Desnudaron la red ¿y ahora qué?

Por Carlos Rodrigo De La Torre (@SuricatoRojoSun) / Colaborador de Es Momento

La crisis iniciada hace pocas semanas confirmó lo que muchos siempre habíamos asumido y afirmado en conversaciones privadas: la existencia de redes en los órganos jurisdiccionales, políticos, fiscales y electorales que interferían en la actuación de dichas instituciones, al inclinar la balanza a favor o en contra de determinados sectores. Existía una presunción de institucionalidad que protegía todo el andamiaje constitucional. Ya no.

Frente a lo ocurrido, fuimos testigos de diversas reacciones: una de total oposición frente a este “descubrimiento”, y que podría resumirse en actuaciones de defensa de aquellos sectores vinculados directa o indirectamente con las redes descubiertas, o, para ser más exactos, la defensa de un “modus vivendi” de administrar la justicia y el poder. Por otro lado, están las reacciones ciudadanas indignadas, molestas y -hay que decirlo- también las indiferentes.

En abstracto, la corrupción y el tráfico de influencias parecieran no afectar a mucha gente, pero cuando esos mismos actos se reflejan en sentencias que liberan a violadores de menores, en el despilfarro de recursos públicos, o la abierta designación de personas no idóneas para puestos públicos, nos encontramos con algo que cualquier peruano puede identificar: un acto de injusticia. Y un intento de respuesta que buscaría, obligado por los hechos, enfrentar el problema.

Algunos tratarían de utilizar al máximo las herramientas de la actual Constitución para canalizar reformas que arreglen lo “descubierto”; y otros afrontarían la situación con una llamada general a “nuevas elecciones” o una “asamblea constituyente”. Al respecto, cabe señalar que el “cómo” de estas opciones no ha sido precisado o desarrollado por quienes las han propuesto.

Sin embargo, hay que rescatar que sí se ha producido una reacción de protesta ciudadana. La jornada del 19 de julio tuvo carácter nacional, con marchas y paros en todas las ciudades del país; además fue pacífica, puesto que no se presentaron disturbios o actos de violencia. Fue una jornada que, aunque albergó esperanzas, no se ha visto reflejada en actuaciones coherentes con ella.

Pero, ¿qué ocurrió al día siguiente? El fiscal supremo Pedro Chavarry juró como nuevo fiscal de la Nación, a pesar de que, dentro de los nuevos audios, se vio involucrado en hechos cuestionables y que tendría, aparentemente, relaciones justo con aquellos sectores que quieren mantener el statu quo. Sus primeras acciones: cambiar al Fiscal que custodia la actuación de las interceptaciones telefónicas, el mismo que fue acusado de “terruco” por el Sr. Alan García; el asumir personalmente la dirección de las investigaciones emblemáticas; y el hecho, no menor, de que el apoyo político explícito a su auto nombramiento (él mismo votó por su juramentación) venga justamente de aquellos sectores vinculados a mantener el status quo. Todo ello deja constancia que a pesar de todo lo ocurrido, no podemos dar por sentado que el sistema y sus actores políticos actuales se reformen o auto reformen. Más bien parece todo lo contrario.

Me explico: la profundidad de la crisis recae en que aquellos órganos constitucionales que deberían aplicar o hacer viables los procedimientos para hacer efectivas las reformas o ejecutar dichos cambios, pero son éstas mismas las que: 1) no parecen interesadas en realizar los cambios necesarios y, 2) no brindan la garantía suficiente al tener vinculación con las redes descubiertas y por descubrir.

La opción de la consulta popular también se pone en duda cuando las cabezas de los organismos del sistema electoral, la ONPE y el JNE, han sido nombradas directa o indirectamente por el ahora descabezado CNM. ¿Qué garantía nos pueden otorgar de elecciones libres y legítimas, cuando las personas que dirigen dichos órganos están todas vinculadas a las redes descubiertas?

Creo que asumir actos de fe en este momento sería una negligencia cómplice, al igual que la actuación de ciertas organizaciones políticas que, por su constante incompetencia e impericia, permiten a estos sectores contrarios a cualquier cambio mantenerse en el poder y expandirlo. Es momento de reconocer que recurrir a las vías institucionales en una cancha marcada e inclinada a favor del adversario es inútil. Como gesto se puede aceptar, pero como única acción es una negligencia cómplice, y los ciudadanos nos damos cuenta de ello.

Así, es necesario romper con el desequilibrio de poder que ha capturado lo poco de institucionalidad que nos queda de la actual Constitución. Todos los sistemas republicanos se sustentan en un principio básico: que el poder siempre reside en la población, y que este poder se otorga a instituciones y representantes designados por ella misma. Es pues un sistema de autogobierno, indirecto, por términos de eficacia y eficiencia; pero dudo que alguien se sienta autogobernado actualmente. La idea del “Gobierno” y “Estado” ajenos y distantes, solo confirma lo que la crisis actual ha demostrado: la legitimidad del sistema constitucional actual podría haber llegado a un punto de no retorno, a un punto que nos obligue, si es que queremos convivir en una República, a establecer un nuevo pacto común, legitimo, en donde nos pongamos de acuerdo, democráticamente, en los compromisos mínimos indispensables para convivir en sociedad.

No será fácil, y ya podemos ver las voces contrarias a cualquier cambio mayor, el chantaje de los sectores adictos a ciertos capítulos de la Constitución actual. ¿Acaso su ceguera ideológica o su interés mercantil no los deja ver que estas mismas redes son las que hacen inviables los objetivos ideológicos de su capítulo favorito de la Constitución?.

Es tiempo de tomar posición, quieran o no.

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