del Congreso con una perspectiva de igualdad que permee a las instituciones estatales, así como a las organizaciones de los partidos.

En ese marco, se necesita de un Estado mucho más activo que contemplen componentes formativos y elementos sancionadores para evitar distorsiones durante la fase de implementación.  La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) y el Jurando Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de sus competencias con los partidos políticos debería promover la capacitación en los partidos políticos sobre la importancia de las mujeres en las estructuras gerenciales de los partidos y crear un sistema de incentivos y sanciones para garantizar el cambio.

EL Jurado Nacional del Elecciones junto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación pueden promover campañas intersectoriales que permitan a los ciudadanos interiorizar la problemática, el por qué las mujeres deben y son necesarias para participar en la política, reconocer los prejuicios existentes, establecer objetivos y comunicar los beneficios de promover la paridad de género en la política.

Quizá cuando la época electoral esté más cerca y mientras más dudas surjan, sea bueno aunar esfuerzos e iniciativas con la industria, la comunidad, las cadenas de valor y la sociedad en general para abordar a través de programas las principales inquietudes que todos los ciudadanos pueden tener al respecto para evitar el rumor o las falsas noticias en torno a este tema que mal informan a los ciudadanos. Quizá solo así, articulándonos entre nosotros, trabajando un sistema interconectado, podremos vivir en un país más justo, representativo y con reales oportunidades para todos y todas.


[1] Liliana Melgar (Honduras), Silvia Rico (España) e Ignacio Ruano (España) con la asesoría del profesor Gregory Lebel (Estados Unidos de América).

[2] Como parte del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra.

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

[4] Disponible en: https://www.weforum.orgreports/the-global-gender-gap-report-2017.

[5] Este subíndice mide la brecha entre hombres y mujeres en el más alto nivel de toma de decisiones políticas a través de la relación entre mujeres y hombres en puestos ministeriales y la proporción de mujeres a hombres en puestos parlamentarios. En adición, se incluye la relación de mujeres a hombres en términos de años en la oficina ejecutiva (primer ministro o presidente) durante los últimos 50 años. Un claro inconveniente en esta categoría es la ausencia de cualquier indicador que capture diferencias entre la participación de mujeres y hombres a nivel local de gobierno.

[6] Entendida como la participación equilibrada e igualitaria de hombres y mujeres.

[7] Investigador Principal de GRADE y PhD en Economía por la Northwestern University.

[8] Muchas veces estas cifras son las que se reportan a organismos internacionales. Por lo cual la discusión no debe centrarse ya en la cantidad de asientos ocupados, sino que debe sumársele la idoneidad de las candidatas.

[9] Las listas electorales en el Perú son cerradas y bloqueadas.

[10] 49.9% de la población peruana es mujer.

[11] El Artículo 220 de COFIPE en su modificatoria no obligaba a que tanto la titularidad como la suplencia de cada una de las candidaturas fueran ocupadas por personas del mismo sexo. De ahí que las diputadas fueran mujeres y sus suplentes hombres.

[12] O’Reilly, Marie. Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies. Washington, DC: Inclusive Security, 2015

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