Por Rodolfo Benites (@rodolfobenitesn) / Colaborador de Es Momento

La reforma universitaria emprendida por el gobierno anterior parece haber perdido impulso. El Presidente Kuczynski, el Ministro Vexler y la Superintendenta Luna Victoria hicieron todo lo posible por hacernos olvidar sus fines y su gran alcance. Sin embargo, su salida abre la oportunidad de retomar el espíritu reformista. ¿Hacia dónde apuntar?

Atrás quedó la etapa del posicionamiento pues ya existen consensos mínimos sobre los aspectos más complicados de la reforma. Por ejemplo, existe acuerdo sobre la necesidad de que el Estado regule la educación universitaria, de que lo haga a través de un organismo independiente y especializado como la SUNEDU, y de que se concluya el proceso de licenciamiento antes de permitir la creación de nuevas universidades. Si se repasa la evolución de la reforma universitaria podría decirse que la única forma de avanzar seriamente es hacia la institucionalización.

El rol irrenunciable del MINEDU 

Las reformas universitarias exitosas no sólo son aquellas que tienen planteamientos basados en la evidencia disponible; son también aquellas que logran construir y/o fortalecer reglas de juego (normas y procedimientos) e instituciones (estructuras organizacionales, recursos humanos especializados y recursos presupuestales) que brinden sostenibilidad y mejora continua a los cambios propuestos. Cuando ello no ocurre, las reformas pierden importancia institucional – y a su vez, política –, hasta el punto de considerarse meros cambios administrativos o procedimentales muy alejados del impacto deseado. La pregunta es entonces: ¿cómo lo evitamos?

Con la Ley Universitaria (Ley N° 30220), se reafirmó el rol rector del MINEDU sobre el sistema universitario. Ello quiere decir que, desde ese momento, el MINEDU estaba obligado por Ley a garantizar una educación universitaria de calidad. Su rectoría ha sido traducida en una política pública comprensiva[1], estructurada en cuatro procesos: el licenciamiento (a cargo de la SUNEDU), la acreditación (a cargo del Sineace), el fomento de la calidad, y el desarrollo de un sistema de información (ambos, a cargo del MINEDU).

El problema actual es que, por el interés de los opositores y el permiso de algunos actores institucionales, el debate político y técnico tiende a concentrarse exclusivamente en el primer proceso. Y colocar el peso de la reforma universitaria en el licenciamiento y en la SUNEDU es un error. En la actualidad, no existe sistema universitario de calidad en el que el ente encargado de la autorización de funcionamiento sea quien lidere la política pública de educación universitaria (con o sin reformas en curso). Es muy simple, sus responsabilidades ante los ciudadanos son otras y sus recursos son escasos para defender todos los cambios planteados en la reforma.

Si se quiere que la reforma universitaria tenga éxito en sus objetivos, el MINEDU tiene que dar un paso adelante, retomar el liderazgo político y técnico de la reforma universitaria y empujar hacia la institucionalización. Ello significa demostrar a la población que hay más: que existe un conjunto de mejoras planificadas – en curso y por venir – que contribuyen sustancialmente al aseguramiento y mejora continua de la calidad.

¿Viceministerio de Educación Superior?

Una manera de re-impulsar la reforma universitaria sería retomar la propuesta de creación de un Viceministerio de Educación Superior en el MINEDU. Esta propuesta resulta idónea por varias razones:

Mayor jerarquía institucional y recursos

En primer lugar, permite dotar de peso institucional a la política pública de educación universitaria. Ello ya sucede en sistemas universitarios de calidad en la región latinoamericana (Brasil, México, Argentina y Colombia), en donde dicha política se lidera en un nivel Ministerial o Viceministerial del sector educación.[2] (Banco Mundial, 2017, p.248). Un Viceministerio permite una mayor flexibilidad y capacidad para producir normativa de alto rango, y un mayor y más estable presupuesto institucional para cumplir con proyectos de mediano y largo plazo. Con ello se podría lograr una gobernanza efectiva del sistema universitario, uno de los factores asociados a sistemas universitarios de excelencia en todo el mundo.[3]

Un liderazgo político estable para la reforma

En segundo lugar, esta propuesta invitaría a construir un liderazgo político sólido alrededor de la reforma universitaria. Desde el dúo Mora–Saavedra, nadie ha llenado ese espacio político-técnico. Y no es para menos. En general, las reformas educativas son altamente conflictivas en tanto chocan con perdedores directos que se oponen fuertemente a los cambios. En nuestro país, estos opositores no han realizado el mínimo esfuerzo por ocultar sus intereses perversos y, más aún, se muestran orgullosos de su acceso y/o penetración al poder político de alto nivel. Por ello, es necesario un contrapeso desde el ente rector del sistema que les recuerde constantemente que el fin último de la reforma no es otro que mejorar la calidad del servicio que reciben los estudiantes universitarios.

Se requiere también un liderazgo que coordine con sus pares en las carteras de Economía, Trabajo y Producción, y con los jefes de las instituciones encargadas del Licenciamiento, Acreditación, y Ciencia y Tecnología, entre otros actores. Finalmente, hace falta un líder que informe constantemente a los jóvenes universitarios sobre las acciones que su Estado realiza para mejorar su educación; un referente que les rinda cuentas y sea transparente sobre estos esfuerzos, sin desgastar a un Ministro de Educación que tenderá naturalmente a enfocarse en la educación básica.

Liderazgo más recursos: más política pública

En tercer lugar, con liderazgo y recursos institucionales se podrá replantear la política pública vigente que claramente requiere actualización. La reforma universitaria tiene aún grandes preguntas por responder: ¿cuánta oferta pública de calidad puede el Estado financiar con el presupuesto público que obtiene? ¿De qué manera asignamos mejor el presupuesto actual de las universidades? ¿Qué estructura legal y procedimental generaría un mejor docente en la universidad pública? ¿Cómo se crearán nuevas universidades luego del licenciamiento para garantizar su sostenibilidad académica y financiera? ¿Qué información podría recolectarse y publicarse de manera ordenada, clara y accesible para una mejor toma de decisiones por parte de jóvenes, padres de familia y el propio Estado? ¿Cuál es el rol de la educación privada con fines de lucro en el sistema universitario peruano? Se necesita un actor institucional que inicie y conduzca un amplio debate informado sobre estas y otras preguntas, y logre diseñar intervenciones, de acuerdo con las respuestas obtenidas.

Consolidación de un sistema de educación superior

En cuarto lugar, y no por ello menos importante, un Viceministerio de Educación Superior podría no sólo iniciar el debate informado sobre los fines de la educación superior técnica y universitaria, sino también expresar sus resultados en acciones de prospectiva y planificación. La Ley 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su respectivo Reglamento inicia una reforma en la educación técnica y abre una oportunidad inigualable para consolidar un sistema de educación superior. Así, un Viceministerio podría escalar ambas reformas y generar una educación superior integrada, ordenada y flexible, con una mayor claridad en su contribución al desarrollo social y económico del país, y al desarrollo integral de sus ciudadanos.

Retomar la reforma universitaria constituye una decisión política clave para este gobierno, en tanto le permite desmarcarse de su predecesor inmediato. La institucionalización de la reforma puede convertirse en una excelente opción, una en la que siempre encontrará el apoyo mayoritario de la población y el agradecimiento de los jovenes universitarios y sus familias.

---

[1] Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, Decreto Supremo 016-2015-MINEDU. Disponible a través del siguiente enlace: http://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/politica.pdf

[2] Ferreyra, M. y otros. 2017. At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean, The World Bank.

[3] Salmi, J. 2009. The challenge of establishing World-Class Universities, The World Bank.